Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
La Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza se convirtió el pasado 16 de abril en escenario de un episodio que trasciende el ámbito universitario y se sitúa de lleno en el terreno político y geoestratégico. Lo que comenzó como una supuesta conferencia académica sobre el Sáhara Occidental terminó, según denuncias públicas y material audiovisual difundido, con la expulsión forzada de estudiantes saharauis, en medio de empujones, tensión física y gritos dentro del aula.
El acto, titulado “Relaciones España-Marruecos y el nuevo marco jurídico del contencioso del Sáhara Occidental”, fue organizado conjuntamente por la propia Facultad y el Consulado General del Reino de Marruecos, introduciendo desde su origen un elemento determinante: la participación directa de una potencia extranjera interesada en el conflicto dentro de un espacio académico que, en teoría, debería regirse por criterios de pluralidad y equilibrio jurídico.
Un acto sin equilibrio en un conflicto internacional abierto
El núcleo del problema no es únicamente el incidente físico. Es la estructura completa del evento. La conferencia se articuló en torno a una serie de ponentes cuyas intervenciones convergían en una misma línea: la validación del llamado plan de autonomía marroquí como solución al conflicto.
Entre los participantes se encontraba la profesora Carmen Tirado Robles, especialista en Derecho Internacional, quien defendió que las resoluciones recientes del Consejo de Seguridad apuntalan ese enfoque. Junto a ella intervino Bahi Larbi, vinculado a entornos de análisis político próximos a Rabat, que calificó el conflicto como “artificial” y reforzó la narrativa marroquí. Cerrando el marco, la cónsul Ikram Chahin actuó como representante oficial del Estado marroquí, subrayando la cooperación bilateral y los intereses compartidos.
La ausencia es tan significativa como las presencias: no hubo representantes saharauis, ni juristas alineados con el derecho de intenacional, ni voces que defendieran el marco jurídico de Naciones Unidas sobre el territorio.
Ese vacío convierte el acto en pura propaganda en un dispositivo unilateral legitimado por una institución pública que tendrá que explicar que tipos de vínculos le unen a los intereses de una potencia extranjera alineada contra España.
El vergonzoso papel del decanato: legitimación institucional
El decano de la Facultad, Antonio José García Gómez, no se limitó a una función protocolaria. Durante su intervención calificó la relación entre España y Marruecos como “estratégica y orientada al futuro”, describiendo al país magrebí como un “socio de primer orden”.
Estas declaraciones no son menores. En un contexto de disputa jurídica internacional, ese posicionamiento introduce un alineamiento institucional explícito, alejándose de la neutralidad académica que cabría esperar en una facultad de Derecho.
De la protesta a la expulsión
Fue en este marco cuando estudiantes saharauis presentes en el acto intentaron tomar la palabra. La reacción, según denuncias de la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en el Estado Español (LEJSEE), y las imágenes que circulan en redes, confirman que fueron objeto de una expulsión violenta del aula.
Los vídeos difundidos muestran momentos de forcejeo, tensión física y desalojo, mientras los estudiantes eran apartados del espacio donde se estaba desarrollando el acto. Aunque no existe aún una resolución judicial ni parte oficial completo que determine responsabilidades penales, la coincidencia de testimonios y material visual configura un escenario difícil de minimizar.
El punto crítico no es solo la existencia de la protesta, sino la respuesta: los estudiantes directamente afectados por el conflicto fueron expulsados de un debate sobre su propio futuro político y jurídico.
Contradicción institucional: entre cooperación y exclusión
La situación adquiere una dimensión aún más grave si se considera que la propia Universidad de Zaragoza mantiene programas de colaboración con estudiantes saharauis, facilitando su acceso a estudios superiores.
Es decir, la misma institución que promueve la integración académica de estudiantes saharauis permitió un acto en el que, según denuncian estos mismos estudiantes, fueron físicamente desalojados por cuestionar el marco planteado.
La contradicción es estructural:
- Integración académica por un lado
- exclusión política y discursiva por otro
Contexto geopolítico: el giro español
Este episodio no puede entenderse sin el giro de la política exterior española desde 2022, cuando el Gobierno respaldó el plan de autonomía marroquí como base de solución al conflicto.
Sin embargo, el Sáhara Occidental sigue siendo considerado por Naciones Unidas un territorio pendiente de descolonización, y el derecho internacional mantiene vigente el principio de autodeterminación del pueblo saharaui.
La proyección de la narrativa marroquí en espacios académicos españoles apunta a una extensión del cambio político al ámbito cultural y universitario, donde el discurso ya no se limita a la diplomacia, sino que penetra en estructuras de legitimación intelectual.
Un patrón que trasciende Zaragoza
Diversas voces han señalado que lo ocurrido en Zaragoza no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio de influencia institucional marroquí en espacios académicos españoles. La combinación de diplomacia, colaboración institucional y narrativa jurídica genera un entorno donde determinadas posiciones adquieren visibilidad privilegiada.
El 16 de abril, ese esquema encontró un límite: la reacción directa de los estudiantes saharauis, que rompieron el guion previsto y expusieron públicamente la tensión subyacente.
Preguntas abiertas que la universidad debe responder
A día de hoy, varias cuestiones clave siguen sin respuesta:
- ¿Quién autorizó exactamente el formato del acto?
- ¿Qué protocolos se activaron para la expulsión de los estudiantes?
- ¿Intervino personal de seguridad o terceros vinculados al evento?
- ¿Se abrirá una investigación interna?
- ¿Ha dimitido ya el decano de la Facultad, Antonio José García Gómez?
Sin estas respuestas, la Universidad de Zaragoza queda en una posición vergonzosa: la de una institución que no solo permitió un acto claramente orientado, sino que no ha aclarado aún las condiciones en las que se produjo la expulsión de estudiantes.
