La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Miles de documentos desclasificados en Estados Unidos vuelven a iluminar una de las zonas más oscuras de la historia política mexicana: la presencia prolongada de la Agencia Central de Inteligencia en México, su relación con las altas esferas del poder y su papel en operaciones de vigilancia, intercambio de información sensible y seguimiento de movimientos políticos durante la Guerra Fría.
La información, publicada por RT en Español y apoyada en materiales del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, señala que la CIA desarrolló en México una de sus redes más extensas de espionaje político en el hemisferio. El país no fue tratado únicamente como vecino estratégico de Estados Unidos, sino como plataforma de observación sobre Cuba, la Unión Soviética, movimientos de izquierda, diplomáticos extranjeros, estudiantes, intelectuales y sectores críticos del régimen mexicano.
Uno de los programas más relevantes fue LIENVOY, una operación de vigilancia telefónica conjunta que, según el Archivo de Seguridad Nacional, se prolongó durante décadas. La operación permitió interceptar comunicaciones de embajadas y figuras políticas consideradas sensibles por Washington y por sectores del propio Estado mexicano. Entre los objetivos señalados aparecen la embajada de Cuba, la embajada soviética, el pintor David Alfaro Siqueiros, el expresidente Lázaro Cárdenas y el expresidente guatemalteco Juan José Arévalo, exiliado en México tras el golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en Guatemala.
La dimensión más grave del caso no está solo en el espionaje, sino en el nivel de acceso político de la agencia estadounidense. Documentos citados por el Archivo de Seguridad Nacional indican que la CIA reclutó informantes dentro de las “altas esferas” del Gobierno mexicano entre 1956 y 1969. Entre los nombres vinculados a esa red aparecen el presidente Gustavo Díaz Ordaz y quien después sería presidente, Luis Echeverría Álvarez. La información desclasificada describe una relación estrecha entre altos funcionarios mexicanos y el jefe de la estación de la CIA en México, Winston Scott, a través de una red secreta conocida como LITEMPO.
El proyecto LITEMPO funcionó como un canal extraoficial para intercambiar información política sensible entre ambos gobiernos sin recurrir a los cauces diplomáticos públicos. Desde la Embajada de Estados Unidos en México, la estación de la CIA mantenía contacto directo con figuras del sistema político mexicano, en un momento en que Washington veía cualquier movilización social, estudiantil o sindical bajo el prisma del anticomunismo.
El caso de Tlatelolco muestra el alcance político de esta relación. Durante las protestas estudiantiles de 1968, la CIA realizó un seguimiento estrecho del movimiento, pero su información dependía en gran medida de fuentes del propio Gobierno mexicano. Según el Archivo de Seguridad Nacional, esa dependencia llevó a la agencia a asumir versiones oficiales que protegían al régimen mexicano tras la masacre del 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas. La directora del Proyecto México del Archivo, Kate Doyle, sostuvo que la estación de la CIA terminó actuando como “estenógrafa” de sus contactos dentro del Gobierno mexicano, en lugar de reconstruir de forma independiente lo ocurrido.
El seguimiento estadounidense no se limitaba a valorar riesgos para la seguridad norteamericana. También formaba parte de una arquitectura de control político regional. Washington buscaba impedir la expansión de la influencia cubana y soviética, mientras el régimen mexicano utilizaba el lenguaje de la seguridad nacional para vigilar, dividir y reprimir a sectores opositores. La convergencia entre ambos intereses permitió que la inteligencia estadounidense y las estructuras internas mexicanas compartieran información sobre estudiantes, dirigentes sociales, artistas, diplomáticos y organizaciones políticas.
La documentación sobre Luis Echeverría añade otra capa al problema. El Archivo de Seguridad Nacional publicó en 2022 una colección de documentos estadounidenses sobre su papel en las masacres de Tlatelolco y Corpus Christi. Un informe de la CIA de enero de 1971 concluía que Echeverría compartía una parte importante de la responsabilidad por la violencia en Tlatelolco, mientras memorandos diplomáticos describían el esfuerzo del Gobierno mexicano por “cooptar y controlar” al movimiento estudiantil.
La llamada guerra sucia mexicana no puede entenderse sin ese contexto. Las operaciones contra guerrillas, estudiantes, sindicatos, campesinos, intelectuales y opositores se desarrollaron en un marco de cooperación estrecha entre aparatos de seguridad mexicanos y agencias estadounidenses. La Dirección Federal de Seguridad operó como una pieza central de ese engranaje interno, mientras Washington mantenía canales de información privilegiados con el poder político mexicano.
El caso demuestra que la soberanía mexicana fue atravesada durante décadas por una relación opaca con la inteligencia estadounidense. México mantenía formalmente una política exterior propia, con discursos de no intervención y cercanía diplomática con países no alineados, pero al mismo tiempo una parte de su aparato político y de seguridad cooperaba con la CIA en operaciones de vigilancia interna y regional.
La publicación vuelve a tener relevancia en 2026 porque el debate sobre la presencia de agencias estadounidenses en México no pertenece solo al pasado. En las últimas semanas, nuevas informaciones sobre posibles operaciones de la CIA en territorio mexicano han provocado tensión entre ambos países. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “ficción” una información de medios estadounidenses sobre la supuesta participación de la CIA en un ataque con bomba en el Estado de México, mientras defendía que la cooperación con Washington debe mantenerse dentro del respeto a la soberanía nacional.
La historia desclasificada de LIENVOY y LITEMPO no prueba por sí sola cada denuncia contemporánea, pero sí establece un precedente documentado: la inteligencia estadounidense operó durante décadas en México con acceso directo a funcionarios, presidentes, servicios de seguridad y redes de vigilancia. Ese antecedente obliga a leer con mayor cuidado cualquier discusión actual sobre cooperación antinarcóticos, operaciones encubiertas, intercambio de inteligencia o presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.
La cuestión de fondo afecta al equilibrio de poder entre México y Estados Unidos, al control real de la seguridad nacional mexicana y a la capacidad del Estado mexicano para impedir que la cooperación bilateral se convierta en tutela operativa. En la Guerra Fría, la justificación fue el anticomunismo. Hoy, el argumento dominante es el narcotráfico.
Fuentes: RT en Español, Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, El Informador, History News Network, El País.
