El Senado aprueba la destitución de Diego Simpertigue en la Corte Suprema

La medida se adopta tras acusaciones por faltas a la probidad en Chile en 2024


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Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.

El Senado de la República de Chile aprobó la Acusación Constitucional contra Diego Simpertigue, ministro de la Corte Suprema, lo que obliga a su destitución inmediata. Esta decisión sucede en el marco de una crisis institucional en el Poder Judicial chileno que se mantiene desde el año anterior. La moción había recibido respaldo unánime en la Cámara de Diputados y mayoritario en la cámara alta.

La acusación incluyó cargos por presuntas faltas a la probidad relacionadas con vínculos entre Simpertigue y abogados participantes en causas donde él emitió sentencias favorables. Este caso es parte de una serie de destituciones dentro del máximo tribunal relacionadas con el denominado Caso Hermosilla, que ha puesto en cuestionamiento los estándares de integridad en el sistema judicial.

En los últimos meses, dos ministros adicionales de la Corte Suprema han sido cesados tras investigaciones vinculadas con el abogado Luis Hermosilla. De igual forma, dos jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, fueron removidos luego de recibir cuestionamientos públicos relacionados con estas investigaciones. Las pruebas surgieron principalmente de la revisión de dispositivos telefónicos y la divulgación de conversaciones que sugieren injerencias en el nombramiento de magistrados y prácticas contrarias a principios de transparencia.

Otro caso destacado en esta crisis fue la destitución, en octubre de 2024, del ministro Sergio Muñoz, acusado de presunto uso de información privilegiada para la compra de propiedades por parte de su hija, quien ejercía funciones judiciales en el extranjero. Ambos capítulos del proceso recibieron el apoyo del Senado.

Estas remociones e investigaciones han enfocado la atención en los procedimientos internos de fiscalización judicial. La institucionalidad judicial enfrenta presiones para implementar mayores controles, reforzando sus mecanismos de transparencia y responsabilidad.

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