Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
Hay decisiones que no se anuncian como rupturas, pero lo son. El inicio del proceso de privatización de AySA, la empresa estatal argentina que gestiona el agua potable y el saneamiento en Buenos Aires y su área metropolitana, pertenece a esa categoría: un cambio profundo presentado como un trámite administrativo.
El Gobierno nacional ha puesto en marcha este proceso mediante una secuencia de normas publicadas en el Boletín Oficial. El DNU 493/2025 redefine el marco regulatorio del servicio, alterando reglas vigentes desde la reestatización de la empresa en 2006. El DNU 494/2025 va un paso más allá y autoriza expresamente la privatización total de AySA, habilitando la venta de la mayor parte de las acciones estatales. Finalmente, la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía activa el procedimiento operativo y abre la puerta a la venta de un paquete mayoritario —en torno al 51 %— a un operador estratégico mediante licitación.
Leídas en conjunto, estas normas configuran un escenario nuevo: hasta el 90 % del capital social de AySA podría quedar en manos privadas, quedando el resto reservado a empleados u otros mecanismos internos. No se trata solo de una operación financiera, sino de un desplazamiento del control político y técnico sobre un servicio esencial que afecta a millones de personas.
El agua como negocio, el conocimiento como activo
En paralelo a este proceso aparece un actor clave: la empresa estatal israelí Mekorot. Desde al menos 2022, Mekorot ha firmado convenios de asesoramiento y consultoría con diversas provincias argentinas —Mendoza, San Juan, Río Negro, La Rioja, Catamarca, Formosa, Jujuy, Neuquén, Santa Cruz, entre otras— y, según múltiples fuentes periodísticas, también presta asesoramiento técnico a AySA.
Aquí conviene ser precisos. No hay documentación pública que indique que Mekorot vaya a comprar AySA ni que pueda hacerlo legalmente ¹. De hecho, declaraciones atribuidas a representantes de la empresa descartan esa posibilidad, señalando las restricciones normativas internas que le impedirían poseer activos fuera de Israel. La idea de una adquisición directa ha sido repetida, desmentida y, hasta ahora, no está respaldada por ningún documento oficial.
Pero el foco de esta investigación no está en la propiedad formal, sino en algo menos visible y, a menudo, más decisivo: el control del conocimiento.
Como asesora técnica, Mekorot accede —o puede acceder— a diagnósticos completos del sistema, bases de datos, modelos de gestión, proyecciones de infraestructura y planes maestros. En el mundo del agua, ese conjunto de información no es accesorio: es el corazón del sistema. Saber dónde están los acuíferos, cómo se distribuyen los caudales, qué redes son críticas y cuáles son los cuellos de botella equivale a tener las llaves del servicio, incluso sin ser dueño de la empresa.
El problema es que los contratos completos no son públicos. No se conocen sus anexos técnicos, ni las cláusulas de confidencialidad, ni —sobre todo— las disposiciones sobre propiedad intelectual. No sabemos si los datos y modelos generados quedan bajo control estatal, si pueden ser reutilizados por terceros o si acompañan, de facto, a quien termine gestionando el servicio en el futuro.
Una privatización sin nombres propios (por ahora)
Desde el punto de vista jurídico, el proceso se ampara en la Ley de Bases (Ley 27.742) y en la legislación histórica sobre privatizaciones. Todo lo actuado hasta ahora es legal en términos formales. Pero esa legalidad convive con una opacidad significativa en la fase decisiva del proceso.
A día de hoy:
- no se han publicado los pliegos definitivos de licitación,
- no se conocen los criterios técnicos de evaluación,
- no hay listas de oferentes ni consorcios preseleccionados,
- ni existen adjudicaciones concretas.
Esto significa que la privatización está en marcha, pero sus protagonistas reales aún no tienen nombre público. Y es precisamente en este tramo —el previo— donde se definen muchas de las ventajas competitivas: quién llega con información, quién conoce el sistema desde dentro, quién participa como asesor y quién termina como operador.
Las consecuencias que empiezan a perfilarse
Más allá de los actores concretos, el nuevo marco regulatorio introduce cambios con impacto directo en la vida cotidiana. Entre ellos, la posibilidad de acortar los plazos para el corte del servicio por falta de pago, lo que modifica el equilibrio entre la lógica del derecho al agua y la lógica de la rentabilidad.
En un esquema plenamente público, estos conflictos se resolvían dentro del Estado. En un esquema privatizado, pasan a formar parte del modelo de negocios. No es una hipótesis ideológica: es una consecuencia observable en experiencias similares, dentro y fuera del país.
Una investigación en suspenso
Nada de lo anterior permite, por sí solo, afirmar la existencia de irregularidades, favoritismos o cesión indebida de soberanía. Pero sí permite afirmar algo distinto y verificable: la información clave todavía no está disponible.
Los contratos, los expedientes administrativos, las comunicaciones internas, las actas de directorio y los pliegos de licitación serán los documentos que permitan saber si el proceso preserva el interés público o si, por el contrario, transfiere ventajas estratégicas sin control suficiente.
Esta investigación queda, por tanto, abierta. No por falta de indicios, sino porque el acceso a la información —condición básica de cualquier control ciudadano— todavía no se ha producido.
[1] Aunque Mekorot no pueda adquirir activos, su rol como asesora podría habilitar su integración —directa o indirecta— en consorcios privados que participen en la licitación, escenario que requiere ser evaluado con documentación oficial.
