Belén Casas
(España) Vicepresidenta del Ateneo Iberófono Juan Latino. Licenciada en Diseño Digital y máster en Creatividad Publicitaria. Diplomada en Estrategia, Geopolítica y Seguridad Internacional en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Ha cursado estudios de Comunicación Audiovisual, así como formación en escritura creativa. Su trayectoria combina creación visual y comunicación estratégica. Mantiene una sólida conciencia iberófona, reforzada por sus vínculos familiares con México. Actualmente se encarga de la gestión de redes sociales del periódico La Iberofonía.
Mientras México vive una nueva oleada de violencia atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una noticia reciente obliga a replantear el relato oficial de la “guerra contra el narcotráfico”.
En diciembre, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputó a Paul Campo, exsubdirector de Operaciones Financieras de la Drug Enforcement Administration, y a Robert Sensi, señalado como intermediario con vínculos en entornos de seguridad estadounidenses.
La DEA es la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés), la entidad federal que se encarga de combatir el tráfico y el consumo de drogas en Estados Unidos, así como de coordinar investigaciones estadounidenses relacionadas a las drogas en el exterior. El escándalo de la acusación es mayúsculo, incluye cargos de narcoterrorismo, terrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Lo que sostiene la acusación federal
Según el expediente judicial:
- Campo habría ofrecido lavar hasta 12 millones de dólares para el CJNG.
- Se realizaron operaciones de conversión de efectivo en criptomonedas.
- Se discutió la posible adquisición de armas de uso militar y drones.
- Se habrían ofrecido estrategias para evadir investigaciones federales.
La gravedad no radica solo en la presunta colaboración, sino en el perfil de los implicados.
Campo no era un agente menor. Trabajó más de dos décadas en la DEA y llegó a ocupar una posición clave en operaciones financieras contra el narcotráfico internacional.
La paradoja estructural
Durante años, Washington ha justificado:
- cooperación militar en México
- presión diplomática
- programas de seguridad
- ampliación de capacidades de intervención
Bajo el argumento de combatir a organizaciones como el CJNG. Sin embargo, cuando funcionarios de alto nivel son acusados de colaborar con esas mismas organizaciones, el relato oficial se fractura.
No se trata de una teoría. Se trata de una acusación presentada por la propia justicia estadounidense.
México en el tablero
La violencia actual en estados como Jalisco, Michoacán o Colima muestra que el CJNG mantiene capacidad operativa significativa.
Pero la pregunta estratégica es otra ¿Cómo puede sostenerse durante años una organización de esa magnitud sin redes financieras y logísticas internacionales?
El narcotráfico moderno no es un fenómeno local.
Es una estructura transnacional que involucra:
- rutas financieras
- lavado de activos
- tráfico de armas
- criptomonedas
- conexiones institucionales
Cuando una agencia como la DEA aparece infiltrada o comprometida, el problema deja de ser exclusivamente mexicano.
¿Fracaso o contradicción?
El caso Campo–Sensi no prueba una estrategia deliberada de desestabilización, pero sí evidencia algo profundo: La “guerra contra las drogas” puede convertirse en un ecosistema donde crimen organizado e instituciones estatales se entrelazan.
México paga el costo humano.
Las redes financieras operan en otra escala.
Una cuestión de soberanía
Para el espacio iberófono, el debate no es solo policial. Es geopolítico. La estabilidad de México es clave para América, para Iberoamérica y para el equilibrio continental. Si las estructuras encargadas de combatir el narcotráfico resultan permeables a la corrupción, la solución no vendrá únicamente de más militarización.
Vendrá de transparencia, cooperación real y soberanía efectiva. Si quienes debían combatir al narcotráfico estaban colaborando con él, ¿quién alimenta realmente el caos?
