Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
El Gobierno central dispuso el despliegue de un contingente militar en el departamento de Santa Cruz tras una emboscada sufrida por una comitiva oficial en el municipio de San Pedro. La decisión fue adoptada luego de que autoridades departamentales y efectivos policiales fueran atacados cuando se dirigían a la zona de Las Londras, en la provincia Guarayos, donde estaban previstos operativos de desalojo.
La medida fue confirmada por una autoridad gubernamental, que informó que 200 efectivos del Ejército fueron enviados al municipio de El Puente para reforzar las acciones de seguridad y apoyar a la Policía en procedimientos vinculados a la recuperación de predios ocupados de manera ilegal. El despliegue se ejecutó a través del Ministerio de Defensa, tras una evaluación de la situación registrada durante el ataque.
Según la información oficial, la emboscada ocurrió cuando una comitiva integrada por representantes de la Gobernación de Santa Cruz y un contingente policial se trasladaba desde la capital departamental hacia El Puente. Durante el trayecto, el grupo fue interceptado por personas identificadas por las autoridades como avasalladores, lo que impidió la continuidad del desplazamiento y obligó a reforzar las medidas de seguridad en la zona.
Las autoridades utilizan el término avasalladores para referirse a grupos de personas que ocupan predios privados o fiscales sin autorización legal, al margen de los procedimientos administrativos establecidos para el acceso a la tierra. En el caso de Guarayos, los predios afectados corresponden a propiedades que cuentan con registro y que se encuentran en disputa por ocupaciones consideradas irregulares por las instancias estatales competentes.
El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, señaló que la intervención de las Fuerzas Armadas responde a que la capacidad operativa policial fue superada durante los hechos registrados en San Pedro. En declaraciones al programa Encontrado, explicó que la Constitución Política del Estado prevé la participación militar en situaciones específicas.
“El principio de la Constitución Política del Estado es muy claro respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas, que es una vez la Policía ha sido rebasada en sus capacidades”, afirmó Salinas. Añadió que, en este contexto, la Policía no pudo continuar con el control del conflicto sin apoyo adicional.
La determinación del Ejecutivo se produjo después de que autoridades departamentales, entre ellas el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, formaran parte de la comitiva que fue emboscada. Tras el incidente, Camacho se refirió públicamente a lo ocurrido y ratificó la continuidad de las acciones previstas por la Gobernación.
“Vamos a cumplir el compromiso que hemos hecho y vamos a entrar (…) Vamos a llegar hasta el punto donde corresponde para poder hacer el relevamiento de todo”, declaró el gobernador tras el ataque, en referencia a los operativos programados en la región.
De acuerdo con datos oficiales, los operativos que se ejecutarán en Guarayos tienen como objetivo permitir el ingreso de las autoridades a las zonas ocupadas, realizar el relevamiento técnico de los predios y acompañar los procedimientos policiales de desalojo conforme a las resoluciones administrativas y judiciales vigentes.
El Ministerio de Defensa indicó que el contingente militar cumplirá funciones de apoyo y resguardo, mientras que la conducción de los operativos permanecerá a cargo de la Policía. Hasta el momento, no se ha informado sobre el tiempo de permanencia de las Fuerzas Armadas en la zona ni sobre un cronograma específico de intervención.
Las autoridades señalaron que en los próximos días se emitirá un reporte oficial con detalles sobre el avance de los operativos y la situación de seguridad en los municipios involucrados
