La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La justicia federal argentina admitió un recurso de apelación presentado por el Gobierno nacional, lo que permite que el denominado protocolo antipiquetes se mantenga vigente mientras la causa judicial continúa su curso. Este protocolo fue impulsado inicialmente por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y permanece en vigor bajo la actual ministra Alejandra Monteoliva.
El fallo original que cuestionaba la validez del protocolo fue emitido por el juez Martín Cormick, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11. El magistrado declaró la nulidad de la Resolución 943/2023 tras considerar que el Ministerio de Seguridad carece de facultades administrativas para restringir derechos reconocidos por la Constitución Nacional. Esta resolución fue dictada en respuesta a un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que indicó que el dictamen judicial limitaba las atribuciones del Ministerio en la regulación de protestas.
Tras la admisión del recurso de apelación por parte de la justicia, el protocolo continuará siendo aplicado hasta que una instancia superior se pronuncie sobre el tema. Esta decisión fue respaldada públicamente por Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Manuel Adorni en sus cuentas personales en la red social X, quienes confirmaron la vigencia de la normativa durante el proceso judicial.
El protocolo establece procedimientos específicos para la actuación de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones públicas y cortes de calles, con el objetivo de garantizar la libre circulación. Organizaciones sindicales y sociales se habían expresado a favor del fallo inicial del juez Cormick, subrayando la importancia de proteger derechos constitucionales relacionados con el derecho a la protesta. El desarrollo del proceso judicial podrá determinar el futuro de la resolución y sus implicaciones en la gestión de manifestaciones públicas.
