La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La concentración realizada este 29 de marzo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana reunió a centenares de personas en una convocatoria impulsada por “Unión del Pueblo 29” y el colectivo “Solo el pueblo salva al pueblo” con una total ausencia de medios de comunicación. El acto, desarrollado de forma pacífica y con una notable presencia policial, volvió a situar el caso de la riada del 29 de octubre de 2024 en el centro del debate público, pero con un desplazamiento claro del foco: de la gestión de la emergencia a la actuación de la justicia.
El desarrollo de la concentración siguió una secuencia marcada porintervenciones de víctimas directas, familiares, voluntarios y representantes legales. No se trató de una movilización centrada en la reconstrucción de los hechos —asumidos ya por los asistentes—, sino en lo que consideran las consecuencias posteriores:la gestión del relato, la actuación institucional y el curso de la investigación judicial.
Uno de los bloques más explícitos del acto se centró en la denuncia de manipulación dentro del propio movimiento de víctimas. Una de las intervinientes relató su experiencia tras integrarse en una asociación tras la pérdida de un familiar, situando el problema en la influencia de estructuras vinculadas a partidos políticos.
Según su testimonio, reproducido durante la concentración:“Me asocié pensando que se buscaba la verdad y me di cuenta enseguida de que lo que querían era llevarnos como marionetas”.
Esa afirmación no se presentó como un episodio aislado, sino como parte de un conflicto más amplio entre distintos grupos de afectados. La misma interviniente vinculó esa dinámica a la imposición de líneas discursivas cerradas dentro de algunas asociaciones, señalando que quienes no se ajustaban a ellas quedaban desplazados del espacio público del propio movimiento.
A partir de ese punto, el relato colectivo avanzó hacia un eje central que atravesó toda la concentración: la indefensión de las víctimas ante el Estado. No se planteó como una crítica circunscrita a una administración concreta, sino como una experiencia acumulada que afecta a distintos niveles institucionales.
Esa percepción se expresó con una frase que sintetiza el sentimiento compartido: “Más de medio millón de valencianos estuvimos abandonados a nuestra suerte durante días”.
El argumento que se desprende de este bloque no se limita a la falta de respuesta inmediata durante la emergencia, sino que se extiende a la ausencia de mecanismos eficaces de protección en los días posteriores. Los testimonios apuntan a una combinación de descoordinación operativa y ausencia de decisiones que, según los asistentes, agravaron el impacto de la catástrofe.
En ese contexto, la concentración insistió en una idea clave: el caso no puede entenderse como un fenómeno exclusivamente valenciano. Durante las intervenciones se recordó que la dana afectó también a otros territorios, como Castilla-La Mancha y que algunas de las decisiones cuestionadas —infraestructuras, alertas, coordinación— dependen de estructuras estatales.
Ese planteamiento amplía el alcance del conflicto: de una crisis territorial a una cuestión de funcionamiento del Estado en su conjunto. La consecuencia directa es la exigencia de que la investigación no se limite a un ámbito autonómico ni a un número reducido de responsables.
Es en ese punto donde el acto se concentró de forma más intensa en la actuación judicial.
Las críticas se dirigieron directamente a la jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, y al desarrollo del procedimiento en el juzgado de Catarroja. El reproche principal no se formuló en términos técnicos y en la orientación general de la instrucción.
Según los intervinientes, determinadas líneas de investigación no estarían siendo abordadas, lo que, a su juicio, limita el alcance real del proceso. La idea se expresó de forma reiterada durante el acto: la investigación estaría avanzando sobre un marco previamente delimitado.
Dentro de ese bloque, el elemento más controvertido fue la denuncia de posibles irregularidades en sala. Varios testimonios afirmaron que el marido de la jueza habría estado presente e interviniendo en declaraciones judiciales, una cuestión que constituye uno de los pilares de la querella presentada contra la magistrada.
Esa querella, impulsada por el abogado Rubén Gisbert, ha sido inadmitida por el TSJCV, pero —y este fue uno de los puntos clave subrayados durante la concentración— ya ha sido recurrida, manteniendo abierto el procedimiento.
La estrategia jurídica pasa ahora por ese recurso, en el que la acusación sostiene que la inadmisión no ha sido suficientemente exhaustiva en la valoración de los elementos aportados. Entre ellos, según se explicó, se incluyen grabaciones y testimonios que apuntarían a irregularidades en el desarrollo de las diligencias.
La figura de Gisbert apareció en el acto como eje de la acción judicial por el papel que desempeñado en la articulación del caso. Según explicó durante su intervención, el objetivo no es reorientar la causa hacia un responsable concreto, sino ampliar el marco de investigación para abarcar toda la cadena de decisiones.
Ese planteamiento conecta con la tesis general de la concentración: la riada no fue un fallo puntual, sino el resultado de una suma de omisiones en distintos niveles del Estado.
El acto concluyó sin incidentes, con un minuto de silencio y un llamamiento a mantener la presión social. No hubo cambios sustanciales en el discurso respecto a convocatorias anteriores, pero sí una consolidación del enfoque: el conflicto ya no se limita a lo ocurrido el 29 de octubre, sino que se centra en lo que ha sucedido después.
La posición de los convocantes quedó fijada sin ambigüedades: no están impugnando un resultado, sino denunciando que la investigación está limitada de origen y que deja fuera partes esenciales de la cadena de responsabilidades. En ese punto sitúan el conflicto: en una instrucción que, a su juicio, no busca esclarecer lo ocurrido en su totalidad, y cuyo recorrido marcará el alcance real de la verdad judicial en las próximas semanas.
