La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El balance se mantiene en 920 muertos mientras llegan vuelos de ayuda y persisten apagones
Venezuela ha entrado en una nueva fase de la emergencia desencadenada por los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el miércoles 24 de junio: la búsqueda de supervivientes continúa, pero el Estado ha endurecido el control de accesos a La Guaira, el territorio más castigado, para facilitar el paso de maquinaria pesada, ambulancias y equipos especializados.
El último balance oficial se mantiene en 920 fallecidos y 3.360 heridos, sin que se hayan comunicado por ahora nuevas cifras consolidadas de víctimas. La prioridad sigue siendo localizar y extraer a quienes permanecen bajo los escombros de edificios derrumbados en La Guaira y Caracas, en una operación que ya supera las 72 horas desde la sacudida principal.
El Gobierno venezolano ha informado de la llegada de 17 vuelos con más de 1.600 integrantes de equipos internacionales de rescate, mientras espera otros 25 vuelos durante las próximas horas. A los equipos venezolanos se han sumado contingentes de distintos países, incluidos grupos especializados en rescates urbanos, personal sanitario, ingenieros, unidades caninas y maquinaria para intervenir en estructuras colapsadas.
La afluencia de ayuda exterior marca un cambio relevante respecto a las primeras horas de la catástrofe, cuando vecinos, familiares y voluntarios denunciaban que en varios puntos de La Guaira las tareas de búsqueda se realizaban con medios precarios, sin suficiente maquinaria pesada y con una presencia institucional limitada. La llegada de equipos internacionales aumenta la capacidad de rescate, pero también obliga a ordenar una zona donde las carreteras, los accesos y los servicios siguen profundamente alterados.
Por ese motivo, las autoridades han restringido el tránsito entre Caracas y La Guaira. Los civiles que no formen parte de dispositivos oficiales de rescate, emergencia o asistencia humanitaria deberán contar con acreditación para atravesar los controles. La medida busca evitar que la congestión impida el paso de ambulancias, camiones, grúas, equipos de desescombro y convoyes de ayuda.
El despliegue incluye alrededor de 14.000 efectivos militares y policiales en La Guaira. Su misión oficial combina la seguridad, la vigilancia de las zonas dañadas, el control de rutas, la protección de instalaciones y el apoyo a las operaciones sanitarias y de rescate. En algunos sectores se han registrado saqueos, un factor añadido de tensión en una zona donde miles de personas han perdido viviendas, comercios, vehículos y acceso estable a servicios básicos.
El problema eléctrico sigue siendo uno de los principales obstáculos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha asegurado que se ha recuperado aproximadamente el 60% del suministro nacional, aunque persisten apagones severos en La Guaira y en el entorno de Morón, cerca de la zona de impacto. La falta de electricidad afecta a hospitales, comunicaciones, bombeo de agua, distribución de combustible, alumbrado de emergencia y operaciones logísticas.
La situación energética también condiciona la actividad industrial. El Gobierno venezolano sostiene que la producción petrolera no ha sufrido daños directos por los terremotos y que la distribución de combustibles está garantizada. Sin embargo, la falta de electricidad ha ralentizado operaciones en instalaciones clave, entre ellas la refinería de El Palito y el complejo petroquímico de Morón. El riesgo inmediato no está tanto en una interrupción de la extracción de crudo como en la fragilidad de la red eléctrica, el refino, los puertos y la distribución interna.
La crisis tiene además una dimensión internacional creciente. Estados Unidos ha anunciado 150 millones de dólares en ayuda y el envío de medios militares para apoyo humanitario, evacuaciones médicas y logística. Naciones Unidas estima que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas, incluidas alrededor de dos millones en Caracas. La Organización Internacional para las Migraciones ha señalado como necesidades prioritarias el alojamiento de emergencia, agua potable, saneamiento, atención sanitaria, protección y suministros básicos.
España mantiene activados sus dispositivos de respuesta. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado cinco españoles fallecidos, 133 ciudadanos no localizados y 14 personas localizadas bajo los escombros. Equipos españoles, entre ellos la UME y el ERICAM de la Comunidad de Madrid, participan en las labores de búsqueda. Este último contingente ha conseguido rescatar a una mujer y a sus dos nietos en La Guaira.
Las réplicas continúan siendo un elemento de riesgo. El viernes se registró un nuevo seísmo de magnitud 4,9, sentido en Caracas y Maracay, sin que se hayan comunicado nuevas víctimas asociadas. Cada movimiento obliga a revisar estructuras dañadas, detener temporalmente algunas intervenciones y mantener evacuaciones preventivas en edificios que todavía no han sido inspeccionados.
La cifra de más de 54.000 personas no localizadas, difundida por una plataforma promovida por sectores opositores, no debe presentarse como un balance oficial de desaparecidos. El dato refleja registros ciudadanos pendientes de verificación, no una lista confirmada de fallecidos, atrapados o personas desaparecidas.
