La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú vuelve a quedar bajo presión pública tras informaciones sobre el fuerte aumento del gasto destinado a la organización de los comicios de 2026. Según los datos difundidos por medios peruanos y recogidos por agencias internacionales, el presupuesto habría pasado de 190 millones de soles en las elecciones de 2021 a 451 millones de soles en 2026, una subida que coloca el coste electoral en el centro del debate institucional.
El aumento no llega en un momento neutro. Perú atraviesa desde hace años una crisis de representación, fragmentación partidaria, baja confianza ciudadana y sucesivos conflictos entre Ejecutivo, Congreso, organismos electorales y opinión pública. En ese marco, cualquier incremento presupuestario de gran escala en el aparato electoral adquiere una lectura política inmediata: no solo se discute cuánto cuesta votar, sino quién administra esos recursos, con qué controles y bajo qué criterios técnicos.
Parte de la controversia se concentra en compras y servicios informáticos. Informes previos señalaron gastos en equipos y soporte tecnológico, incluidos desembolsos por portatiles, impresoras y contratación de servicios vinculados al proceso electoral. Algunos medios peruanos han cuestionado si todos esos recursos fueron empleados de forma eficiente o si existieron adquisiciones sobredimensionadas.
La dimensión geopolítica es indirecta, pero relevante. Perú llega a las elecciones de 2026 con un sistema político debilitado, una economía expuesta a tensiones sociales y una institucionalidad sometida a vigilancia interna y externa. La transparencia del proceso electoral será clave para evitar que el resultado quede atrapado en sospechas de gestión, denuncias de gasto irregular o impugnaciones políticas.
El Gobierno peruano ya había aprobado transferencias presupuestarias para financiar el proceso electoral de 2026, incluida una partida superior a 224 millones de soles mediante decreto supremo publicado en el diario oficial. Ese dato confirma que la organización de los comicios exige un despliegue financiero amplio, pero también refuerza la necesidad de una fiscalización clara y comprensible para la ciudadanía.
La cuestión de fondo es sencilla: unas elecciones caras no son necesariamente ilegítimas, pero unas elecciones caras y mal explicadas pueden debilitar la confianza pública. En un país con alta volatilidad política, ese riesgo no es menor.
El trasfondo de la controversia es el propio tamaño del proceso electoral peruano de 2026. Las elecciones generales se celebraron el domingo 12 de abril de 2026 para escoger al presidente de la República, a los vicepresidentes, a los representantes del nuevo Congreso bicameral y al Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. Los comicios fueron convocados por la entonces presidenta Dina Boluarte mediante el Decreto Supremo N.º 039-2025-PCM, publicado en marzo de 2025.
El proceso tuvo una característica inédita en más de tres décadas: el retorno de la bicameralidad. Perú dejó atrás el Congreso unicameral y volvió a elegir representantes para dos cámaras: el Senado y la Cámara de Diputados. Esta modificación no fue menor, porque altera el equilibrio institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Senado tendrá funciones de revisión, modificación o rechazo de iniciativas legislativas procedentes de la Cámara de Diputados, además de competencias sobre altos nombramientos del Estado, tratados, decretos y mecanismos de control político.
En total, se eligieron 190 congresistas, entre senadores y diputados, distribuidos en circunscripciones departamentales, Lima, Callao y el voto de los peruanos residentes en el extranjero. Para entrar al Congreso, las organizaciones políticas debían superar la valla electoral del 5 % a nivel nacional o conseguir un número mínimo de escaños. La asignación de puestos se realiza mediante el método D’Hondt, con voto preferencial opcional.
La ONPE calificó estas elecciones como las más complejas de la historia peruana reciente. La razón principal fue la enorme cantidad de partidos inscritos y la dimensión material del proceso. La cédula electoral alcanzó un tamaño excepcional, con más de cuarenta organizaciones políticas, lo que complicó tanto la votación como la capacitación ciudadana, el ensamblaje del material electoral, la distribución de actas y la posterior transmisión de resultados.
El presupuesto también creció de forma notable. La ONPE contó con una partida superior a los 800 millones de soles, mientras distintas estimaciones situaron el coste total del proceso en cifras aún mayores si se suman logística, franja electoral, organización nacional, voto exterior, segunda vuelta y gastos complementarios. Este salto presupuestario es el elemento que ha colocado a la institución electoral bajo escrutinio público.
A la dificultad logística se sumó el contexto político. Perú llegó a estas elecciones tras años de crisis institucional, fragmentación parlamentaria, caída de confianza ciudadana y enfrentamiento entre poderes del Estado. Desde 2016, el país ha atravesado una secuencia de presidentes cuestionados, destituciones, disoluciones parlamentarias, protestas, acusaciones cruzadas y una erosión sostenida de la legitimidad de sus instituciones.
El proceso de 2026 también estuvo marcado por la eliminación de las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esta reforma redujo la participación directa de la ciudadanía en la selección de candidaturas y devolvió mayor capacidad de decisión a las estructuras internas de los partidos. Diversos especialistas habían advertido de que esta medida favorecería la proliferación de candidaturas, la atomización electoral y el peso de las cúpulas partidarias.
Ese diagnóstico se confirmó parcialmente en la campaña. Perú llegó a la primera vuelta con un número muy elevado de candidatos presidenciales, lo que convirtió la elección en una competición extremadamente fragmentada. La dispersión del voto hizo que los candidatos con porcentajes relativamente bajos pudieran pasar a segunda vuelta, reforzando la sensación de que el próximo presidente podría gobernar con una base electoral inicial reducida.
La logística electoral también generó polémica. El día de la votación se registraron retrasos en la instalación de mesas, problemas con la entrega de material electoral y dificultades en algunos puntos del voto exterior. El Jurado Nacional de Elecciones reconoció que una parte relevante de las mesas no se había instalado a tiempo, mientras la ONPE tuvo que ajustar horarios y procedimientos para intentar completar la jornada.
Uno de los cambios más sensibles fue la conservación de las cédulas electorales durante tres meses. Esta modificación legal, aprobada antes de los comicios, buscaba responder al contexto de desconfianza postelectoral y abrir la posibilidad de recuentos excepcionales en casos de errores materiales. Aunque la medida fue presentada como garantía de transparencia, también reflejó la profundidad de la crisis de confianza que arrastra el sistema electoral peruano.
La publicación de resultados introdujo otro foco de tensión. La ONPE anunció que Lima Metropolitana y el voto exterior tendrían difusión de resultados en tiempo real, mediante sistemas digitales de transmisión y cómputo. Sin embargo, los fallos técnicos y las dificultades operativas obligaron a revisar parte del procedimiento. La combinación de automatización parcial, conteo manual en el resto del país y demoras en el voto extranjero aumentó la incertidumbre durante los primeros días posteriores a la votación.
El voto rural y el voto exterior fueron dos factores decisivos. En zonas rurales, la geografía peruana volvió a demostrar su peso político y logístico: transporte de material, instalación de mesas en áreas remotas y retrasos en el recuento. En el exterior, más de un millón de peruanos estaban habilitados para votar, distribuidos en decenas de países, lo que añadió una capa adicional de complejidad institucional.
También se produjo una transformación visible en la campaña. Las redes sociales, los vídeos breves, los programas digitales y las plataformas de retransmisión tuvieron un papel creciente frente a los formatos tradicionales. Facebook, TikTok, YouTube y espacios digitales desplazaron parcialmente a mítines, entrevistas televisivas y debates convencionales. Esto obligó a la ONPE y al JNE a observar con mayor atención la financiación, la propaganda y la presencia de partidos en medios digitales.
La franja electoral fue otro punto de debate. El Estado destinó decenas de millones de soles para publicidad electoral, distribuidos entre partidos con y sin representación parlamentaria previa. Al mismo tiempo, diversos medios señalaron que algunos partidos contrataron directamente publicidad o colaboraciones en plataformas digitales, creadores de contenido y redes sociales. La frontera entre información, propaganda y promoción pagada se volvió más difícil de fiscalizar.
Los debates presidenciales tampoco escaparon a la crítica. La gran cantidad de candidatos obligó a dividirlos en varias jornadas y a reducir los tiempos de intervención. El resultado fue un formato breve, muy condicionado por frases de impacto, confrontación rápida y escaso desarrollo programático. Para algunos observadores, esto reforzó la espectacularización de la campaña y dificultó la comparación seria de propuestas.
En el plano político, la primera vuelta confirmó la fragmentación. Ningún candidato obtuvo una mayoría suficiente y la segunda vuelta quedó fijada para el 7 de junio de 2026. Este escenario prolongó la incertidumbre institucional y colocó al sistema electoral bajo presión adicional: debía organizar un nuevo proceso nacional en medio de críticas por gasto, logística, fallos de transmisión, voto exterior, reclamaciones partidarias y desconfianza ciudadana.
Por eso, el debate sobre el coste electoral no puede leerse de forma aislada. No se trata únicamente de cuánto dinero gastó la ONPE, sino de si ese gasto fue capaz de garantizar una elección ordenada, transparente, comprensible y aceptada por la ciudadanía. En un país marcado por crisis políticas sucesivas, cualquier duda sobre logística, compras, sistemas informáticos o distribución de material electoral puede adquirir rápidamente una dimensión nacional.
El problema de fondo es que Perú llegó a 2026 con un sistema político extremadamente tensionado. La restauración de la bicameralidad, el alto número de partidos, la eliminación de las PASO, la judicialización de la política, la desconfianza en encuestas, los fallos logísticos y el peso del voto rural y exterior convirtieron estas elecciones en una prueba de resistencia institucional. En ese contexto, el aumento del gasto electoral no es solo un dato administrativo: es un síntoma de la dificultad creciente de organizar elecciones legítimas en un país políticamente fracturado.
