La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Colombia entra en la recta final de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo con una campaña marcada por tres asuntos que atraviesan el Estado: seguridad, paz total y narcotráfico. La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que 14 candidatos se inscribieron para competir por la Presidencia, cada uno con su fórmula vicepresidencial, y que 41.421.973 colombianos están habilitados para votar dentro y fuera del país. De ese total, 40.007.312 podrán hacerlo en Colombia y 1.414.661 en el exterior.
La fragmentación electoral convierte la primera vuelta en una medición de fuerzas entre proyectos que no solo disputan el relevo presidencial, sino también el balance del ciclo político de Gustavo Petro. La paz total aparece en el centro de esa disputa. El Gobierno ha defendido la negociación con estructuras armadas como vía para reducir violencia territorial, mientras sectores opositores la presentan como una concesión ante organizaciones criminales. En plena campaña, la seguridad deja de ser un expediente administrativo y pasa a funcionar como prueba de autoridad estatal.
El narcotráfico añade una variable decisiva. El Gobierno llega al cierre electoral exhibiendo resultados de incautación. El 18 de mayo, Petro destacó la incautación de 1,2 toneladas de cocaína en el Valle del Cauca y advirtió de la detección del primer envío de fentanilo desde Colombia hacia Estados Unidos. Ese dato amplía el problema: Colombia ya no debate solo hectáreas de coca, corredores de exportación o laboratorios, sino la posibilidad de que el país sea usado por redes que conecten cocaína, drogas sintéticas, puertos y rutas internacionales.
El candidato que llegue a segunda vuelta no solo heredará una disputa política nacional; heredará una estructura territorial donde el narcotráfico condiciona alcaldías, departamentos, comunidades y capacidad real del Estado.
La elección colombiana también tiene una dimensión iberófona. Colombia es un eje entre el Caribe, la región andina y el Pacífico hispanoamericano. Su política de seguridad afecta a Venezuela, Ecuador, Panamá y al conjunto de rutas de salida hacia Centroamérica, México y Europa. La primera vuelta del 31 de mayo medirá la capacidad de los candidatos para ofrecer orden, negociación, control territorial y una política antidroga que no dependa solo de la presión exterior.
Fuentes: Registraduría Nacional del Estado Civil, Presidencia de Colombia.
