La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El narcotráfico no ha conquistado el Campo de Gibraltar de golpe. Lo ha hecho aprovechando cada hueco político, cada vacío operativo y cada decisión administrativa presentada como reorganización técnica. La Línea de la Concepción, Algeciras, Barbate, Huelva y la desembocadura del Guadalquivir forman hoy parte de un mismo tablero: el de unas organizaciones criminales con dinero, motores, información, logística, cantera social y capacidad para desplazar rutas cuando la presión policial aumenta en un punto concreto.
En ese escenario, la decisión más grave del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska fue la liquidación del OCON-Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil creada en 2018 para golpear de forma coordinada al narcotráfico en el Campo de Gibraltar. No fue una cuestión menor ni un simple cambio de siglas. El OCON-Sur reunía alrededor de 150 agentes disponibles las 24 horas, siete días a la semana, con capacidad de actuación supraterritorial y experiencia acumulada contra los clanes del Estrecho. Según la información publicada entonces, la unidad acumuló miles de detenciones, toneladas de droga intervenida y llegó a impulsar el mayor macrojuicio contra el narcotráfico en España, con 152 personas sentadas en el banquillo.
La desaparición se produjo en septiembre de 2022. Interior defendió que no se trataba de un abandono, sino de una integración de efectivos en las unidades territoriales de Policía Judicial. Esa explicación puede servir en una nota administrativa, pero no describe lo esencial: se deshizo una herramienta concentrada, especializada y temida por los clanes, y sus agentes regresaron a estructuras ordinarias, más dependientes de plantillas locales, turnos, limitaciones territoriales y cargas burocráticas.
La diferencia entre una unidad de choque y una redistribución de efectivos no es semántica: es operativa. Un narco no teme un organigrama; teme una presión constante, coordinada, imprevisible y con inteligencia propia. Eso era el OCON-Sur. La versión de que “no desapareció, se reorganizó” intenta convertir una pérdida de músculo en una mejora de gestión. Pero los hechos posteriores contradicen ese relato.
La propia Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla dejó constancia en su memoria de 2024 de una realidad difícil de maquillar. Las aprehensiones de hachís en Andalucía pasaron de 375,8 toneladas en 2021 a 195,8 en 2022 y 173,1 en 2023. La Fiscalía concluyó que en dos años las incautaciones habían caído más de un 50% y vinculó ese descenso a una menor actividad policial, no a una disminución espontánea del delito.
El mismo documento habla de 471 embarcaciones de alta velocidad avistadas en 2023, frente a 366 el año anterior, y advierte de que las horas de vigilancia se habían reducido por averías y falta de personal, especialmente en medios aeronavales. En la zona Barbate-Cádiz, el aumento de avistamientos alcanzó el 375%, con narcolanchas cada vez más potentes, cargadas de combustible y operando incluso cerca de puertos.
Ese es el punto central: mientras el Gobierno hablaba de planes, balances y millones, la Fiscalía describía menos vigilancia, menos aprehensiones, más narcolanchas y mayor sensación de impunidad. El discurso oficial de Interior no queda anulado por completo —hay operaciones, detenidos e inversiones—, pero sí queda gravemente debilitado cuando se compara con la situación real sobre el agua.
La fiscal antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, fue aún más clara tras el asesinato de dos guardias civiles en Barbate en febrero de 2024. Denunció que las narcolanchas “campan a sus anchas” por los puertos de la provincia, que la situación se estaba “desbordando” y que las fuerzas de seguridad operaban en “absoluta inferioridad” frente a los traficantes. También subrayó que los ocupantes de las narcolanchas actúan con impunidad gracias a la capacidad económica de las organizaciones y a la potencia de sus motores, muy superior a la de los medios de la Guardia Civil.
La crítica a Grande-Marlaska no se sostiene solo sobre un episodio. Se sostiene sobre una secuencia. Primero, se crea una unidad eficaz en un territorio tomado por los clanes. Después, se desmonta esa unidad cuando todavía existía una amenaza estructural. Más tarde, las narcolanchas se desplazan, se multiplican, operan más lejos de la costa y fuerzan a los agentes a intervenir en escenarios cada vez más peligrosos. Finalmente, cuando llegan las muertes, Interior responde con estadísticas generales.
El Ministerio del Interior presume de que el V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, vigente hasta finales de 2027, cuenta con 38,2 millones de euros para 2026: 18,8 millones para refuerzo de plantillas y 19,4 millones para medios materiales, tecnológicos e inteligencia policial. También afirma que desde julio de 2018 hasta finales de 2025 se han impulsado 47.862 operaciones policiales, con 31.335 detenidos o investigados, más de 2,1 millones de kilos de droga intervenidos, miles de armas, vehículos y litros de gasolina incautados.
Pero las cifras agregadas no responden a la pregunta política fundamental: si había más medios que nunca, ¿Por qué los agentes seguían denunciando falta de personal, barcos envejecidos, averías, ausencia de protocolos y exposición directa ante narcolanchas mejor adaptadas al terreno? Tras la muerte de Jerónimo Jiménez y Germán Pérez en Huelva durante una persecución a 80 millas náuticas de la costa, agentes del Servicio Marítimo y asociaciones profesionales vuelven a señalar carencias de personal, medios y protocolos claros.
La tragedia de Huelva no encaja cómodamente en la defensa gubernamental. Los dos agentes murieron al colisionar dos embarcaciones de la Guardia Civil durante una persecución a una narcolancha en alta mar. Otros dos resultaron heridos. El caso sigue bajo investigación, pero el contexto operativo es conocido: persecuciones a gran velocidad, mar abierto, fatiga, presión, embarcaciones criminales capaces de alcanzar velocidades extremas y un enemigo que no duda en embestir, maniobrar o forzar el error para salvar la mercancía.
La AUGC fue contundente: sostuvo que la Administración tenía advertencias sobre la mesa y que las ignoró. La asociación reclamaba evaluación específica del riesgo laboral, dotaciones mínimas, limitación del uso de semirrígidas sin protección en intervenciones hostiles, medios de visión nocturna, protección física y herramientas no letales. Según la AUGC, la respuesta administrativa dejó en manos de la propia tripulación la decisión de enfrentarse o no a una narcolancha en plena intervención, “sin protocolo” y “sin respaldo previo”.
Esto es especialmente grave porque no hablamos de delincuencia menor. Hablamos de estructuras criminales con capacidad económica para reclutar, corromper, intimidar, mover combustible, ocultar embarcaciones, abastecer rutas marítimas y adaptarse a la presión policial. Cuando el Estado responde con plantillas insuficientes o con unidades dispersas, está obligando a guardias civiles concretos a compensar con valor personal lo que debería resolverse con planificación estratégica.
La JUCIL denunció además el “abandono institucional” de los guardias civiles que combaten el narcotráfico en Andalucía y lamentó la ausencia de Grande-Marlaska en el funeral de los dos agentes fallecidos en Huelva. Canal Sur recogió que el ministro respondió a las críticas afirmando que desde 2018 hay “más medios que nunca”, con un incremento del 20% de efectivos y la compra de 20 embarcaciones. En la misma información, representantes de JUCIL replicaban que no puede sostenerse ese triunfalismo mientras siguen muriendo guardias civiles y mientras la Guardia Civil continúa sin ser considerada profesión de riesgo.
El Gobierno ha llegado tarde incluso en el plano penal. El llamado petaqueo, es decir, la logística de combustible que permite a las narcolanchas operar durante horas y alejarse de la costa, llevaba años señalado por fiscales, guardias civiles y asociaciones. La reforma legal que incorpora una respuesta específica al combustible líquido en el artículo 568 del Código Penal se publicó en abril de 2026. La medida puede ser útil, pero llega después de años de advertencias y cuando el narcotráfico ya había consolidado esa cadena logística.
La responsabilidad de Grande-Marlaska no consiste en haber creado el narcotráfico ni en poder impedir cada muerte. La responsabilidad es política y operativa: haber desmantelado una unidad especializada que funcionaba, haber defendido después que aquello no afectaba a la lucha contra el narco, haber sostenido el relato de los grandes números mientras fiscales y agentes describían inferioridad real, y haber permitido que el debate se centrara en balances propagandísticos en lugar de en la protección efectiva de quienes patrullan el Estrecho y el litoral andaluz.
El Campo de Gibraltar no necesitaba menos especialización. Necesitaba más. La Línea de la Concepción no necesitaba una retirada simbólica del Estado. Necesitaba presencia permanente, inteligencia, presión económica sobre los clanes, persecución patrimonial, coordinación marítima, juzgados reforzados y agentes protegidos. La supresión del OCON-Sur fue el mensaje contrario: el Estado desarmó una herramienta que los clanes conocían, sufrían y temían.
La conclusión es incómoda, pero inevitable: el Ministerio del Interior confundió reorganizar con desactivar, inversión con eficacia y estadística con dominio del territorio. El narco entendió antes que el Gobierno el nuevo escenario. Cambió rutas, desplazó operaciones, reforzó el petaqueo y aumentó la presión sobre Huelva, Barbate y el Guadalquivir. Los guardias civiles lo están pagando en primera línea.
