La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La segunda vuelta presidencial de Perú ha entrado en una fase de máxima tensión institucional después de que Juntos por el Perú, partido de Roberto Sánchez, presentara recursos de nulidad para intentar invalidar 2.400 mesas de votación en las que, en su mayoría, Keiko Fujimori obtuvo más respaldo que su rival. Según El Comercio, la organización ha dirigido sus recursos contra 1.751 mesas en territorio peruano y 649 mesas en el extranjero, en plena disputa voto a voto por la Presidencia.
El recurso inicial fue presentado por Carlos Zafra Flores, personero legal de Juntos por el Perú, ante el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. El argumento central de la agrupación es la supuesta existencia de “patrones de repetición exacta” en los resultados de determinadas mesas, lo que el partido interpreta como indicio de una adulteración sistemática de actas. La acusación se formula en un momento especialmente sensible: con el escrutinio prácticamente cerrado, la diferencia entre ambos candidatos se mueve en márgenes mínimos.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales situaba a Keiko Fujimori con el 50,002 % y a Roberto Sánchez con el 49,998 % al 98,243 % de actas escrutadas, según el diario oficial El Peruano. La misma información precisaba que el voto exterior ya había sido escrutado al 100 % en 2.506 mesas instaladas fuera del país, con ventaja para Keiko y sin que se registraran contratiempos en ese proceso según la información oficial difundida por las autoridades electorales.
La dimensión política del conflicto se agrava por el peso del voto exterior. En una elección definida por milésimas, el respaldo de los peruanos residentes fuera del país ha resultado decisivo para la remontada de Fujimori, especialmente en Estados Unidos, donde la candidata de Fuerza Popular obtuvo una ventaja amplia sobre Sánchez. El País cifró el apoyo exterior a Fujimori en el 63,42 %, frente al 36,57 % de Sánchez, mientras que dentro del territorio nacional Sánchez mantenía ventaja.
El debate supera así la mera aritmética electoral. La controversia enfrenta dos legitimidades políticas: la del voto emitido por los ciudadanos residentes en el país y la del sufragio de la diáspora peruana. En una nación marcada por la emigración, las remesas y los vínculos familiares transnacionales, cuestionar el voto exterior abre una grieta profunda entre quienes viven las consecuencias cotidianas del Gobierno dentro de Perú y quienes, desde fuera, conservan nacionalidad, derechos políticos y relación económica con su país de origen.
La judicialización no procede solo de Juntos por el Perú. Fuerza Popular también ha presentado recursos de nulidad en Puno, una de las regiones donde Roberto Sánchez obtuvo un respaldo abrumador. Según Infobae, el fujimorismo pidió invalidar mesas e incluso locales de votación completos alegando que sus personeros habrían sido impedidos de ingresar durante la instalación de las mesas. En Puno, con el 99 % de actas contabilizadas, Sánchez alcanzaba el 86,422 % de los votos válidos frente al 13,578 % de Fujimori.
El cruce de nulidades coloca al Jurado Nacional de Elecciones y a los Jurados Electorales Especiales ante una presión creciente. Cada recurso tendrá que ser evaluado con criterios jurídicos, pruebas individualizadas y respeto al principio de conservación del voto. En procesos tan ajustados, la anulación de un número reducido de mesas puede modificar el resultado final, pero admitir nulidades masivas sin una acreditación sólida también dañaría la confianza pública en el sistema electoral.
La situación recuerda a Perú que su crisis no es solo electoral, sino institucional. Tras años de presidentes destituidos, parlamentos fragmentados, enfrentamientos entre poderes del Estado y erosión de la confianza pública, la segunda vuelta de 2026 vuelve a situar al país ante una disputa donde el resultado político depende tanto del conteo como de la capacidad de las instituciones para resolver impugnaciones sin alimentar una fractura mayor.
En clave iberófona, Perú vuelve a mostrar una de las tensiones centrales de Hispanoamérica: elecciones muy polarizadas, desconfianza hacia los árbitros, peso creciente de las diásporas y litigios postelectorales convertidos en campo de batalla político. La proclamación final no solo determinará quién ocupará la Presidencia, sino también con qué legitimidad inicial podrá gobernar un país agotado por la inestabilidad.
Fuentes: El Comercio, El Peruano, El País, La República, Infobae.
