Jaime Díez
(España) Pasó su infancia en Barcelona y se trasladó a Madrid con su familia, donde terminó sus estudios. Hispano. Miembro de las Vanguardias Iberófonas, maestro de obras, en continua formación en economía, materialismo político y análisis geopolítico.
En los últimos años se ha consolidado una tendencia inquietante en los círculos de las oligarquías extractivas de la UE. Lo que antaño fue, solo en teoría, un proyecto fundamentado en la paz, la cooperación y el robustecimiento de las infraestructuras civiles, nos muestra su verdadero rostro. La seguridad se define, en términos anglosajones, como aquel acto que nos obliga a los demás a proporcionar recursos militares a EEUU. De esa manera se ha convertido en prioridad absoluta, canalizando ingentes recursos públicos hacia la industria armamentística producida en EEUU, en detrimento de las inversiones en transporte y energía. Este “Plan Marshall al revés” no es fruto del azar, sino de una dependencia estructural y deliberada que los partidos políticos mayoritarios, de uno y otro signo, han acabado por aceptar y promover.
Un Plan Marshall al revés: De la reconstrucción “europea” al financiamiento del complejo militar estadounidense contra China.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall estadounidense (oficialmente llamado European Recovery Program) inyectó más de 13.000 millones de dólares (unos 138.000 millones actuales) en 1948 para reconstruir parte de la Europa devastada. España no había participado en dicha guerra pero, con la URSS proyectando su sombra sobre todo el subcontinente europeo y aprovechando que Iósif Stalin había muerto y su lugar había sido ocupado por el ucraniano desestalinizador Nikita Khrushchev, EEUU decidió que un plan Marshall edulcorado (se denominó realmente Pactos de Madrid) también llegaría a España en 1953 (sabiamente satirizado por la fantástica película de Luis García-Berlanga Martí, “Bienvenido mister Marshall”). Más tarde se vio que la intención del imperio anglo era otra: Garantizar el establecimiento de bases militares y una infiltración en las estructuras militares españolas por parte de la CIA, todo ello con la excusa sacrosanta de convertir a un molesto (pero pujantemente industrial) régimen militar en una democracia liberal homologable. Hoy, la dinámica se ha invertido. La retórica de la solidaridad transatlántica y la defensa común ante la guerra en Ucrania enmascara una transferencia masiva de mercancías y materias primas desde los países miembros de la UE hacia las corporaciones de defensa de EEUU.
Los datos son elocuentes. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) las exportaciones de armas de EEUU a Europa se multiplicaron por más de tres entre 2020-2024 respecto al periodo 2015-2019. Los miembros europeos de la OTAN recibieron en ese lapso el 64% de sus importaciones de armas desde EEUU. En la actualidad, los países de la UE compran alrededor del 35% de todas las armas que exporta EEUU, superando por primera vez en décadas a Oriente Próximo como su principal cliente.
Esta dependencia no es solo comercial, sino también tecnológica y operativa. EEUU mantiene un monopolio casi absoluto sobre sistemas de alta tecnología (aviones furtivos, misiles guiados, sistemas de comunicación), lo que relega a los estados pertenecientes a la UE, por ricos que sean, al papel de meros clientes. Los controles de exportación y los contratos de mantenimiento vitalicios aseguran que los beneficios y la influencia estratégica reviertan indefinidamente en Washington.
Infraestructura para la guerra vs Infraestructura para el desarrollo tecnocientífico
Este giro hacia el gasto militar tiene un coste de oportunidad evidente para las infraestructuras civiles. Mientras los presupuestos de defensa se disparan, inversiones cruciales en la red ferroviaria, carreteras, puertos y red eléctrica de carga para transporte de camiones y automóviles compiten por unos fondos que ahora parecen más escasos.
La Comisión Europea ha propuesto recientemente un Paquete de Movilidad Militar que confirma esta prioridad. El plan incluye una partida de 17.650 millones de euros del Mecanismo Conectar Europa (CEF) para adaptar infraestructuras de transporte al “uso dual” (civil y militar). El objetivo declarado es crear un “espacio Schengen militar” que permita el movimiento rápido de tropas y material pesado a través de las fronteras de la UE.
Una de las prioridades técnicas de este paquete es extender el ancho de vía estándar europeo (UIC) en los corredores designados como prioritarios para la defensa. España, por razones históricas y de orografía, desarrolló su red principal con un ancho ibérico (1.668 mm), diferente al europeo (1.435 mm). Desde 1988, todas las nuevas líneas de AVE se construyen en ancho (más bien estrecho) europeo para garantizar la “interoperabilidad con Europa”, un proceso que ha requerido costosas instalaciones de cambio de anchura y ha mermado la estabilidad de nuestros trenes que, al disminuir la distancia entre apoyos, también ha provocado que aumentase la inestabilidad y que aumentase el número de accidentes. La nueva normativa comunitaria acelerará esta unificación del ancho de vías, pero con un fin primordialmente militar. Y por supuesto no será una mejora de la estabilidad de nuestros trenes españoles y mucho menos una mejora del servicio a los ciudadanos.
Paralelamente, la financiación para otras infraestructuras civiles muestra signos de tensión. De ese modo, en suelo europeo hay algunas asociaciones del transporte (como por ejemplo IRU) que han alertado de un posible vacío financiero en 2026-2027 para el despliegue de puntos de carga para coches eléctricos, en su gran mayoría con baterías o de fabricación completa china.
La sumisión política: ¿Autonomía estratégica u obediencia clientelar?
La pregunta podría ser: ¿Por qué los gobiernos y partidos mayoritarios de los países pertenecientes a la UE aceptan servilmente y promueven esta dinámica, aun cuando compromete su desarrollo industrial y estrategia soberana y desvía recursos de sus prioridades?
El análisis apunta a un entramado de factores profundos. En primer lugar, una interdependencia económica y financiera con EEUU que se remonta a la posguerra y se consolidó con el Plan Marshall, que, más allá de la ayuda, aseguró la primacía del capital y el comercio estadounidenses y el establecimiento de sus bases militares a cambio de no ser balcanizados de manera inmisericorde. En segundo lugar, una dependencia en materia de seguridad institucionalizada a través de la OTAN, que ha funcionado como el mecanismo principal para vincular militarmente a los países de la UE con Washington, a menudo diluyendo las aspiraciones de autonomía de países como Francia, que tiene la bomba nuclear y armas más o menos aceptables pero siempre a la zaga del mejor, pero que ahora no pasa por su mejor etapa con la amenaza de la anexión de Groenlandia, territorio de Dinamarca y país miembro de la OTAN a la que se supone los demás enanos deben proteger frente al matón.
Finalmente, existe un derrotismo filosófico de gran parte de los analistas políticos de los países miembros de la UE que no terminan de entender por dónde les vienen las tortas. La creencia de que no hay alternativa viable a la tutela estadounidense, combinada con el miedo irracional a China y la presión de un complejo industrial-militar con una doctrina neomonroista extendida (América, la Antártida y Europa para los estadounidenses), genera una espiral de derrotismo cómplice. Los partidos de gobierno, incluido el PSOE en España, se encuentran atrapados en esta lógica. Ceder a la presión de aumentar el gasto en defensa (con equipamiento mayoritariamente estadounidense) se presenta como la opción “responsable” y “pro-occidental”, mientras no terminan de explicar que hablar de Occidente es básicamente hablar de EEUU y de salvar su propio trasero a base de hipotecar el de los demás. Para más inri, estos mismos gurús pseudo analistas y demás gafapastas tachan de ingenuo o peligroso para la seguridad a aquellos que osan cuestionar la idoneidad del destino democratizado de este flujo de fondos contra las dictaduras de ritos heréticos.
España, de hecho, ya ha sido citada recientemente por la Casa Blanca como una “voz que se opone en solitario” a aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB. Lo que no dicen es que se quedará solo en voz disidente, en un verso suelto dentro de un gran poema en el que los plebeyos pierden y los patricios ganan. Esta voz aislada, sin embargo, no cambia la tendencia general de sumisión. La política industrial se subordina a la política de defensa, y esta, a su vez, a los dictados de Washington. El caso de la empresa neerlandesa ASML, líder mundial en máquinas para fabricar chips, es paradigmático: presionada por EEUU, los Países Bajos han restringido sus exportaciones a China, debilitando la posición económica y tecnológica neerlandesa en un sector estratégico con objeto de obedecer los intereses geopolíticos estadounidenses.
¿Hacia el abismo o hacia el desarrollo?
Nuestra patria, España, se encuentra en una encrucijada. El camino actual la conduce a un abismo cada vez más militarizado, con infraestructuras que van adaptándose prioritariamente para la guerra contra un enemigo que nos han impuesto sin ningún criterio geoestratégico para nosotros, con un presidente de gobierno que hace malabares para mantenerse en el poder y no ser encarcelado a cambio de vendernos a todos, y una ciudadanía que ve cómo no se construyen nuevas viviendas ni se amplían las ciudades para una masa inmigrante creciente y cómo se deterioran los servicios e infraestructuras esenciales por falta de mantenimiento y, mientras, los impuestos se destinan a financiar el complejo militar-industrial de EEUU. Todo ello sin olvidar que la falta de disponibilidad de medicamentos y de mantenimiento de la maquinaria sanitaria podría ser un nuevo tsunami.
La alternativa exigiría romper con la lógica de la militarización —aquella donde el Estado solo se activa para gastar en defensa— y recuperar la visión original de una inversión pública que apuntale la soberanía del Estado, mediante la industrialización y la creación y mantenimiento de unas infraestructuras civiles de calidad. Requeriría, en definitiva, una auténtica autonomía estratégica que pasase por construir capacidades de defensa españolas integradas e independientes, sobre la espiral armamentística estadounidense.
Mientras los partidos mayoritarios sigan sin protestar, transferir la riqueza pública a EEUU a cambio de una seguridad armada (la trampa de Tucídides, que diría Graham T. Allison) seguirá siendo un juego de trileros donde nadie obtendrá resultados positivos. El legado industrial y social español, como ya lamentan muchos usuarios, puede seguir cediendo terreno, no ante un proyecto de prosperidad, sino ante los intereses de un capitalismo obeso-mórbido que no puede moverse sin ayuda ante el desafío del avance callado e imparable del siglo imperial chino.
