Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
La República de Guinea Ecuatorial denunció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo que calificó como “imputaciones parciales” contenidas en el informe del secretario general sobre la situación en África Central, identificado como documento S/2025/772. La intervención se produjo durante una sesión oficial en la que el embajador y representante permanente del país, Anatolio Ndong Mba, compareció en virtud del artículo 37 del Reglamento Provisional del Consejo.
Durante su exposición, el representante ecuatoguineano centró su respuesta en los párrafos 18 y 45 del informe, que, según indicó, omiten elementos relevantes y presentan conclusiones que afectan a la soberanía judicial y a la imagen institucional del Estado. En particular, se refirió a un proceso judicial en curso contra ciudadanos europeos por delitos económicos vinculados a un contrato público.
El embajador explicó que el caso está relacionado con el proyecto de implantación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) adjudicado a la empresa española Wayang Technical. Según los datos expuestos, el monto total del perjuicio económico supera los 16,1 millones de euros, correspondientes a fondos públicos. Parte de esos recursos, añadió, fueron transferidos sin que el proyecto se ejecutara ni se justificara el destino del dinero. De acuerdo con las investigaciones judiciales, los fondos habrían sido desviados y blanqueados a través de entidades financieras europeas, lo que confiere al caso un carácter transnacional.
Ndong Mba afirmó que Guinea Ecuatorial actúa como Estado de derecho, garantizando el respeto al debido proceso. Indicó que las personas procesadas cuentan con visitas consulares conforme al artículo 36.1.b de la Convención de Viena, permanecen en prisión preventiva por decisión judicial motivada y mantienen la presunción de inocencia hasta sentencia firme. Asimismo, expresó la falta de cooperación de determinadas instituciones europeas en la investigación de estos hechos.
En relación con el párrafo 45 del informe, que menciona posibles restricciones a la libertad religiosa, el representante rechazó cualquier insinuación de intolerancia. Señaló que el país reconoce la convivencia de distintas confesiones religiosas y que las medidas administrativas adoptadas fueron de carácter preventivo y provisional, orientadas a evitar discursos de exclusión o de odio que, según el Gobierno, podrían afectar a la cohesión social.
El discurso incluyó también críticas a la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central (UNOCA), a la que acusó de basarse en informaciones externas sin solicitar la versión oficial del Estado. Finalmente, Guinea Ecuatorial instó a la comunidad internacional a respetar su soberanía judicial y solicitó al secretario general que revise la metodología empleada en la elaboración de futuros informes.
El informe completo del secretario general puede consultarse en el portal oficial de las Naciones Unidas: https://www.un.org.
