La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió recientemente que el decomiso de bienes en causas de corrupción debe reflejar una recuperación patrimonial efectiva para el Estado. Esta decisión refuerza el proceso iniciado respecto a 111 inmuebles considerados parte de maniobras ilícitas, de los cuales una veintena pertenecen a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y están vinculados al caso denominado Vialidad.
El criterio fijado por el máximo tribunal penal estableció un precedente para una segunda etapa de decomisos solicitada por el fiscal Diego Luciani. Entre las propiedades bajo análisis se encuentran el departamento San José 1111 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el hotel Alto Calafate en la provincia de Santa Cruz. El fallo indica que no es congruente dictar una condena penal permitiendo que los efectos económicos del delito persistan, por lo que el decomiso cumple la función de recuperar activos y enviar un mensaje claro sobre la ilicitud cometida.
En la nueva solicitud ante el Tribunal Oral Federal 2, la fiscalía pretende ampliar el decomiso a 141 inmuebles, incluyendo sociedades relacionadas con la familia Kirchner, allegados y la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez. También se incluyen vehículos, sumas en moneda extranjera y depósitos bancarios de alto valor. El objetivo es alcanzar una suma estimada en 685.000 millones de pesos, identificada judicialmente como el perjuicio económico causado al Estado nacional en un plan sistemático de direccionamiento de licitaciones y sobreprecios entre 2003 y 2015.
La metodología establecida por el tribunal considera que cualquier bien incorporado al patrimonio de los condenados desde mayo de 2003 hasta diciembre de 2015 está sujeto a ejecución patrimonial. Se ha procedido a recabar documentación sobre los inmuebles y otros activos, notificando a las partes para que expresen su posición antes de la resolución final.
Varios inmuebles y sociedades señalados enfrentan procesos judiciales independientes, como la causa Los Sauces-Hotesur, relacionados con presunto lavado de activos. Una vez finalizada la tramitación y obtenidas resoluciones firmes, el Tribunal Oral Federal 2 avanzará con las medidas patrimoniales solicitadas.
