La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó la condena de 28 años y tres meses de prisión impuesta a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su responsabilidad en el grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, una estructura armada ilegal que operó en el norte del departamento de Antioquia durante la década de 1990.
La decisión ratifica el fallo emitido previamente por el Tribunal Superior de Antioquia, que consideró acreditada la participación de Santiago Uribe en delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. La investigación judicial sostuvo que Los 12 Apóstoles actuaban como una organización de carácter paramilitar dedicada a la persecución y asesinato de personas señaladas como delincuentes o colaboradoras de grupos insurgentes.
Según las resoluciones judiciales acumuladas durante años de proceso, la estructura habría estado implicada en alrededor de 300 homicidios cometidos en municipios del norte antioqueño. Aquella región vivía entonces una fuerte confrontación armada marcada por la presencia de las FARC, grupos de autodefensa y fuerzas estatales.
El caso ha mantenido una elevada relevancia política debido a la relación familiar entre el condenado y el expresidente Álvaro Uribe, una de las figuras más influyentes de la política colombiana durante las últimas décadas. Tras conocerse la decisión definitiva de la Corte Suprema, el exmandatario expresó públicamente su desacuerdo con el fallo y defendió la inocencia de su hermano.
Uribe calificó la sentencia de “injusta” y sostuvo que las investigaciones sobre Los 12 Apóstoles han señalado a distintas personas como supuestos dirigentes de la organización a lo largo de los años. El expresidente recordó que otros acusados en procesos relacionados fueron posteriormente absueltos y cuestionó las pruebas utilizadas para sostener la responsabilidad de Santiago Uribe.
La causa judicial se prolongó durante más de una década y estuvo marcada por numerosos recursos, declaraciones de testigos y revisiones probatorias. Con la decisión de la Corte Suprema, la condena adquiere carácter definitivo dentro de la jurisdicción ordinaria colombiana.
La resolución se produce en un momento de intensa polarización política en Colombia, donde el debate sobre el conflicto armado interno, el paramilitarismo y las responsabilidades de actores estatales, insurgentes y grupos de autodefensa continúa ocupando un lugar central en la vida pública del país.
El fallo constituye uno de los pronunciamientos judiciales más relevantes vinculados al fenómeno paramilitar colombiano y mantiene abierta la discusión sobre la actuación de distintas estructuras armadas durante los años más intensos del conflicto interno.
