Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
La imagen más sencilla para entender el auto del juez José Luis Calama es la de una maquinaria con tres engranajes: un problema empresarial, una puerta política y una factura privada. El problema empresarial era Plus Ultra, una aerolínea necesitada de financiación pública en plena crisis. La puerta política, según la hipótesis judicial, era el acceso a antiguos altos cargos, ministerios, autoridades administrativas y contactos extranjeros. La factura privada era el mecanismo que, presuntamente, permitía convertir esa capacidad de influencia en dinero aparentemente legal.
El auto de Calama sitúa a José Luis Rodríguez Zapatero como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, le cita a declarar el 2 de junio de 2026 y ordena nuevas diligencias para buscar pruebas documentales, societarias, contables y digitales. La presunción de inocencia sigue intacta. Pero la estructura que describe la resolución judicial es políticamente devastadora porque permite entender cómo puede funcionar una trama de poder sin necesidad de que el personaje central aparezca siempre firmando, cobrando directamente de la empresa interesada o llamando personalmente a cada despacho.
Según el auto, la presunta trama no funcionaba como una ventanilla única donde alguien paga un soborno y recibe una resolución. Era algo más sofisticado: una red de intermediarios, sociedades de asesoría, contactos políticos, contratos genéricos, informes, facturas y transferencias. La influencia no se presentaba como influencia. Se vestía de consultoría, de análisis internacional, de acompañamiento empresarial, de asesoramiento estratégico. Ese es precisamente el punto delicado del caso: la frontera entre una asesoría legítima y una compraventa encubierta de acceso al poder.
El juez sostiene que las diligencias practicadas permiten afirmar, en esta fase indiciaria, la existencia de una estructura organizada y estable dirigida por Zapatero, orientada a ejercer influencias ante autoridades nacionales y extranjeras para obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas para terceros. En esa arquitectura, el auto coloca al expresidente en el vértice; a Julio Martínez Martínez como operador de clientes y encargos; a María Gertrudis Alcázar como pieza documental; y a Cristóbal Cano como gestor del entramado societario y de la facturación.
La mecánica, presuntamente, empezaba con una necesidad concreta. Plus Ultra buscaba financiación. Primero intentó vías bancarias y créditos ICO. Después, con la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, la posibilidad de recibir dinero público pasó a depender de un expediente administrativo que exigía contactos, informes, valoración de viabilidad y decisión política final. En ese contexto aparecen conversaciones sobre cómo “llegar” a determinados responsables, cómo tocar puertas y cómo activar a personas capaces de mover el expediente.
El auto recoge una cronología que empieza en marzo de 2020, cuando Rodolfo Reyes, vinculado a Plus Ultra, busca acceso político para llegar a las ayudas. La primera vía apuntaba al entorno de José Luis Ábalos y Koldo García; la segunda, al entorno de Zapatero, a través de Ramón Gordils, Manuel Fajardo y después Julio Martínez Martínez. Lo relevante no es solo que hubiera contactos, sino que los contactos aparecen acompañados de expresiones sobre pagos, favores, presión administrativa y expectativa de éxito.
El segundo engranaje era el acceso institucional. Plus Ultra necesitaba que su expediente fuera bien recibido por la administración. Según la resolución, el 22 de julio de 2020 directivos de la compañía fueron recibidos por Pedro Saura y Francisco Ferrer, dentro del ámbito del Ministerio de Transportes. En las comunicaciones recogidas por el auto se habla de “altas recomendaciones” y de que el papel del ministerio sería “hablar bien” de la compañía, mientras Rodolfo Reyes resume la situación señalando que Zapatero estaba detrás.
La frase es importante porque muestra cómo entendían los propios interlocutores la operación: no como una simple consultoría técnica, sino como una gestión de influencia. En paralelo, la compañía firma el 30 de julio de 2020 un contrato con Análisis Relevante SL, sociedad vinculada a Julio Martínez Martínez, por 5.000 euros mensuales más IVA, hasta un total de 72.600 euros. La coincidencia temporal entre reunión institucional, activación del fondo público y contratación privada es uno de los elementos que el juez utiliza para armar su auto.
El tercer engranaje era convertir la influencia en facturación. Esta es la parte más fácil de explicar y, al mismo tiempo, la más compleja de probar judicialmente. Una empresa puede contratar asesoría, informes o servicios de análisis. Eso no es delito. El problema aparece cuando esos contratos son genéricos, intercambiables, sin contenido real acreditado, emitidos por sociedades sin medios suficientes o vinculados temporalmente a gestiones ante la administración. Entonces la factura deja de parecer el pago por un servicio y empieza a parecer la cobertura de otra cosa.
El auto atribuye a Análisis Relevante un papel central: recibir fondos procedentes de varias sociedades —principalmente Plus Ultra, pero también Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva— y redistribuirlos hacia el entorno de Zapatero y Whathefav. La resolución sostiene que su actividad no respondería a una lógica empresarial autónoma, sino a un patrón de recepción y redistribución de recursos coincidente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas.
Aquí aparece una de las ideas más importantes del caso: la trama, de existir, no cobraría solo por conseguir una resolución; cobraría por estar situada cerca del poder. El servicio no sería un informe, una presentación o una nota de análisis. El servicio real sería el acceso: saber a quién llamar, cuándo presionar, quién puede desbloquear un expediente, qué ministro puede escuchar, qué autoridad extranjera puede abrir una vía, qué sociedad puede emitir la factura y qué otra puede recibir el dinero.
La resolución sostiene que Whathefav SL, administrada formalmente por las hijas de Zapatero, actuaría como sociedad finalista: recibiría fondos de clientes y sociedades instrumentales, generaría facturación genérica y redistribuiría pagos hacia el entorno del expresidente. El auto describe facturas bajo conceptos amplios, servicios de agencia y funciones de maquetación o difusión de informes, pero cuestiona que esa actividad tuviera una lógica empresarial ordinaria independiente.
El esquema económico que dibuja Calama tiene forma de circuito. Plus Ultra paga directamente a sociedades del entorno de Julio Martínez Martínez. Otras sociedades pagan también a Análisis Relevante, Whathefav o Gate Center. Después, parte de esos fondos termina, según el auto, en Zapatero, Whathefav o cuentas vinculadas al entorno familiar. La importancia de este circuito está en que el dinero no viajaría siempre en línea recta. Iría rebotando entre entidades, contratos y conceptos para adquirir apariencia de normalidad mercantil.
El auto cifra pagos directos de Plus Ultra al entorno societario de Julio Martínez Martínez por 598.910 euros, además de pagos indirectos a través de Caletón Consultores y Summer Wind por 382.602 euros. También identifica pagos procedentes de sociedades sin relación aparente con Plus Ultra, como Inteligencia Prospectiva, Sofgestor y Grupo Aldesa. Según la resolución, Inteligencia Prospectiva movió 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025 pese a carecer de ingresos reales relevantes, y habría canalizado fondos hacia Análisis Relevante, Whathefav y Gate Center.
La cifra políticamente más sensible aparece en los beneficiarios finales: el auto sostiene que Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav. La resolución añade que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante, procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Sofgestor y Grupo Aldesa, terminaron en el entorno del expresidente.
La trama, tal como la describe el juez, tenía además una ventaja estructural: cada pieza podía negar que conocía el conjunto. El empresario podía decir que contrataba asesoría. El intermediario podía decir que prestaba servicios. La sociedad podía decir que facturaba. El político podía decir que mantenía contactos institucionales normales. La secretaria podía decir que gestionaba documentos. El financiero podía decir que pagaba facturas. El resultado era una cadena donde cada eslabón parecía tener una explicación parcial, pero donde el conjunto, según el auto, revelaría una finalidad distinta.
La parte de la SEPI añade otro elemento de gravedad. No se trata únicamente de que Plus Ultra recibiera una ayuda pública de 53 millones de euros. Se trata de si hubo conocimiento anticipado, presión o acceso privilegiado durante la tramitación. El auto recoge que Julio Martínez Martínez felicitó anticipadamente a responsables de Plus Ultra por la concesión de la ayuda el 26 de febrero de 2021, antes de la reunión del Consejo Gestor del FASEE del 2 de marzo y antes de la aprobación definitiva del Consejo de Ministros del 9 de marzo.
Ese punto es esencial para cualquier lector. Una cosa es contratar a un consultor que ayuda a preparar documentos. Otra muy distinta es que alguien, desde fuera del procedimiento, parezca conocer antes de tiempo el sentido de una decisión administrativa aún no adoptada formalmente. Si esa información procedía de contactos internos o de canales de influencia, la operación cambia de naturaleza: ya no hablamos de asesoramiento, sino de acceso privilegiado al Estado.
El auto también aborda la situación de Plus Ultra ante la Seguridad Social. La compañía debía cumplir requisitos para recibir fondos públicos. La resolución recoge dudas sobre su situación patrimonial y sobre la existencia de deuda aplazada con la Tesorería General de la Seguridad Social, elemento que podía afectar a su elegibilidad. Esta parte refuerza la sospecha judicial: si la empresa presentaba dudas técnicas o económicas, la influencia política habría tenido más valor. Cuanto más difícil era el expediente, más rentable podía ser la puerta de entrada.
La conexión venezolana amplía el caso más allá del rescate español. Según el auto, la red habría actuado también ante autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, con el mayor general Juan Manuel Teixeira Díaz como interlocutor. Allí se trataban problemas operativos, deudas, permisos de vuelo y autorizaciones. En ese plano, Manuel Fajardo aparece como enlace venezolano del entorno de Zapatero y como pieza que conecta la aerolínea con la supuesta red.
Esta dimensión venezolana no es decorativa. Plus Ultra tenía una relación especialmente relevante con Venezuela, y Zapatero había acumulado durante años un capital político propio en ese país. El auto convierte esa relación en una pieza funcional: contactos, conocimiento del terreno, interlocución con autoridades y capacidad de resolver obstáculos. La supuesta trama no vendería solo influencia en España; vendería una agenda internacional, especialmente allí donde el nombre de Zapatero podía abrir puertas.
Aparece, además, un nuevo elemento: una sociedad en Dubái como instrumento de posible blanqueo. Según la resolución, siguiendo instrucciones de Zapatero, se habría creado al menos una sociedad offshore, Landside Dubai Fzco participada por Idella Consulenza Strategica. El auto relaciona esa sociedad con un contrato de Idella con Plus Ultra para cobrar el 1% del rescate, unos 530.000 euros, y señala la proximidad temporal entre el contrato, las gestiones para constituir la sociedad y la ausencia de pagos en España.
La lógica que plantea el juez es comprensible: si un cobro ligado al rescate no aparece en España, pero al mismo tiempo se activa una estructura en Dubái vinculada al operador que debía cobrar ese porcentaje, la hipótesis de canalización exterior gana fuerza. No prueba por sí sola el delito, pero justifica investigar si se creó una pantalla internacional para esconder el origen, destino o beneficiario real del dinero.
El auto, por tanto, dibuja una trama de cuatro fases. Primera fase: captación del cliente necesitado, en este caso Plus Ultra, una compañía con problemas financieros y necesidad de ayuda pública. Segunda fase: apertura de puertas, mediante contactos con ministerios, SEPI, entorno de Ábalos, Zapatero, Fajardo y autoridades venezolanas. Tercera fase: formalización mercantil, mediante contratos de asesoría, informes, facturas y sociedades. Cuarta fase: redistribución del dinero, con pagos directos, pagos indirectos, sociedades interpuestas, cuentas vinculadas y posibles estructuras exteriores.
El carácter presunto de todo el esquema no rebaja su importancia política. Al contrario: obliga a mirar el caso con precisión. La defensa podrá alegar que hubo servicios reales, que las reuniones eran legítimas, que los pagos respondían a actividades profesionales y que muchas frases proceden de terceros hablando entre sí. Todo eso tendrá que examinarse. Pero el auto no se apoya en una sola conversación ni en una sola factura. Su fuerza está en la acumulación: fechas, mensajes, reuniones, pagos, sociedades, informes, intermediarios y beneficiarios.
La pieza más incómoda es que el caso no habla de corrupción de baja intensidad. No describe una mordida local, una licencia municipal o una adjudicación menor. Habla de un expresidente del Gobierno, una ayuda pública de decenas de millones, una aerolínea con conexiones internacionales, contactos ministeriales, el entorno de la SEPI, autoridades venezolanas, sociedades españolas y una posible estructura en Dubái. Es decir, habla del punto exacto donde se cruzan Estado, empresa, diplomacia informal y dinero privado.
El problema de fondo es la privatización del acceso al poder. Cuando alguien que ha ocupado la Presidencia del Gobierno conserva una agenda institucional, una red diplomática y una capacidad de interlocución extraordinaria, esa posición puede convertirse en activo económico. La frontera ética aparece cuando el prestigio público, los contactos acumulados y la autoridad política residual se transforman en una mercancía: se empaqueta como asesoría, se factura como informe y se cobra como servicio estratégico.
El auto de Calama describe precisamente esa zona gris. No dice simplemente que Zapatero conociera a personas importantes. Todos los expresidentes las conocen. No dice simplemente que cobrara por conferencias o asesorías. Muchos exmandatarios lo hacen. Lo que plantea es otra cosa: que habría existido una estructura organizada donde esos contactos se habrían utilizado para obtener resoluciones favorables y donde los pagos se habrían canalizado mediante sociedades instrumentales para ocultar su verdadera causa.
En un país normal, esta investigación tendría que abrir un debate mucho más amplio sobre las puertas giratorias de los expresidentes, los contratos de asesoría política, la opacidad de las consultoras de influencia y el uso de sociedades familiares o instrumentales para facturar relaciones de poder. El caso Plus Ultra, según el auto, no sería solo un expediente administrativo discutible; sería una radiografía de cómo una red privada puede intentar capturar valor económico a partir de relaciones construidas durante años en el corazón del Estado.
La presunta trama funcionaba, en términos simples, de esta manera: una empresa necesitaba algo del Estado; unos intermediarios ofrecían llegada; una figura política daba valor a esa llegada; unas sociedades emitían facturas; el dinero circulaba por varias entidades; y una parte acababa en el entorno del vértice de la red. Esa es la arquitectura que el juez intenta probar. Esa es también la razón por la que el caso resulta tan grave: porque no se limita a preguntar si una ayuda pública fue correcta, sino si alrededor de esa ayuda se activó una economía privada de influencia política.
La instrucción determinará qué parte de esta hipótesis se confirma y qué parte cae. Pero el auto ya deja una lección institucional difícil de esquivar: el poder no siempre cobra en sobres, ni siempre firma órdenes, ni siempre deja instrucciones explícitas. A veces cobra en contratos de asesoría, en sociedades aparentemente inocuas, en informes genéricos, en reuniones discretas, en llamadas que otros hacen por él y en transferencias que recorren un camino suficientemente largo para parecer normales.
Fuentes: Auto de 18 de mayo de 2026 del juez José Luis Calama Teixeira, Diligencias Previas 77/2024; cédula de citación a José Luis Rodríguez Zapatero; fundamentos sobre hechos investigados, canalización de fondos, beneficiarios finales, conexión venezolana y diligencias de entrada y registro.
