Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
Defender al coronel Pedro Baños no significa considerar infalibles todos sus análisis. Significa exigir que una acusación capaz de perjudicar su honor y su carrera profesional se sustente en pruebas verificables y no en “dimes y diretes” de alcahueta.
El 31 de julio de 2026, Tucker Carlson publicó una extensa entrevista con Elizabeth Lane sobre redes de influencia y operaciones de descrédito presentadas bajo la bandera de la lucha contra la desinformación. Lane mencionó expresamente a Baños y sostuvo que una estructura vinculada a Integrity Initiative había contribuido en 2018 a frustrar su posible nombramiento como director del Departamento de Seguridad Nacional.
Su relato no equivale por sí solo a una resolución judicial. Pero tampoco surgió de la nada. Los documentos filtrados sobre Integrity Initiative motivaron informaciones periodísticas en España y llegaron al Parlamento británico, donde se afirmó que aquella organización se había atribuido haber descarrilado el nombramiento de Baños.
El Gobierno británico también ha reconocido posteriormente que el Institute for Statecraft fue objeto de un ataque informático en 2018 y que sus documentos fueron filtrados. La entrevista de Tucker Carlson, el debate en la Cámara de los Comunes y la información publicada entonces en España constituyen antecedentes relevantes.
Qué curioso: solo unos días después de la difusión de la entrevista, el 2 de agosto, The Objective publicó el artículo de Pablo Muñoz titulado “Mandos del Ejército piden a Defensa que excluya al coronel Baños de los cursos oficiales”. Su subtítulo elevaba aún más la acusación: la “contrainteligencia aliada” consideraba a Baños un propagandista prorruso y sospechaba que seguía directrices de Moscú.
La proximidad temporal no demuestra por sí sola que Muñoz recibiera un encargo ni que forme parte de una operación determinada. Sí obliga, sin embargo, a examinar con especial atención las pruebas aportadas. Y ahí aparece el problema del “escribano”: el texto no acredita acusación alguna.
No identifica a los mandos militares que supuestamente piden excluir a Baños. No aporta una solicitud oficial dirigida al Ministerio de Defensa. Tampoco reproduce documentos de ningún servicio de contrainteligencia, no precisa qué organismo habría realizado esa valoración ni explica qué actos concretos demostrarían la recepción de instrucciones procedentes de Moscú.
Las fuentes anónimas son legítimas en periodismo, pero no todo vale. Cuanto más grave es la imputación, mayor debe ser la corroboración independiente.
El artículo también se apoya en Toy Soldiers, un informe del ucraniano Center for Defence Reforms. Es decir: un informe de parte que casi podría calificarse como “propaganda de guerra”. Ese documento recopila intervenciones públicas, relaciones circunstanciales y opiniones de Baños sobre Rusia, Ucrania, las sanciones y la OTAN. Puede demostrar que algunas de sus posiciones coinciden con tesis favorables a Moscú. En ningún caso demuestra que reciba instrucciones, financiación o contraprestaciones de Rusia. El propio informe transforma coincidencias discursivas y participaciones públicas en indicios de influencia, pero no presenta una relación operativa.
Ese es el salto lógico que recorre toda la información de Muñoz: una opinión coincidente se convierte en sospecha de subordinación. VERGONZOSO. Haber aparecido en medios rusos no prueba trabajar para Rusia. Criticar las sanciones no prueba obedecer al Kremlin. Defender una salida negociada tampoco acredita la existencia de instrucciones secretas.
Algo peor ocurre en lo relativo al curso realizado por Baños en China, también traído a colación. Omite de forma deliberada que el coronel Baños, acudió a China en comisión oficial del Ministerio de Defensa y también omite que realizó cursos en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania , Israel y otros ámbitos de la OTAN. Mencionar únicamente China introduce una insinuación que desaparece cuando se ofrece el contexto completo.
Hay “periodistas” que deberían taparse un poco.
Existe, además, antecedentes documentados de actuaciones coordinadas contra el Coronel Baños, por ejemplo, su nombramiento en 2018. Desde entonces se ha repetido en distintos momentos el mismo mecanismo: atribuirle la condición de propagandista, extraer intervenciones de contexto y amplificar las acusaciones mediante redes sociales. La aparición casi inmediata del artículo de Muñoz tras la entrevista de Tucker Carlson, seguida de una intensa actividad de cuentas anónimas o aparentemente falsas, encaja en ese patrón de descrédito. Para atribuir la campaña actual a una dirección única sería necesario publicar el análisis de esas cuentas —fechas de creación, mensajes idénticos, horarios y conexiones—, pero el antecedente histórico impide despachar la sospecha como una simple fantasía.
En su respuesta pública, Baños anuncia que irá publicando paulatinamente nuevos episodios, nombres y datos procedentes de su experiencia y de la información que asegura poseer. Esa parte de su denuncia no debe ocultarse: cuando presente esos materiales podrán examinarse y contrastarse públicamente.
Pero lo más chocante: la grosera manipulación realizada por Pablo Muñoz demuestra que existen actores interesados en desacreditar al Coronel. Lo que no demuestra, en ningún caso, es que Pedro Baños siga instrucciones de Moscú.
Si existen documentos, pagos, comunicaciones u órdenes, deben publicarse. Mientras no aparezcan, estamos ante rumores de barra de bar y fuentes anónimas elevadas a la categoría de prueba.
En una sociedad libre, los análisis se combaten con otros análisis. Las acusaciones graves, en cambio, se demuestran. Intentar excluir a un militar de amplia trayectoria de los espacios académicos y castrenses por mantener opiniones incómodas no protege a las instituciones: empobrece el debate y castiga la discrepancia.
