Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
El caso Plus Ultra (o Zapatero, como prefieran) ha entrado en una fase de ampliación. Tras la imputación del Ex presidente por presuntos delitos vinculados a tráfico de influencias, organización criminal, falsedad documental y blanqueo de capitales, las novedades conocidas en los últimos días desplazan el foco desde el rescate público de la aerolínea hacia tres frentes simultáneos: la posible derivada estadounidense alrededor de Julio Martínez Martínez, los nuevos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y el hallazgo de joyas y relojes en una caja fuerte del despacho de Zapatero. La causa sigue bajo instrucción del juez José Luis Calama, en la Audiencia Nacional, y buena parte de los hechos conocidos proceden de informes policiales incorporados al sumario, extractos publicados por distintos medios y resoluciones judiciales recientes.
La novedad de mayor alcance internacional es la posible actuación de Estados Unidos contra Julio Martínez Martínez, señalado por la investigación como persona de confianza de Zapatero y figura operativa dentro del entramado investigado. The Objective ha publicado que fuentes judiciales y policiales sitúan como “inminente” una actuación estadounidense por presuntas operaciones de blanqueo de capitales en Miami. Esa imputación, sin embargo, no consta todavía públicamente en registros federales ni ha sido anunciada por el Departamento de Justicia o por el Departamento de Seguridad Nacional. Por tanto, la información debe formularse con cautela: la posible actuación de EEUU contra Julio Martínez gana verosimilitud por la existencia de una cuenta en Miami vinculada a una sociedad offshore y por la colaboración ya confirmada de HSI (Homeland Security Investigations) con la investigación española, aunque la imputación estadounidense aún no consta públicamente.
El elemento que da consistencia a esa línea es la existencia de una estructura exterior atribuida a Martínez. Según informaciones basadas en los informes de la UDEF, el empresario aparece relacionado con sociedades offshore en Islas Vírgenes Británicas y con una cuenta en Miami vinculada a una de esas sociedades. La relevancia jurídica de Miami no reside solo en la localización geográfica, sino en la posible entrada del sistema financiero estadounidense en operaciones bajo sospecha. Si dinero procedente de actividades presuntamente ilícitas fue canalizado, ocultado o administrado mediante cuentas o servicios financieros radicados en Estados Unidos, la jurisdicción estadounidense podría activarse por territorialidad. La cooperación del HSI con la Policía española ya ha sido confirmada por Reuters, que citó a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional sobre la asistencia prestada a España en la investigación.
Esa colaboración no es menor. HSI habría participado en la extracción y entrega de información procedente del teléfono de Rodolfo Reyes, vinculado a Plus Ultra. La presencia de una agencia federal estadounidense en una investigación instruida en España muestra que la causa ya tenía una dimensión internacional antes de las últimas publicaciones sobre Miami. La pregunta central es si esa cooperación se mantendrá como asistencia judicial a España o si derivará en una investigación propia en territorio estadounidense contra alguno de los investigados. Por ahora, esa segunda hipótesis permanece en el terreno de lo publicado por fuentes reservadas, sin documento público equivalente a una acusación, indictment o complaint federal.
El segundo bloque de novedades procede de los nuevos informes, o de los nuevos extractos de informes, de la UDEF conocidos tras el levantamiento parcial del secreto. RTVE ha señalado que la Policía entregó al juez dos informes extensos, de 158 y 186 páginas, en los que sitúa a Zapatero en la cúspide de una presunta red de tráfico de influencias. Esa tesis policial no equivale a condena ni a prueba judicial cerrada, pero sí constituye la base de la línea de investigación asumida por el instructor. Los informes recogen conversaciones, correos, documentación mercantil y movimientos societarios que, según los investigadores, permitirían reconstruir una operativa de intermediación política y económica en torno a Plus Ultra y a otros negocios internacionales.
Uno de los puntos más relevantes es el contrato vinculado al rescate de Plus Ultra. La UDEF localizó en una nave industrial de Julio Martínez Martínez una copia de un contrato entre la aerolínea e Idella Consulenza Strategica, sociedad vinculada al empresario, por el que esta cobraría una comisión del 1% si se concedía el rescate público. El rescate aprobado ascendió a 53 millones de euros, y la comisión calculada, con IVA, rondaría los 641.300 euros. Para los investigadores, ese documento reforzaría la hipótesis de que la red no actuó solo como intermediaria informal, sino que habría buscado una remuneración directa asociada al éxito de la operación.
La causa también se abre hacia Venezuela, China y operaciones relacionadas con petróleo, oro, níquel y divisas. Los informes policiales publicados por varios medios describen conversaciones sobre lotes de petróleo venezolano, exportación de oro y contactos empresariales con actores chinos. La Sexta ha informado de que la UDEF sitúa a Zapatero como intermediario de China para la compra de petróleo de Venezuela, mientras RTVE ha recogido referencias a lotes de 50.000 toneladas de petróleo, negocios de oro y níquel, y dinero en efectivo localizado en el domicilio de Julio Martínez. Estas afirmaciones proceden de la interpretación policial de conversaciones y documentos intervenidos; su alcance penal dependerá de la corroboración documental, la trazabilidad del dinero y las declaraciones de los investigados.
Las agendas de Julio Martínez añaden otro plano a la investigación. Según RTVE y El País, la UDEF encontró anotaciones sobre liberación de presos en Venezuela, posible intervención del CNI y la repatriación de Edmundo González. Los investigadores consideran que esas referencias trascienden la actividad ordinaria de un empresario y apuntan a un espacio de contactos de alto nivel en asuntos políticos venezolanos. La importancia de esas agendas no está en que prueben por sí solas un delito, sino en que conectan la presunta red económica con gestiones de naturaleza política, diplomática o parapolítica en Venezuela.
El tercer frente es más visual, pero no necesariamente más sólido desde el punto de vista penal: las joyas y relojes encontrados en una caja fuerte del despacho de Zapatero. La UDEF halló numerosas piezas durante el registro practicado el 19 de mayo de 2026 en la oficina del expresidente en la calle Ferraz. RTVE habla de alrededor de un centenar de piezas; otros medios citan un inventario agrupado en lotes con collares, pulseras, pendientes, sortijas, cruces, cadenas, brazaletes y relojes. También se incautaron soportes electrónicos y documentación.
El entorno de Zapatero sostiene que esas joyas proceden de herencias familiares y regalos de viajes. Esa versión fue defendida públicamente por Luis Arroyo, portavoz autorizado del expresidente, quien rebajó la relevancia del hallazgo. La Policía, sin embargo, pedirá a un experto joyero una valoración inicial para determinar si las piezas tienen un valor relevante no justificado y declarado. Solo después el juez Calama decidirá si procede una pericial más exhaustiva o si el hallazgo queda como un elemento patrimonial sin conexión penal acreditada.
La suma de estos tres planos —Miami, los nuevos informes UDEF y caja fuerte— modifica el perímetro informativo del caso. La investigación ya no se limita a si el rescate de Plus Ultra fue obtenido mediante tráfico de influencias, sino que incorpora sociedades exteriores, cuentas bancarias internacionales, contratos de éxito, posibles pagos encubiertos, negocios en Venezuela y contactos con actores chinos. También incorpora un componente patrimonial en torno a bienes físicos intervenidos, aunque todavía pendiente de valoración. En paralelo, la defensa de Zapatero niega las acusaciones, sostiene que su actividad profesional fue legal y atribuye parte de los hallazgos a explicaciones ordinarias, como herencias, regalos o trabajos de consultoría.
El caso entra ahora en una fase de sedimentación probatoria. La UDEF seguirá analizando material intervenido —correos, discos duros, teléfonos, documentación mercantil y agendas—, mientras el juez deberá decidir qué indicios sostienen diligencias adicionales y cuáles quedan descartados o rebajados. La eventual derivada estadounidense dependerá de que las autoridades de EEUU conviertan la cooperación ya conocida en una actuación penal propia.
