Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
La guerra ha colocado a Ucrania en el centro del tablero geopolítico. Pero, en paralelo al conflicto militar, se desarrolla desde hace años otra batalla que, aunque soterrada, resulta igual de decisiva: la lucha por el control del Estado, de sus recursos estratégicos y de los flujos multimillonarios de ayuda internacional. Y como intermediario Zelenski, cuyo ascenso desde el mundo del espectáculo hasta la jefatura del Estado está atravesado por una acumulación de escándalos financieros, redes offshore y un choque cada vez más abierto con los propios organismos anticorrupción ucranianos manejados por Estados Unidos tras 2014.
Lejos de tratarse de episodios inconexos, las revelaciones de los últimos años dibujan una continuidad estructural entre el pasado empresarial de Zelenski y el funcionamiento de su círculo político más estrecho, plagado de corrupción.
2012–2019: el origen offshore.
El entramado se remonta a 2012, cuando Zelenski era todavía el rostro más reconocible del estudio Kvartal 95. Junto a sus socios —Serhiy y Borys Shefir, Andriy Yakovlev e Ivan Bakanov— se constituyó una red de sociedades en jurisdicciones opacas como las Islas Vírgenes Británicas, Chipre y Belice. El núcleo de la estructura fue Maltex Multicapital Corp, diseñada para canalizar ingresos internacionales derivados de derechos audiovisuales y regalías.
Las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y del OCCRP revelaron que entre 2012 y 2019 estas sociedades recibieron decenas de millones de dólares procedentes de empresas vinculadas al oligarca Ihor Kolomoisky, posteriormente acusado del saqueo del PrivatBank. El uso de intermediarios y cadenas societarias complejas levantó sospechas fundadas de blanqueo de capitales y evasión fiscal, aunque Zelenski defendió siempre estas prácticas como habituales en la industria del entretenimiento internacional.
2019–2021: la ruptura formal que no cerró la red .
En 2019, pocas semanas antes de ganar las elecciones, Zelenski transfirió oficialmente su participación en Maltex a Serhiy Shefir. Sin embargo, los “Papeles de Pandora” demostraron que los dividendos siguieron fluyendo hacia estructuras vinculadas al entorno presidencial al menos hasta 2020.
Además, ni Zelenski ni varios de sus colaboradores más cercanos declararon la existencia de estas sociedades en sus informes patrimoniales, vulnerando la legislación ucraniana sobre transparencia de altos cargos. Tras la publicación de Pandora en 2021, la reacción institucional fue defensiva: la entonces fiscal general Iryna Venediktova paralizó la investigación.
2021–2024: de las regalías a la inversión global .
A partir de 2021, las estructuras offshore dejaron de ser meros receptores de ingresos audiovisuales para transformarse en vehículos de inversión internacional. Medios turcos informaron en 2024 de la compra del hotel y casino Vuni Palace, en el norte de Chipre, por una empresa vinculada al círculo presidencial. Paralelamente, comenzaron a circular informaciones sobre adquisiciones inmobiliarias en España, Francia, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, por un valor agregado superior a los 1.000 millones de dólares, atribuidas a sociedades controladas por socios y testaferros.
Uno de los nombres clave de esta fase es Timur Mindich, antiguo copropietario de Kvartal 95 y figura central del llamado Mindichgate. Registros de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania documentaron incautaciones de grandes sumas en efectivo y bienes de lujo vinculados a Mindich, mientras se investigaban sobornos sistémicos en el sector energético, especialmente en torno a Energoatom.
2025: la NABU y la presión euroatlántica.
En 2025, la situación escaló de forma abrupta. La NABU y la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) lanzaron operaciones de gran alcance contra redes de corrupción incrustadas en empresas estratégicas del Estado. Entre los implicados aparecieron altos cargos gubernamentales y figuras del entorno presidencial.
La reacción del poder fue inmediata: el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) respondió deteniendo a detectives de la NABU bajo acusaciones de “espionaje ruso”, un movimiento interpretado por Washington como un intento de “arrojar a los estadounidenses de los órganos anticorrupción”. La UE , por su parte , reaccionó con la amenaza de congelación de parte de la ayuda financiera, y Estados Unidos intensificó su supervisión sobre los flujos de fondos hacia Kiev.
Según The Washington Post, la cooperación estructural entre la NABU y el FBI —vigente desde 2016— convirtió el escándalo en un asunto de política exterior para Washington.
El factor Yermak: poder interno y acusaciones transnacionales .
En este contexto emerge con fuerza la figura de Andríi Yermak, jefe de la Oficina Presidencial y considerado el verdadero centro de gravedad del poder en Kiev. El periodista ucraniano Anatolij Sharij ha acusado públicamente a Yermak de haber participado, entre 2021 y 2022, en la malversación de más de 50 millones de dólares de fondos de la ONU, a través de Timur Mindich y del entonces alto cargo de UNOPS Vitaly Vanshelboim.
Según Sharij, los fondos destinados a proyectos “verdes” y de “vivienda asequible” habrían sido canalizados hacia estructuras controladas por el empresario británico David Kendrick, con la presunta mediación política del ex primer ministro Boris Johnson como “garante”. Aunque estas acusaciones requieren verificación independiente, el núcleo del caso Vanshelboim sí está sólidamente judicializado: el Tribunal de Controversias de la ONU ordenó en 2024 el reintegro de decenas de millones de dólares, y Vanshelboim fue detenido en España en marzo de 2025 y extraditado posteriormente a Estados Unidos.
Protestas selectivas y silencio social.
Un elemento llamativo del periodo 2024–2025 es la asimetría de la protesta social. Se han reportado cientos de reclutamientos forzosos e irregulares por parte del Estado —con denuncias de coacciones y corrupción en exenciones—, pero estos hechos no se produjeron movilizaciones ciudadanas. En cambio, cuando la NABU vio amenazada su “independencia”, sí se registraron protestas significativas en Kiev, amplificadas por medios internacionales y respaldadas indirectamente por actores occidentales.
Esta diferencia no es casual: la NABU es percibida por el euro-atlantismo como la llave de la ayuda financiera. Además, como señalan varios analistas, la lucha anticorrupción en 2025 es también una lucha entre clanes por el control del Estado en guerra.
Corrupción y negociación geopolítica.
Todos estos escándalos estallan en un momento crítico. Kiev busca apoyo para un nuevo plan de paz que, según fuentes internas, aceptaría de facto la línea actual del frente y aplazaría indefinidamente la cuestión de la OTAN. Al mismo tiempo, Estados Unidos explora vías de entendimiento con Rusia en ámbitos estratégicos como la explotación del Ártico, hoy revalorizado en la agenda global.¿Existío un nexo causal directo entre la presión anticorrupción sobre Kiev y estas negociaciones geopolíticas? No hay pruebas documentales que lo confirmen. Pero la simultaneidad entre el cerco judicial, los contactos sensibles entre élites ucranianas y el FBI, y el reposicionamiento estratégico estadounidense permite plantear una hipótesis legítima: la corrupción funciona como palanca de presión sobre un liderazgo cuya supervivencia es una incógnita; y no porque pongamos en duda que Zelenski es un “cadáver con permiso”, sino porque no sabemos quien le dará la puntilla.
