Adrián Sánchez Sallán
(España) Editor en La Iberofonía, especialista en defensa y geopolítica. Combina su profesión como técnico en procesos industriales con sus estudios en el programa de Experto Universitario en Materialismo Político en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es portavoz del Ateneo Iberófono Juan Latino.
En el tablero geopolítico de Washington, Puerto Rico nunca ha sido un jugador, sino una casilla. La reciente activación de la Operación Southern Spear —rebautizada en la calle con el cinismo boricua como el “despliegue Yanqui”— confirma con una claridad incómoda esa realidad histórica.
Mientras aviones de carga C-17 y cazas de combate toman posesión de Aguadilla y Ceiba, queda claro que la isla no está siendo “protegida”, sino intervenida. Puerto Rico ha sido transformado unilateralmente en una plataforma logística avanzada para presionar, o eventualmente golpear, a un tercero: Venezuela.
En el papel, seguimos siendo un “Estado Libre Asociado”. En la práctica, ante la mirada del Pentágono y del Congreso de los Estados Unidos, continuamos siendo lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos definió en los Casos Insulares de 1901: un territorio que “pertenece a, pero no es parte de” la Unión. El ruido de los motores militares no inaugura nada nuevo; simplemente desnuda una verdad que se ha intentado maquillar durante décadas.
El Caribe como teatro de operaciones
La narrativa oficial insiste en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la escala y el tipo de medios desplegados cuentan otra historia. Cazas de quinta generación, transporte aéreo estratégico y grupos de ataque naval no se movilizan para interceptar lanchas rápidas, sino para controlar espacios marítimos y aéreos a gran escala.
El objetivo real es el dominio del Mar Caribe como teatro de operaciones. Puerto Rico, por su ubicación geográfica, funciona como el tapón natural entre el Caribe y el Atlántico. Al reactivar Roosevelt Roads y utilizar aeropuertos civiles como nodos militares, Washington cierra la pinza estratégica sobre Venezuela, proyectando poder sobre rutas petroleras, comerciales y energéticas vitales.
La isla se convierte así en una plataforma avanzada para un eventual bloqueo naval o una intervención rápida. Y, sin embargo, nadie en Washington consideró necesario preguntar si los puertorriqueños deseaban que su territorio fuese utilizado como base ofensiva contra una nación latinoamericana hermana. La decisión fue tomada, como siempre, desde fuera.
La Cláusula Territorial: la licencia para intervenir
¿Cómo es posible que una potencia que se define como democrática utilice el territorio de más de tres millones de ciudadanos estadounidenses para presionar a un tercer país sin consulta previa? La respuesta no está en los cuarteles, sino en la arquitectura legal que rige la relación colonial.
El Artículo IV, Sección 3, Cláusula 2 de la Constitución estadounidense —la llamada Cláusula Territorial— otorga al Congreso poder pleno sobre los territorios. Esta cláusula, heredera directa del expansionismo del siglo XIX, es la base jurídica que convierte a Puerto Rico en un activo federal disponible cuando los intereses imperiales así lo exigen.
Bajo este marco, la voluntad democrática local es irrelevante. La Constitución del ELA, el discurso del autogobierno y la retórica del “pacto” se evaporan frente a una orden ejecutiva del Pentágono. Washington no necesita pedir permiso para ocupar infraestructura civil, cerrar espacios aéreos o movilizar tropas: actúa como lo que legalmente es, el propietario del territorio.
La falsa autonomía del ELA
El despliegue militar también desmonta una de las grandes ficciones políticas del siglo XX puertorriqueño: la idea de una autonomía funcional.
La contradicción es evidente. Para la vida civil, Puerto Rico está sometido a la austeridad permanente impuesta por la Junta de Control Fiscal bajo la Ley PROMESA. Se recortan presupuestos, se cierran escuelas, se posterga la inversión en salud y se tolera el colapso de la infraestructura eléctrica porque “no hay dinero”.
Para lo militar, en cambio, aparecen fondos ilimitados. Pistas aéreas se rehabilitan, puertos se modernizan y la logística fluye sin obstáculos. La infraestructura que se deja deteriorar durante años se repara en semanas cuando el ejército la necesita.
El mensaje político es brutalmente claro: el bienestar de la población es secundario; la proyección de poder imperial no admite excusas presupuestarias.
Enemigos importados: escudo humano sin voto
La consecuencia más grave de esta instrumentalización es que Puerto Rico hereda los enemigos de Estados Unidos sin tener voz en su política exterior.
Al utilizar nuestro territorio como plataforma para presionar a Venezuela y, por extensión, a sus aliados estratégicos globales, la isla se convierte automáticamente en un objetivo militar legítimo. Las decisiones se toman desde la seguridad de oficinas en Washington o Virginia, pero el riesgo recae sobre comunidades concretas: Ceiba, Vieques, Aguadilla.
Se nos ha impuesto el papel de escudo humano geográfico. El conflicto se externaliza fuera de los 50 estados, usando la colonia como amortiguador del riesgo. Los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico no votan por el presidente que ordena estas operaciones ni cuentan con senadores que fiscalicen al aparato militar. Se nos exige lealtad estratégica sin representación política.
De Vieques a Ceiba: la historia que no termina
Para muchos puertorriqueños, el “despliegue Yanqui” despierta fantasmas conocidos. Vieques y Culebra no son recuerdos lejanos, sino advertencias ignoradas. Durante décadas, la Marina bombardeó la Isla Nena en nombre de la seguridad nacional, dejando tras de sí contaminación, enfermedad y abandono.
La reactivación de Ceiba bajo el mismo discurso confirma que la lógica no ha cambiado. Puerto Rico no es visto como un hogar, sino como una coordenada estratégica. Un “portaaviones insumergible” que se desempolva cuando la hegemonía se siente amenazada y se descarta cuando la urgencia pasa.
Conclusión: un acto de posesión
El “despliegue Yanqui” no es una maniobra rutinaria ni un ejercicio de cooperación. Es un acto de posesión. La reafirmación de que, en 2026, Puerto Rico sigue siendo una colonia clásica: útil para la guerra, prescindible para la paz y muda ante las decisiones que definen su destino.
Estados Unidos ha decidido usar a Puerto Rico como un arma cargada apuntando al sur. Hoy es Venezuela; mañana será cualquier otro interés estratégico. Mientras persista el estatus colonial, la isla no conocerá una paz soberana, porque su seguridad dependerá siempre de los caprichos bélicos de una potencia extranjera.
La Marina ha vuelto. Y con ella, la certeza incómoda de que en la colonia la tierra no es de quien la habita, sino de quien tiene el poder para ocuparla.
