La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Dos agentes de la Guardia Civil han muerto y otros dos han resultado heridos tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Comandancia de Huelva durante una persecución a una narcolancha frente a la costa onubense. Los hechos se produjo el viernes 8 de mayo de 2026, en torno a las 11.00 horas, a unas 80 millas náuticas de la costa de Huelva, durante un operativo contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Los agentes fallecidos son Germán Pérez González y Jerónimo Jiménez Molero, ambos destinados en el Servicio Marítimo. Según la información publicada por RTVE, uno de ellos murió en el momento del impacto y el segundo falleció mientras era evacuado al hospital. Otros dos guardias civiles resultaron heridos: uno permanece en estado grave en el Hospital de Jerez y otro sufrió lesiones leves.
El choque se produjo cuando dos embarcaciones oficiales perseguían a una narcolancha en alta mar. Los hechos vuelven a situar en primer plano las condiciones en las que trabajan los agentes que combaten el narcotráfico en la costa andaluza: operaciones nocturnas o de alta velocidad, mar abierto, embarcaciones rápidas, escasa distancia de maniobra y organizaciones criminales con medios cada vez más potentes.
La tragedia ha provocado luto institucional en Huelva y en Andalucía. La capilla ardiente se instaló en la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y el funeral se celebró este sábado en la Iglesia de la Concepción, con presencia de familiares, compañeros, autoridades civiles y representantes de cuerpos de seguridad. La Junta de Andalucía decretó una jornada de luto oficial.
Pero el suceso no puede leerse solo como un accidente. Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil llevan años denunciando que los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico en Andalucía trabajan en condiciones de inferioridad material, falta de personal, presión operativa extrema y escaso respaldo institucional. JUCIL ha hablado abiertamente de “abandono institucional” y ha advertido de que no se puede presentar un balance positivo mientras siguen muriendo agentes en acto de servicio y el negocio de la droga continúa expandiéndose.
También AUGC y otros colectivos profesionales han insistido en que la costa andaluza se ha convertido en un escenario de alto riesgo para la Guardia Civil. Las narcolanchas no son simples embarcaciones de contrabando: son medios rápidos, potentes, difíciles de interceptar y manejados por redes criminales que conocen el litoral, explotan la dispersión de recursos y operan con una agresividad creciente. En Huelva Información, fuentes de asociaciones y sindicatos han vinculado la tragedia con la “precariedad” y la falta de respuesta suficiente frente al narcotráfico.
El problema no es nuevo. La muerte de estos dos agentes se suma a la de los dos guardias civiles asesinados en Barbate en febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió a una embarcación del cuerpo. En apenas dos años, cuatro guardias civiles han muerto en operaciones vinculadas al narcotráfico en las costas andaluzas, una cifra que ha reforzado la exigencia de declarar la profesión como actividad de alto riesgo y de dotar al Servicio Marítimo de más medios humanos, técnicos y jurídicos.
La situación en Huelva tiene además una dimensión estratégica. Durante años, el foco mediático estuvo concentrado en el Campo de Gibraltar, pero la presión policial en esa zona ha desplazado parte de la actividad hacia otras provincias andaluzas. Huelva, por su posición atlántica, su proximidad a rutas marítimas procedentes del norte de África y su conexión con redes logísticas interiores, se ha convertido en un punto sensible para las organizaciones dedicadas al tráfico de hachís y otras drogas.
¿Puede el Estado exigir a sus agentes que persigan a organizaciones criminales cada vez más profesionalizadas sin proporcionar medios equivalentes? Las asociaciones profesionales sostienen que no. Reclaman más patrulleras, mejores equipos, refuerzos permanentes, coordinación operativa, protección jurídica y reconocimiento real del riesgo. No se trata solo de aumentar plantillas, sino de asumir que el narcotráfico en el litoral andaluz funciona ya como una amenaza organizada, móvil y violenta.
El Ministerio del Interior defiende que desde 2018 se han incrementado los medios contra el narcotráfico, pero las denuncias de los agentes apuntan a una brecha persistente entre los planes oficiales y la realidad operativa en el mar. La distancia entre el discurso institucional y la vida diaria de las unidades marítimas vuelve a quedar expuesta tras la muerte de Germán Pérez González y Jerónimo Jiménez Molero.
Andalucía no afronta solo un problema policial, sino una presión estructural sobre su litoral. Las redes del narcotráfico prueban rutas, compran voluntades, aprovechan vacíos de vigilancia y miden constantemente la falta de respuesta del Estado.
En ese tablero, los guardias civiles del Servicio Marítimo operan muchas veces como primera línea efectiva frente a embarcaciones más rápidas, mejor financiadas y dispuestas a asumir niveles crecientes de violencia.
Hay una guerra de desgaste en la costa andaluza, y quienes están pagando el coste más directo son los agentes que salen al mar con medios discutidos, presión permanente y riesgo mortal.
