La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Fiscalía General de la Nación formuló imputaciones contra Judith Inmaculada Romero Ibarra, magistrada del Tribunal Administrativo del Atlántico, Luis Carlos Martelo Maldonado, exmagistrado de la misma corporación, y Simón Miguel Ackerman Sánchez, exprocurador judicial. Los tres son señalados de facilitar una venta irregular de dos predios en el corredor vial Barranquilla–Puerto Colombia, denominados Cuba y Casablanca.
Las investigaciones se centran en hechos ocurridos entre 2009 y 2010, periodo durante el cual habrían avalado la comercialización de estos terrenos que estaban sujetos a medidas judiciales de extinción de dominio. Estas medidas prohibían su transacción mientras se desarrollaban procesos legales para determinar su posible origen ilícito.
Según el ente acusador, los exfuncionarios permitieron que se realizara la venta omitiendo las restricciones establecidas por las órdenes judiciales vigentes en ese momento. La transacción se efectuó a precios inferiores al valor de mercado estimado para ese tipo de propiedad, lo que podría haber causado un posible daño patrimonial al Estado.
La Fiscalía General de la Nación también investiga si la operación favoreció de forma indebida a los compradores o a terceros relacionados. Los datos sobre los imputados, sus cargos y las fechas de las operaciones fueron incluidos en la apertura del proceso penal.
Actualmente, las diligencias judiciales continúan mientras la Fiscalía recopila información adicional para esclarecer todas las circunstancias y determinar responsabilidades penales asociadas al caso.
