La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Durante la última audiencia del año en el juicio conocido como Los Cuadernos, el tribunal expuso las acusaciones vinculadas al presunto circuito de pagos ilegales relacionados con el servicio de transporte. Según la imputación presentada por el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera, los fiscales describieron la existencia de una estructura sistemática de cobro de sobornos a empresas del sector, que incluía el pago trimestral de un cinco por ciento sobre determinadas sumas.
El tribunal destacó que las anotaciones realizadas por Oscar Centeno, exchofer de un funcionario del Ministerio de Planificación, fueron una de las pruebas centrales desde la etapa de instrucción. Esos registros enumeraban fechas, horarios y encuentros entre exfuncionarios y empresarios, elementos que la acusación interpretó como reflejo de acuerdos ilícitos que presuntamente beneficiaron a funcionarios y empresarios.
Uno de los puntos principales durante la audiencia fue la exposición de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había sido identificada como destinataria directa de los bienes provenientes del supuesto esquema de corrupción. Según la acusación, se determinó la existencia de pactos entre funcionarios del Gobierno y empresarios beneficiarios de contratos públicos, en el marco de una presunta asociación ilícita para garantizar favores estatales a cambio de pagos periódicos.
La imputación sostuvo que estas operaciones se llevaban a cabo de manera voluntaria por ambas partes, descartando que los empresarios actuaran exclusivamente bajo extorsión. Además de Cristina Fernández de Kirchner, la acusación incluyó a Julio Miguel De Vido, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros funcionarios mencionados en la causa por supuestos acuerdos ilícitos con ejecutivos de compañías del sector transporte.
