Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
Hay espectáculos nauseabundos, como el de los buitres disfrazados de palomas.
Cuando la naturaleza descargó su furia sobre la región valenciana, arrasando vidas y desolando paisajes, muchos creyeron asistir al nacimiento de una épica del dolor ciudadano. Qué ilusos. Lejos de los voluntarios y de aquellos que demostraron no tener pelos en el corazón descubrimos, entre el barro y los cadáveres, a las hienas de dos patas pululando: asociaciones politizadas convertidas en agencias de empleo, políticos mercadeando con el llanto ajeno y una judicatura que parece erigirse en muro de contención de cualquier atisbo de justicia.
Lo que la concentración del pasado 29 de marzo ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha puesto de manifiesto, pese a la ocultación de los grandes medios, es que la tragedia de la riada ha devenido un cainíta coto privado donde el único pecado imperdonable es pensar por cuenta propia. Conmueve especialmente, el testimonio de una mujer que tras perder a un ser querido, se acercó a una de esas cofradías del dolor travestidas de ayuda humanitaria esperando encontrar ayuda y se topó con una fábrica de títeres: “Me asocié pensando que se buscaba la verdad y me di cuenta enseguida de que lo que querían era llevarnos como marionetas”. Es lo peor de la condición humana, teóricos defensores de víctimas que balan al unísono el mantra que les dicta la sede del partido de turno. La bajeza moral no tiene límites cuando se trafica con el sufrimiento de quien aún huele a lágrima reciente.
Pero no nos engañemos: estas comparsas de oportunistas no existirían si el Estado no hubiera mostrado su faz más indecente. La frase que retumbó entre los asistentes —“Más de medio millón de valencianos estuvimos abandonados a nuestra suerte durante días”— es la losa que sepulta cualquier coartada institucional. No hubo riada que colapsara la Generalitat, ni lluvia que pudiera anegar la mesa de crisis del Gobierno central. Lo que hubo fue desdén, descoordinación y, sobre todo, la certeza miserable de saber que para esta mierda de casta política los muertos son meros datos estadísticos. Y si el Estado brilla por su ausencia en la gestión de la catástrofe, su ausencia es aún más clamorosa cuando toca depurar responsabilidades. Porque señalar a los verdaderos culpables —los que diseñaron infraestructuras suicidas, los que silenciaron las alertas, los que prohibieron actuar a los voluntarios, los que impidieron intervenir al ejército, la policía y la Guardía Civil, los que miraron a otro lado mientras el agua se llevaba por delante pueblos enteros— supondría poner el dedo en la llaga del sistema. Y eso, amigos, es pecado mortalen esta España de caciques disfrazados de demócratas.
Llegamos así al nudo de la podredumbre.
Lo que este colectivo de afectados denuncia —y que a usted, lector de prensa seria, le ocultan— es una instrucción judicial hecha a la medida. Porque denuncian un procedimiento que no investiga, sino que archiva; que no interroga, sino que silencia; que no busca la verdad, sino que la cercena. Y la guinda del pastel: un conchabaeo familiar en medio de las actuaciones judiciales. Para los afectados hemos regresado al Antiguo Régimen, donde la toga era patrimonio familiar y la justicia un negocio de herencias.
Según Rubén Gisbert —un jurista que tiene el coraje de plantar cara al sistema— la querella presentada ha sido inadmitida con la excusa más burda: “no hay elementos suficientes”. Es decir, el Tribunal se lava las manos sin tan siquiera examinar las grabaciones y testimonios que podrían acreditar, o no, todo el piélago de irregularidades denunciadas. Soberbia de quien se pretende impune.
Así pues, este es el paisaje: unas asociaciones que prostituyen el dolor a cambio de prebendas políticas, un Estado que abandona a sus ciudadanos, una jueza que “dirige” la instrucción, nunca mejor dicho, y millares de personas despreciadas, utilizadas, ninguneadas y abandonadas por quienes deberían ser los garantes de su seguridad.
Los centenares de personas que se congregaron ante el TSJV no son una turba airada; son el espejo de una nación que asiste, impotente, a la mayor operación de encubrimiento de su historia reciente. Pero cuidado: cuando la paciencia se agota, hasta las marionetas pueden cortar los hilos. Quienes hoy trafican con las víctimas, quienes las manipulan y quienes las ningunean, deberían empezar a temblar. La verdad, por más que la entierren, siempre acaba brotando. Y cuando lo haga, arrasará con todo.
