La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala inició este 18 de mayo su fase de liquidación por decisión del nuevo jefe del Ministerio Público, Gabriel Estuardo García, una de sus primeras medidas tras asumir el cargo. García vinculó la decisión a la pérdida de credibilidad ciudadana de esa unidad y anunció una revisión de expedientes, resultados y actuaciones internas.
El nuevo fiscal general afirmó que el estudio interno sobre el funcionamiento de la FECI puede alcanzar a funcionarios o exfuncionarios del Ministerio Público, incluida la exfiscal general María Consuelo Porras, siempre que existan pruebas y hechos concretos. También mencionó al exsecretario Ángel Pineda como una de las figuras que podrían quedar bajo análisis en función de los elementos disponibles.
La medida forma parte de una reorganización más amplia del Ministerio Público. García anunció la evaluación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero, una auditoría interna de la gestión saliente y la creación de una comisión especial para revisar casos contra operadores de justicia que se encuentran en el exilio. La Fiscalía también planteó un análisis de causas bajo reserva judicial y una revisión de casos de criminalización.
El relevo en el Ministerio Público cerró una etapa de fuerte tensión entre la presidencia de Bernardo Arévalo, el aparato fiscal heredado y los sectores que denunciaron persecución judicial contra periodistas, defensores, fiscales, jueces y operadores de justicia. Prensa Latina recogió el 17 de mayo demandas de la Asociación de Periodistas de Guatemala para poner fin a la criminalización de la prensa, defensores de derechos humanos y operadores de justicia.
La reestructuración fiscal coloca a Guatemala ante una nueva correlación institucional. La revisión de la FECI afecta expedientes sensibles de corrupción, impunidad, persecución penal, financiación política, lavado de dinero y redes de influencia judicial. La disputa no se limita al plano administrativo: afecta la capacidad del Estado para recuperar legitimidad interna y margen propio frente a presiones internacionales sobre justicia, elecciones y lucha anticorrupción.
Fuentes: Prensa Latina.
