La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, ha adjudicado a Neoris España SL un contrato para prestar servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte a usuarios de los sistemas de Nacionalidad, en plena acumulación de expedientes derivados de la llamada ley de nietos, la vía abierta por la Ley de Memoria Democrática para hijos y nietos de españoles exiliados.
Según la información publicada por Infobae, el contrato asciende a 1.703.955 euros y se orienta a reforzar la tramitación de los expedientes de nacionalización que han llegado a embajadas y consulados españoles. La misma información sitúa el volumen del proceso en 2,3 millones de nacionalidades en su titular, aunque en el cuerpo del texto precisa que se han registrado en torno a 1,2 millones de solicitudes, con especial incidencia en países como Argentina, Cuba, Brasil, México y Estados Unidos.
La adjudicación adquiere relevancia por el tipo de expediente afectado. No se trata de un servicio administrativo menor, sino de un proceso que incide en la adquisición de la nacionalidad española, la gestión documental consular, el acceso al pasaporte y, una vez culminado el procedimiento, la incorporación de nuevos ciudadanos al cuerpo electoral español. La nacionalidad por opción se suma a otras vías existentes, como la residencia o la carta de naturaleza, pero en este caso conecta directamente con la memoria del exilio español y con amplias comunidades de origen hispano e iberófono en el exterior.
Neoris España SL fue seleccionada tras presentar la oferta económica más ventajosa. La empresa concurrió frente a compañías españolas de gran peso tecnológico e industrial, entre ellas Indra, participada por el propio Estado español, y Grupo Oesía, compañía vinculada a sectores de defensa, ingeniería y digitalización. Según la información original, Neoris superó a Indra por precio, mientras que Oesía declinó finalmente continuar en la licitación tras hacer sus propios cálculos.
El expediente también refleja una cuestión de fondo: la dependencia de grandes estructuras tecnológicas privadas para gestionar áreas sensibles de la administración pública. Neoris nació vinculada al grupo mexicano CEMEX, pasó posteriormente por el fondo Advent International y quedó integrada en la órbita de EPAM Systems, compañía estadounidense de servicios digitales y consultoría tecnológica. Esa trayectoria empresarial no altera por sí misma la legalidad de la adjudicación, pero sitúa la tramitación de una materia estratégica para el Estado español en el marco de una cadena corporativa internacional.
La oferta de Neoris fue un 18,75% inferior a la media de las ofertas admitidas, lo que generó dudas en la Mesa de Contratación de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia. Finalmente, la empresa superó las reticencias al acreditar que su propuesta respetaba las categorías profesionales y las condiciones salariales fijadas en el convenio colectivo aplicable a las empresas de consultoría y tecnologías de la información.
El contrato forma parte de un acuerdo marco de transformación digital de Justicia, valorado en más de 125 millones de euros, concebido para impulsar servicios tecnológicos, mantenimiento de sistemas de información, oficinas técnicas, ingeniería de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad y soporte a la modernización de la Administración de Justicia. En ese contexto, el lote relacionado con los sistemas de información y oficinas de gestión de proyectos encaja con el refuerzo de los expedientes de nacionalidad.
En septiembre del año pasado, según los datos recogidos por la información original, España había concedido 237.145 nacionalidades por esta vía y había recibido 876.321 solicitudes; en el último tramo del plazo, la cifra se habría elevado hasta el entorno de 1,2 millones. El proceso no termina con la resolución favorable, sino con la documentación posterior y la expedición del pasaporte, lo que amplía la carga administrativa sobre la red consular española.
La decisión abre un debate que va más allá del precio del contrato. En un momento en que la nacionalidad, la identidad jurídica, la gestión de datos personales y la soberanía digital se han convertido en asuntos estratégicos, la elección de proveedores tecnológicos para sistemas públicos no es una cuestión meramente técnica. Afecta a la capacidad del Estado para controlar sus procesos internos, proteger información sensible y decidir qué papel reserva a empresas nacionales en servicios esenciales.
El volumen de expedientes ha alimentado también denuncias políticas y jurídicas sobre una posible alteración indirecta del censo electoral, al tratarse de nuevos nacionales con derecho potencial a participar en futuros comicios. La cuestión no afecta solo a la memoria del exilio ni a la gestión consular, sino al equilibrio entre nacionalidad, administración digital, garantías electorales y soberanía del Estado.
