La cocaína, factor disruptivo de la sociedad colombiana

Dependencia estructural y soberanía fracturada: una lectura materialista de la economía colombiana


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Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.

La economía en Colombia se caracteriza por no generar valores de uso recurrentes positivos, ya que los procesos de producción, distribución y consumo, no están determinados por un manejo autónomo de su mercado interno, sino por cuestiones externas.

Esto se puede evidenciar, por ejemplo; en la dependencia del sector extractivo, que somete la economía nacional a la ideología dominante global y la condiciona a las dinámicas de las potencias extranjeras. Otro ejemplo es la formulación de planes de desarrollo basados en proyectos liberales burgueses como las recomendaciones de la OCDE o los ODS y su agenda 2030, que omiten conexiones complejas (symploké) de la realidad del país.

En este sentido el estado colombiano presenta una deficiencia en su buen orden y supervivencia o eutaxia, ya que existe una desconexión estructural en todo su territorio y por consiguiente una imposibilidad de una gestión económica fuerte.

En Colombia, la gestión económica cae en idealismos internacionales que ignoran conexiones complejas de la realidad del país, como el narcotráfico, la propiedad de la tierra y la falta de una industrialización fuerte y sostenible.

Desde los años 90 el país fue sometido a una imposición del mercado global que la obligó a ceder soberanía, por tanto; no se puede considerar un mundo aislado del resto del panorama geopolítico, su economía es el resultado de la dialéctica de clases, de estados y de imperios, en donde se disputan planes y programas enfrentados que amenazan constantemente la supervivencia del Estado.

Una de estas amenazas de la eutaxia colombiana es la cocaína, ya que es el producto colombiano con mayor valor de cambio en el mercado global, pero con un valor de uso nulo o negativo para la estabilidad del cuerpo social.

Con productos legales como el café o el aguacate, el valor de uso y el de cambio suelen estar en equilibrio, pero con la cocaína se produce una fractura: para la sociedad política colombiana su valor de uso genera distaxia: violencia corrupción de las instituciones y erosión de la soberanía, ya que no alimenta, no construye infraestructura y no fortalece el crecimiento de la sociedad.

El valor de cambio de la cocaína es tan elevado que desborda casi la totalidad del resto de categorías económicas y este valor no se determina por el costo de producción, sino por su prohibición, lo que representa un factor político y no económico.

La existencia de la cocaína depende de la ilegalidad, por lo tanto, la economía alrededor de esta ha creado una dinámica de estado paralela, ya que es una categoría clandestina que utiliza las operaciones de la economía legal como transporte, transacciones financieras y lavado de activos para existir y a diferencia del empresario legal, el narcotraficante es un operador político que no usa sus planes y programas en pro de la recurrencia del Estado Colombiano, sino de la creación de agendas de poder que fracturan la unidad del territorio.

Abordando este fenómeno desde la dialéctica de Estados; el valor de la cocaína esta determinado por la demanda en E.E.U.U. principalmente y en otros Estados a nivel mundial; mientras Colombia pone el costo material (que es un costo ínfimo comparado con el precio final) el beneficio del valor de cambio se queda principalmente en los puntos de distribución internacionales y se ve obligada a subordinar sus políticas internas a los intereses de potencias extranjeras, impidiendo que su economía tenga un funcionamiento autónomo.

La guerra contra la cocaína es el factor que otorga su precio en el mercado, ya que actúa como barrera de entrada que segrega a los competidores débiles, y premia a los que tienen la capacidad militar y logística para saltarla.

En Colombia la quema de laboratorios y la incautación no elimina el producto, lo que genera es una reducción, mientras el valor de uso permanece constante en el extranjero, la guerra dispara el valor de cambio y garantiza la alta rentabilidad del negocio. Sin la guerra el valor de la cocaína se desplomaría hacia su valor de uso convirtiéndose en una mercancía trivial y barata como un antinflamatorio que se compra en la farmacia de la esquina, por lo tanto; los narcotraficantes necesitan que el Estado mantenga la prohibición para que sus capitales sigan siendo excesivamente grandes.

Así pues, en Colombia el valor de la cocaína es mucho menor por el gran riesgo que trae a los productores y distribuidores internos, que es la muerte o la fumigación que daña la tierra; pero en el exterior el valor es máximo porque el riesgo es jurídico o financiero.

Esto se traduce en que, a pesar de que a Colombia entran miles de millones de dólares, esa riqueza no genera potencia política, industria pesada, ni educación de forma estructural y no cohesiona el territorio. La riqueza que genera la cocaína genera inflación de activos, pero no se integra a la economía circular que permite el desarrollo de un Estado fuerte.

Abordando el tema desde el marco de las próximas elecciones presidenciales en Colombia, llevadas a cabo dentro de la democracia liberal burguesa; una de las propuestas del candidato Abelardo de la Espriella, fue permitirles a los narcos conservar el 10% de su riqueza, para integrarlos a ellos como actores y a sus capitales al Estado.

Esta propuesta más allá de evaluarse moralmente, debe ser abordada desde la recurrencia de la sociedad política, ya que esto llevaría a la victoria contra el narcotráfico mediante una asimilación económica, por la que el narco estaría parasitando legalmente las instituciones, comprometiendo la Estabilidad del estado, permitiendo que ese 10% siga operando bajo lógicas criminales y haciendo de la legalización un mito oscuro que oculta la rendición de la soberanía estatal.

El gran problema con la propuesta es que se muestra al narcotráfico como un concepto contable, restar 90 y legalizar 10, como una operación aritmética, obviando toda la realidad, la historia que envuelve el fenómeno, la violencia, esclavitud y muerte que ha causado durante tantos años, encerrando todas las conexiones en un solo concepto, el dinero.

En las relaciones internacionales o dialéctica de estados e imperios, el Estado colombiano al aceptar el 90% restante no esta sólo confiscando dinero, sino que está capturando plusvalía del riesgo, generada por la prohibición, por lo que pasaría de combatir a administrar el botín, esto formaría la paradoja del Narco-Estado; habría una reconfiguración de élites y el capital criminal se convertiría en poder político legítimo, que aumentaría su capacidad de influir en las leyes.

Esta propuesta no baja el precio, pues; aunque se hagan amnistías nacionales, Colombia no puede legalizar el producto a nivel internacional y el valor de cambio seguirá siendo alto. El filtro del Estado lava el dinero, pero la fuente de ese valor, que es la guerra contra las drogas y la prohibición externa, seguirá intacta.

Por este motivo la propuesta de Abelardo de La Espriella no acaba con la cocaína, sino que se aprovecha del mito oscuro de la guerra contra las drogas, deja que el mundo prohíba y mantenga los precios altos, pero recoge el fruto de ese valor de cambio.

Colombia ha estado subordinada a los planes y programas de Estados Unidos desde hace ya más de 200 años; al aplicar una legalización como la que propone De La Espriella, chocaría con el programa de E.E.U.U que utiliza la prohibición como control regional, lo que se tomaría como una secesión y la respuesta no sería diplomática sino económica y técnica; sin posibilidad militar y económica para aguantar los bloqueos e incursiones de la potencia hegemónica.

En conclusión, el Estado sólo es soberano si puede mantener su eutaxia, lo que sería posible únicamente si Colombia se integra con el resto de naciones iberófonas o con una articulación regional fuerte para resistir sanciones e intervenciones militares.

La propuesta del candidato provocaría una intervención y colapso, por lo tanto, es irracional desde el punto de vista de la supervivencia o recurrencia política del Estado y/o la sociedad política colombiana en el tiempo y las condiciones del presente.

Un proyecto político que podría ser exitoso para nuestras naciones iberófonas, es aquel que proponga una unión de todos los trabajadores en la que se proyecte una industrialización fuerte de los países, se proponga cooperación, mercados abiertos en diferentes divisas y un alto desarrollo tecnológico y militar que nos lleve a ser una unión continental generadora entre naciones o imperio generador, que sea potencia mundial, en la que el trabajador sea protagonista de su propia realidad, sin explotación y sin intervención de la soberanía de cada país.

La guerra contra la cocaína es sólo una estrategia utilizada por grandes mafias intercontinentales para perpetuarse en el poder mundial, nunca será una opción que genere estabilidad política a una nación.

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