Adrián Sánchez Sallán
(España) Editor en La Iberofonía, especialista en defensa y geopolítica. Combina su profesión como técnico en procesos industriales con sus estudios en el programa de Experto Universitario en Materialismo Político en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es portavoz del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Hay una guerra silenciosa que no libra ejércitos ni ocupa titulares de portada, pero que está redibujando el mapa humano de España: el vaciamiento del mundo rural. No es solo un problema demográfico ni una anécdota estadística para sociólogos. Es la erosión de aquello que sostiene a una nación por debajo de sus instituciones: su lengua viva en los pueblos, su folclore, su memoria colectiva, su relación con la tierra que la alimenta. Y como toda erosión lenta, no se nota hasta que ya no queda nada que erosionar: hasta que un día la campana de la iglesia deja de tocar porque no queda quien la toque, o la romería de siempre se celebra ya sin gaita ni dulzaina porque el último que sabía tocarlas murió sin enseñar a nadie.
La sangría que nadie detiene
Los números son, por sí solos, un diagnóstico de emergencia. Entre 1975 y 2021, diecisiete provincias españolas eminentemente rurales perdieron población, encabezadas por Zamora, que vio reducirse sus habitantes en un 31%, seguida de Lugo con un 30% y Soria con un 21%. Estos municipios se extienden por 243.000 km², el 48% de la superficie del país, mientras más del 80% de la población vive hoy en apenas el 20% del territorio nacional. Más de la mitad de los municipios españoles tiene menos de 500 habitantes, y nueve de cada diez de ellos están en riesgo de extinción demográfica.
No es un fenómeno abstracto. El 60% de los municipios españoles, con menos de mil habitantes cada uno, ocupan el 40% de la superficie del país pero apenas reúnen al 3,1% de su población. Detrás de cada uno de esos porcentajes hay una casa con las persianas bajadas, un huerto que ya nadie riega, una cuadra vacía. España se está quedando sin la gente que hace de un territorio una patria y no solo un mapa.
El trabajo precario como billete de ida
Detrás de cada dato hay una decisión forzada, casi nunca deseada. La emigración rural hacia las ciudades no responde a un rechazo cultural del campo, sino a una precariedad estructural del trabajo agrario y ganadero: salarios bajos, estacionalidad, ausencia de relevo generacional y una brecha de servicios —sanidad, educación, transporte— que hace insostenible echar raíces donde se nació. Nadie abandona por gusto el lugar donde están enterrados sus abuelos. Se abandona porque el campo, tal y como está organizado hoy, ya no permite criar una familia con dignidad.
Y cuando el pueblo se vacía, se lleva consigo algo que no aparece en ningún indicador del INE: la transmisión oral de las tradiciones, el santoral local, las fiestas patronales, el dialecto, el oficio artesano. El folclore no sobrevive en los libros de texto ni en los museos etnográficos; sobrevive donde se practica, y solo se practica donde hay gente que lo baila, lo canta, lo cocina y lo transmite a sus hijos en la mesa de la cocina, no en un aula. Cada abuela que muere sin nieta cerca para heredar la receta, cada fiesta que se suspende un año “porque ya no somos suficientes para organizarla”, es una hebra menos en el tejido que durante siglos hizo de España una nación con raíces, y no una simple demarcación administrativa. El campo no es el pasado de España: es el lugar donde su presente sigue teniendo memoria.
Una condena de origen: la adhesión a la CEE y el desmantelamiento del campo
Esta precariedad no nació de la nada. Tiene una raíz institucional concreta que suele pasarse por alto: la propia adhesión de España a la Comunidad Económica Europea en 1986. La adaptación de las estructuras y la producción agrarias españolas al sistema comunitario, y la reducción de la cuota pesquera, fueron los ejes centrales de las negociaciones de adhesión, no una consecuencia menor ni un daño colateral: fueron la condición misma para entrar.
Es decir: la integración en el proyecto europeo exigió, desde el primer día, recortar la capacidad productiva propia del campo y el mar español para no competir con los intereses agrícolas y pesqueros de otros socios comunitarios, Francia a la cabeza. Cuatro décadas después, seguimos viviendo las consecuencias de aquel ajuste: un campo que perdió músculo productivo antes de perder población, y que perdió población, en buena medida, porque antes había perdido la capacidad de sostener a quienes lo trabajaban.
Cuando el campo se convierte en central eléctrica
A esta sangría se suma un fenómeno más reciente y no menos inquietante: la ocupación de tierra fértil para instalar macroparques de energías renovables. Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid revela que el 92% de los habitantes del medio rural español exige una regulación específica que proteja los suelos agrícolas frente al avance de las plantas fotovoltaicas, un avance que, según el propio estudio, reduce la base productiva de los pueblos y encarece el acceso a la tierra para los jóvenes agricultores.
Las cifras del propio sector confirman la magnitud del proceso. En 2024, los parques fotovoltaicos ocupaban ya más de 50.000 hectáreas de superficie agraria útil en España, el equivalente a más de 70.000 campos de fútbol, mientras que el Gobierno ha dado el visto bueno a 182 macroparques eólicos y solares desde comienzos de 2022, sobre una superficie de 53.000 hectáreas. El caso de Jaén y Córdoba resulta paradigmático: un centenar de agricultores han visto expropiadas sus tierras y se han talado cien mil olivos para levantar una planta fotovoltaica, con el respaldo de la Junta de Andalucía, mientras los afectados denuncian que la electricidad generada ni siquiera se quedará en la comarca. Olivos que tardaron siglos en crecer, talados en una tarde.
Y cuando el sector busca legitimarse ante la opinión pública, recurre a menudo al marketing verde antes que a la autocrítica: como ya analizamos en La Iberofonía al examinar el proyecto de pastoreo solar impulsado por INTEROVIC, la imagen de ovejas paciendo bajo placas solares vende una convivencia armoniosa entre ganadería y renovables que rara vez se corresponde con la esterilización real del suelo, la desertificación del paisaje y la desaparición del empleo local una vez terminada la fase de construcción. Se presenta como progreso verde lo que, en no pocos casos, es la sustitución del campesino por el inversor financiero, y del paisaje cultivado por generaciones por la placa solar de usar y tirar.
Una ley con una puerta entreabierta
A este debate se añade una zona gris legal que merece atención, aunque con honestidad sobre sus límites. La Ley de Montes de 2003 prohíbe, en su artículo 50, cambiar el uso forestal de un terreno incendiado durante los treinta años siguientes al fuego. Pero desde su reforma de 2015, contempla dos excepciones: que el cambio de uso ya estuviera previsto en un instrumento de planeamiento antes del incendio, o que una ley específica declare “razones imperiosas de interés público de primer orden”, exigiendo entonces medidas compensatorias.
El problema no es que existan casos documentados de uso fraudulento de esta vía —no los hay, y sería deshonesto afirmar lo contrario—, sino que el propio concepto de “interés público de primer orden” es un concepto jurídico indeterminado que deja un margen de interpretación considerable a la discrecionalidad de cada comunidad autónoma. Esa ambigüedad normativa no es un detalle menor: es una puerta que la ley mantiene entreabierta, aunque hoy nadie la haya cruzado de forma probada.
Esta misma Ley de Montes, además, es también parte del problema por el lado contrario: la maraña burocrática que impide gestionar el monte antes de que arda. Como ya denunciamos en La Iberofonía al analizar los incendios forestales que arrasaron España el pasado verano, la despoblación rural, la falta de recursos y una legislación comunitaria derivada de la Agenda 2030 que desincentiva la gestión activa del monte convierten en papel mojado buena parte de la normativa forestal española, dejando el territorio más vulnerable al fuego precisamente en las zonas donde menos gente queda para cuidarlo. En un ordenamiento que dice proteger el monte durante tres décadas tras un incendio, pero que antes del incendio apenas permite gestionarlo, dejar además la última palabra sobre su reconversión a un término tan elástico como “interés público de primer orden” no es una garantía sólida; es una vulnerabilidad estructural que convendría cerrar antes de que alguien decida usarla.
La soberanía que se nos escapa
Esta transformación del suelo no es neutra para la capacidad de un país de alimentarse a sí mismo. España es el cuarto exportador agroalimentario de la Unión Europea, pero la mitad de sus importaciones de alimentos proceden ya de fuera de Europa, con Brasil, China y Marruecos como principales proveedores. Cada hectárea de secano o de olivar que se convierte en central eléctrica es una hectárea menos de capacidad productiva propia, en un momento en que la propia ONU advierte de que la soberanía alimentaria española depende cada vez más de mercados internacionales expuestos a riesgos climáticos, geopolíticos y logísticos. Una nación que no controla lo que come, no controla su destino.
Músculo sin corazón: cuando lo que crece en la ciudad no sirve a la nación
Se podría objetar que este diagnóstico es incompleto, que las ciudades y los polos industriales y financieros donde se concentra la emigración rural no son el enemigo, sino la otra mitad necesaria del cuerpo nacional: su músculo, el que produce, comercia y sostiene el peso económico del país. Y es cierto. Ninguna nación sobrevive solo de nostalgia rural. Pero si el campo es el corazón, el estómago y el alma de España —el órgano que bombea memoria, que alimenta el cuerpo y que le da sentido a todo lo demás— conviene preguntarse: ¿de qué sirve tener músculo sin corazón? Y hay una pregunta todavía más incómoda: ¿de qué sirve ese músculo si trabaja, cada vez más, al servicio de intereses ajenos a la nación que dice sostener?
Los datos de la propia Bolsa española son elocuentes. Los inversores extranjeros controlan en torno al 48,7% del valor de mercado del IBEX 35, mientras la participación de las familias españolas ha caído a mínimos históricos, por debajo del 16%. Solo tres o cuatro compañías del selectivo pueden considerarse hoy mayoritariamente españolas en términos de control accionarial. Únicamente BlackRock, Vanguard y Capital Group poseen conjuntamente más de un tercio del índice a través de sus fondos, con una inversión combinada superior a los 69.000 millones de euros. BlackRock por sí sola mantiene participaciones destacadas en la práctica totalidad de la gran banca española —Sabadell, Santander, BBVA, Bankinter, CaixaBank— y en sectores estratégicos como la energía, con presencia relevante en Iberdrola, Repsol, Naturgy y Enagás. El músculo económico español, en buena medida, ya no responde solo ante accionistas nacionales.
A esta financiarización del capital productivo se suma la entrada de capital público extranjero en infraestructuras físicas estratégicas. En diciembre de 2025, la empresa portuaria marroquí Marsa Maroc —controlada en un 25% de forma directa por el Estado de Marruecos y en otro 35% a través de Tánger Med, vinculada al fondo Hassan II para el desarrollo económico— adquirió el 45% de Boluda Maritime Terminals, filial del grupo naviero valenciano Boluda, por 80 millones de euros. La operación da a la empresa pública marroquí presencia directa en nueve terminales portuarias españolas: Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma en Canarias, y Sevilla, Cádiz, Vilagarcía y Santander en la Península. No es una anécdota logística. Son los puntos de entrada y salida de mercancías de un país, ahora parcialmente gestionados por capital de un Estado vecino con intereses geopolíticos propios y no siempre alineados con los españoles.
Este es el fondo de la cuestión: no basta con que el músculo urbano crezca si ese crecimiento se financia, se cotiza y en parte se decide fuera de las fronteras que ese músculo dice servir. Una nación que exporta a su gente del campo a la ciudad, y que luego ve cómo la ciudad —su banca, su energía, sus puertos— queda cada vez más en manos de capital ajeno, no está fortaleciendo su cuerpo. Lo está vaciando por los dos extremos a la vez.
La ciudad como disolvente de la identidad
Todo este proceso desemboca en las grandes urbes, donde el éxodo rural se transforma en otra cosa: masa urbana desarraigada. No hablamos aquí del cosmopolitismo como intercambio fecundo entre culturas con raíces propias, sino de ese cosmopolitismo realmente existente que diluye la identidad nacional en un magma de individuos sin memoria compartida. Cuando una ciudad crece a base de personas que ya no conocen el pueblo de sus abuelos, ni su lengua vernácula, ni su santo patrón, esa ciudad queda más expuesta al liberalismo más atomizador: el individuo sin comunidad, dependiente de la tecnología y de plataformas globales para sustituir un vínculo humano que ya no encuentra en su entorno inmediato. La cercanía real, la del vecino que sabe quién eres porque te conoce desde niño, es reemplazada por la conexión digital permanente y la soledad estructural que la acompaña. Es la deshumanización de las dinámicas sociales: más pantallas, menos manos; más algoritmos, menos plazas de pueblo.
Conclusión: defender el pueblo es defender la nación
El mundo rural no es un decorado nostálgico ni un problema meramente económico a resolver con subvenciones puntuales. Es, en un sentido muy concreto, la reserva viva de lo que una nación es cuando nadie la está mirando: su lengua cotidiana, su memoria festiva, su relación directa con la tierra que la sostiene. Cada pueblo que se apaga, cada hectárea de cultivo que se convierte en central eléctrica gestionada desde fuera, cada terminal portuaria o cada gran banco que pasa a cotizar mayoritariamente para accionistas de Nueva York, Londres o Rabat, es una fibra menos del tejido que une a los españoles entre sí y con su propia historia. Defender el mundo rural —su trabajo digno, su tierra fértil, su soberanía alimentaria— no es una batalla sectorial: es defender el corazón de la nación, para que el músculo que crece en sus ciudades no acabe latiendo al ritmo de intereses que le son ajenos.
