La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El presidente Gustavo Petro advirtió de que el campesinado colombiano podría volver a ser víctima de bombardeos bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico si la ultraderecha llega al poder. La declaración, difundida por Prensa Latina desde Bogotá, reintroduce en la campaña presidencial uno de los debates más sensibles de Colombia: el uso de la fuerza militar en zonas rurales donde confluyen cultivos ilícitos, economías criminales, grupos armados, comunidades campesinas y presencia histórica del Estado incompleta o fragmentada.
La advertencia de Petro no se limita a una frase de campaña. Apunta al corazón de la política de seguridad colombiana y al modelo de relación con Estados Unidos, país que durante décadas ha tenido un papel central en la estrategia antidrogas, la cooperación militar, el suministro de equipos, la inteligencia y la presión diplomática sobre los gobiernos de Bogotá. Para el mandatario, un giro político hacia la derecha dura podría traducirse en una vuelta a operaciones de alto impacto sobre territorios campesinos, justificadas como ofensiva contra el narcotráfico.
El debate llega en plena polarización electoral. Colombia se encamina a una segunda vuelta marcada por la confrontación entre modelos de seguridad, paz, soberanía y política exterior. Petro ha insistido durante su Gobierno en que la llamada guerra contra las drogas fracasó y que la erradicación forzada, la militarización y la persecución del eslabón campesino no resuelven las estructuras financieras del narcotráfico. Sesgun Petro, su propuesta ha privilegiado sustitución de cultivos, desarrollo territorial, negociación con actores armados y persecución de grandes redes criminales, aunque los resultados han sido discutidos por opositores y por sectores afectados por la violencia.
La oposición, en cambio, reclama una política más dura frente a grupos armados, disidencias, narcotráfico y control territorial. Ese enfoque suele presentar la seguridad rural como condición previa para recuperar inversión, autoridad estatal y movilidad en regiones donde el Estado compite con organizaciones ilegales. El punto crítico está en el método: si el Estado concentra la presión sobre grandes estructuras financieras y mandos armados o si reabre una lógica de operaciones militares con riesgo directo para comunidades campesinas.
Colombia arrastra una memoria traumática en ese terreno. Las zonas rurales han sufrido desplazamientos, masacres, fumigaciones, bombardeos, reclutamiento forzado, minas, asesinatos selectivos y control armado de distintas organizaciones. En muchas regiones, los cultivos ilícitos no son solo una actividad criminal, sino también la consecuencia de abandono estatal, falta de carreteras, ausencia de mercados legales, crédito insuficiente y escasas alternativas productivas. Ese contexto explica por qué cualquier promesa de ofensiva militar contra el narcotráfico puede tener efectos políticos inmediatos entre comunidades rurales.
La dimensión geopolítica es directa. Colombia es frontera con Venezuela, salida al Caribe y al Pacífico, punto clave de la región andina y aliado histórico de Washington en materia de seguridad. Un cambio en la política antidrogas afecta cooperación militar, inteligencia, derechos humanos, relaciones fronterizas, acuerdos de paz y presencia estatal en corredores donde operan economías ilegales. También incide en la relación con Estados Unidos, especialmente si la Casa Blanca presiona por resultados medibles en incautaciones, erradicación o extradiciones.
Petro ha situado el problema en términos de soberanía. Según su lectura, aceptar una agenda antidrogas dictada desde fuera puede terminar colocando a campesinos colombianos como objetivo militar para satisfacer exigencias externas. Esa interpretación conecta con su crítica sostenida al enfoque tradicional de Washington, al que acusa de concentrarse en la represión de países productores mientras el consumo, el lavado de activos y las redes financieras permanecen en buena medida fuera del centro de la estrategia.
El riesgo político es que la discusión se convierta en eje de campaña. En un país donde la seguridad sigue siendo una demanda social fuerte, la oposición puede presentar la política de Petro como permisiva frente a grupos armados y narcotráfico. El petrismo, por su parte, puede responder que la vuelta a bombardeos y operaciones indiscriminadas significaría repetir un modelo que dejó muertos, desplazamiento y escasos resultados estructurales.
El futuro de la política antidrogas colombiana no se definirá solo por el discurso electoral. Dependerá de quién controle el Ejecutivo, de la composición del Congreso, de la presión estadounidense, de la evolución de los grupos armados y de la capacidad del Estado para ofrecer alternativas económicas reales en las zonas cocaleras. La advertencia de Petro marca una línea de fractura: seguridad rural con sustitución y negociación, o retorno a una doctrina de choque con fuerte componente militar.
Prensa Latina, Reuters, El País Colombia, Presidencia de Colombia.
