Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
En Guatemala, el 23 de marzo de 2026, los transportistas de carga y de buses se unieron a las protestas contra el Sistema Limitador de Velocidad implementado por las autoridades y el incremento sostenido en el precio de los combustibles. Las manifestaciones, que incluyen caravanas de vehículos en diversas regiones del país, se intensificaron debido a la preocupación por el alto costo del combustible, que ha subido consecutivamente durante tres semanas. La gasolina ronda los Q40 por galón, mientras que el diésel alcanza los Q42, lo que afecta tanto a la economía nacional como a los costos de los servicios de transporte. “La situación es insostenible, necesitamos respuestas del gobierno”, declaró Óscar García, uno de los voceros de los manifestantes.
Desde la mañana del 23 de marzo, los transportistas iniciaron bloqueos en varias rutas clave del país, afectando el tránsito en ciudades como Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango. Las autoridades locales han intentado mediar con los manifestantes, pero la situación se ha complicado debido al rechazo generalizado del Sistema Limitador de Velocidad, que fue establecido como medida de seguridad vial para reducir los accidentes de tránsito. Los transportistas también han señalado su inconformidad con la obligatoriedad del uso de etanol como parte de la mezcla en los combustibles, argumentando que esta medida incrementa aún más los costos operativos.
El aumento de los precios de los combustibles en Guatemala es una consecuencia directa del conflicto bélico en el Medio Oriente, lo que ha generado un aumento en los precios internacionales del petróleo. Esto ha repercutido fuertemente en los países iberoamericanos, especialmente en aquellos con economías dependientes del transporte como Guatemala. En el ámbito legislativo, no se ha implementado una solución definitiva al alza de los combustibles, y las propuestas de subsidios o reformas al sistema de precios aún están siendo discutidas.
El Sistema Limitador de Velocidad, aprobado en 2025, busca reducir los accidentes vehiculares, pero los transportistas lo consideran una medida arbitraria que no aborda las verdaderas causas de los siniestros, como la falta de infraestructura adecuada y el comportamiento imprudente de algunos conductores.
El conflicto actual pone de manifiesto las tensiones sociales en Guatemala respecto a la política económica del gobierno y la percepción de que las medidas implementadas no responden a las necesidades del sector transportista. El incremento de los precios de los combustibles afecta no solo a los transportistas, sino también a los consumidores, quienes enfrentan mayores costos en productos básicos debido al aumento en el costo del transporte.
Las manifestaciones continuarán mientras el gobierno no brinde una solución eficaz que reduzca el precio de los combustibles o modifique las políticas de seguridad vial que no son bien recibidas por el sector. Se espera que las autoridades convoquen una mesa de diálogo para buscar un acuerdo que permita mitigar la tensión social y económica generada por la crisis actual.
