Gleydis Saname Chavez
(Cuba) Graduada en Licenciatura en Periodismo por la Universidad de La Habana (UH) en julio de 2018. Máster en Historia Contemporánea y Relaciones Internacionales por el mismo centro de altos estudios en 2023. Actualmente es investigadora del área de Medio Oriente en el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) de Cuba, donde persigue la especialización en distintos temas como relaciones internacionales, sistemas políticos, económicos y socioculturales, así como en conflictos. Ha publicado en medios internacionales como la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), con sede en Ecuador; Middle East Monitor (MEMO), del Reino Unido; y Cubadebate. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA).
¡Gaza! ¡Todos los medios de comunicación sobre Gaza! Exactamente esa orden ha sido la perseguida por las corporaciones mediáticas internacionales sirvientes a los intereses del sistema neoliberal vigente desde que no pudieron opacar más la denuncia de plataformas discursivas insurgentes sobre el desarrollo de un genocidio en suelo de la Franja. Primero lo silenciaron; después era tan alto el número de muertes de civiles y tan evidente el actuar violento e ilegal del Sionismo, que tuvieron que figurar como si les importaran los palestinos del enclave.
Sin embargo, si bien la denuncia y el enfoque constante y global sobre lo acontecido en Gaza no podía ser menor (aunque fue tardío), ha servido al Ejecutivo israelí – liderado por Benjamín Netanyahu – para solapar (como cortina de humo) la materialización de una agenda de asentamientos y anexiones en la región de Cisjordania, en abierta acción a espaldas de lo recogido en tinta por el derecho internacional. Todos con los ojos sobre Gaza, ¡muy bien!, pero el West Bank ha estado siendo expropiado a los palestinos de un modo sigiloso, aunque sistematizado; incluso, con intenciones de aceleración desde fechas posteriores al parteaguas que significó el 7 de octubre de 2023. La ceguera ha sido tan palpable que solo tras el acuerdo de alto al fuego en la Franja (un papel cada vez más mojado e irrespetado) algunos lentes se han fijado en los hechos violentos que suceden en los territorios palestinos ubicados entre el Estado judío y Jordania como si fueran algo nuevo, cuando no son más que parte de la cotidianidad. Así el asesinato por fuerzas israelíes de tres jóvenes palestinos en Jenín, al norte de la Cisjordania ocupada a finales de este mes de octubre, ha conmocionado a la “comunidad internacional” como si fuese primera vez que algo así ocurriera en ese suelo árabe, violentado de manera constante y creciente por el colonialismo.
Por el contrario, ha sido un acontecimiento más dentro de la vorágine de ilegalidades sionistas, las cuales registraron en esos días provocaciones e incursiones de las fuerzas israelíes en ciudades como Naplusa y Hebrón, así como en los campos de refugiados palestinos Askar, Balata y Jalazone, a golpe de detenciones, demoliciones de viviendas, quema de vehículos y boicots hacia actividades agrícolas, como la muy importante temporada de recogida de aceitunas.
No obstante, pocos análisis sobre lo que allí ocurre ponen su lupa en las plataformas legislativas que estructuran de a poco una “legitimidad” (ilegal) sobre el actuar del Sionismo en territorios palestinos y sobre su población. Tan así que, a pesar de algunas reacciones internacionales, existe en discusión ante la Knesset el proyecto de ley intitulado “Aplicación de la soberanía israelí en Judea y Samaria, 2025”, el cual – de pasar esa cámara – daría luz verde a la anexión de territorios ocupados en Cisjordania (entendida bíblicamente como Judea y Samaria por los judíos).
Dicho proyecto ya sobrevivió una primera discusión entre parlamentarios este propio octubre, ha sido aprobada preliminarmente; en tanto, le restan otras tres consultas para ver si se convierte en ley. Lo que constituyó un premio para los ultraderechistas en el gobierno – que no escatiman en ser voceros de las más grandes fechorías, entiéndase fundamentalmente los ministros Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir – chocó (al menos ante el escrutinio de la prensa) con la visita al Estado judío del Vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, quien pareció incómodo – “insultado” dijo- ante la idea de que durante su estancia se llevara a votación un anhelo que se podría convertir en letra legitimadora de un expolio.
Claro está, el gobierno de Trump trata de parecer en desacuerdo ante los desatinos de fanáticos religiosos en Israel para salvaguardar así su imagen de ‘pacifista’ y ‘hacedor’ del acuerdo de alto al fuego entre las Fuerzas de Defensa Israelíes y Hamás, pero es bien conocido que detrás de cortinas se codean con el Sionismo y sus ambiciones.
Voluntades legislativas similares se han dado siempre en ese país medioriental. Lo de ahora solo es continuidad y materialización paulatina de los sueños de religiosos fundamentalistas y extremistas que trabajan – también- en favor de las agendas promovidas por el capital internacional para que, a través de la anexión de tierras, den salida a sus intereses de inversión y de especulación. ¿Qué dice el proyecto? El mismo alega: “el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento en Judea y Samaria, para establecer el estatus de estas áreas como parte inseparable del Estado soberano de Israel”; letras estas respaldadas en voto reñido por 25 parlamentarios a favor, ante 24 en contra. Un margen nada amplio como para indicar una indiscutible ventaja, pero difícil de revertir según el desarrollo de los acontecimientos desde que existe el actual gabinete.
Para que nadie piense que todo esto es pura improvisación (nada lo es entre fanáticos que se creen elegidos y con un ‘destino manifiesto’), un antecedente no desestimable resulta la ampliación en 2024 de la Ley de Renovación Urbana hacia los asentamientos en territorios palestinos, bajo la orden “Autoridad Gubernamental para la Renovación Urbana en Judea y Samaria”, que instituye el impulso de proyectos de construcción de vivienda de alta intensidad, con exenciones fiscales, en Cisjordania.
La subestimación del peligro de un Ministro de Finanzas como Bezalel Smotrich – del Partido Sionismo Religioso – ha estado dibujando la mayor cruz que tendrá que cargar el pueblo palestino en su reconquista (casi perdida) territorial. Sus planes persiguen: modificación del sistema de control y supervisión de construcciones palestinas; destino de unos 1000 millones de NIS (unidad monetaria israelí) para la seguridad en las tierras anexadas; otros miles de millones para la construcción de carreteras; entre otras medidas. Siendo la más reciente pretensión legislativa, la discutida a finales de octubre de 2025, la pavimentación de un camino expedito para los colonos en la adquisición de “propiedad” sobre las tierras árabes- palestinas que ocupen.
El cronograma de Smotrich – como si fuese poco – persigue transferir todos los asuntos de gestión de asentamientos de las autoridades militares a funcionarios civiles (en violación al derecho internacional): “transferencia del poder del ejército a una administración bajo el ministro y el nombramiento de un “Diputado Civil” que recibe los poderes del Jefe de la Administración Civil en relación con los asentamientos.” Claro está, esta ‘transferencia’ blanquea la cualidad de tierra en disputa, arrebatada bajo el uso de la fuerza y el despojo, y traspasada a regencia pacífica (civil), como sello de una legitimidad (impuesta). No debe pasarse por alto que Smotrich (quien es un colono) no solo encabeza la cartera de Finanzas, también ostenta autoridad en la Administración Civil y la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios palestinos, cuya tarea especial es supervisar los asentamientos de israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este; es un hombre obsesionado con ello y su “misión” en el gabinete no tiene otro fin. Por eso, abiertamente ha afirmado ideas como: “Por cada país que reconozca unilateralmente un Estado palestino, estableceremos un asentamiento”; de hecho, triunfó en la aprobación en junio de 2024 de su proyecto de legalización de cinco nuevos asentamientos, con prospectiva de sumar 1 millón de nuevos colonos.
Incluso, ha logrado financiamiento del Ministerio de Agricultura (por vez primera) para llevar a cabo sus planes, los cuales incluyen – además- arrebatar a los palestinos tierras cultivables o bajo proyectos agrícolas, así como eliminar la llamada Línea Verde, que es la Línea de Armisticio del año 1949, instituida una vez proclamado el Estado de Israel.
¡Así van las cosas en la tierra de Jesús de Nazaret!: desalojos, demoliciones de viviendas, guetos, campos de refugiados, destrucción de cultivos, obstáculos para el trabajo digno, persecución, arrestos, asesinatos y mucho más. Solo para abrir más los ojos se ha destapado un nuevo escándalo de tortura a prisioneros palestinos en cárceles de los genocidas. Y todo, absolutamente todo, en proceso de “legalización” o legitimación por quienes dirigen la política en la autoproclamada y ampliamente cuestionable “única democracia del Medio Oriente”.
No es solo Gaza, también es Cisjordania. La concentración mediática y de esfuerzos sobre la Franja solo ha allanado el camino para que el Sionismo deje de ser un anhelo y sea más un hecho material. Ante esto, ni Hamás, ni la Autoridad Palestina tienen hoy las soluciones para que el pueblo que supuestamente representan alcance verdadera soberanía territorial, libertad y dignidad. La única vía posible es un cambio estructural radical en las instituciones internacionales, cambio que garantice – así sea por la fuerza – el fin del colonialismo en tierras palestinas y la declaración íntegra de un Estado independiente sobre ellas. De no hacerse, el derecho internacional seguirá en sumisión al poder del mejor postor.
