La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El PRI ha cruzado una línea política de enorme gravedad al pedir directamente a Estados Unidos que declare a Morena como “organización terrorista”. La solicitud fue anunciada por Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, en plena escalada por el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el narcotráfico. La maniobra convierte una disputa interna mexicana en un expediente dirigido a los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro de una potencia extranjera.
Según las informaciones publicadas por medios mexicanos, Moreno presentó escritos ante autoridades estadounidenses para solicitar que Morena sea tratada como una organización terrorista por supuestos vínculos con cárteles del crimen organizado. También pidió al Instituto Nacional Electoral que retire el registro al partido gobernante como fuerza política. La acusación se apoya en el caso Rocha Moya y en señalamientos contra otros funcionarios de Sinaloa, aunque las fuentes consultadas indican que la petición pública del dirigente priista no acredita por sí misma una resolución judicial firme contra Morena como partido.
El movimiento no es menor. El PRI no está pidiendo únicamente una investigación interna, una comisión parlamentaria o una actuación de la Fiscalía mexicana. Está solicitando que Washington active su aparato de seguridad contra el partido que gobierna México. Esto introduce un elemento de internacionalización directa de la lucha partidaria mexicana y abre una vía de presión exterior sobre la vida política nacional. En términos geopolíticos, la petición coloca a Estados Unidos como posible árbitro, acusador o instrumento de castigo contra una fuerza política mexicana.
La ofensiva se produce en un momento especialmente sensible para el Gobierno de Claudia Sheinbaum. El caso Rocha Moya ha reabierto el expediente de la llamada “narcopolítica” en México, con acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición. El País informó de que el escándalo ha fracturado al Congreso mexicano entre denuncias de vínculos criminales y acusaciones de traición a la patria, mientras Morena y sus aliados responden señalando presunta injerencia estadounidense y cuestionando a figuras opositoras.
La lectura de fondo es clara: el caso Sinaloa se ha convertido en un campo de batalla nacional y exterior. Para la oposición, las acusaciones estadounidenses contra Rocha Moya ofrecen una oportunidad para golpear a Morena en su punto más vulnerable: seguridad, narcotráfico y legitimidad territorial. Para el oficialismo, la petición del PRI confirma que sus adversarios están dispuestos a llevar la disputa política mexicana ante Washington, debilitando la soberanía institucional del país.
El riesgo está en la categoría elegida. Declarar “terrorista” a una organización no es una etiqueta retórica: puede implicar sanciones, bloqueo financiero, persecución internacional, congelación de activos, prohibiciones de colaboración y consecuencias jurídicas para personas o entidades vinculadas. Trasladar esa herramienta al terreno de la competencia electoral mexicana supondría una mutación peligrosa: pasar de combatir delitos concretos a pedir la proscripción internacional de un partido de masas.
Morena ha respondido denunciando una operación de intervención exterior. La nueva dirigencia nacional, encabezada por Ariadna Montiel, queda así obligada a defender al partido en dos frentes simultáneos: frente a las acusaciones de corrupción o vínculos criminales derivadas del caso Sinaloa, y frente a una ofensiva opositora que busca colocar al movimiento gobernante bajo acusación estadounidense de terrorismo. Reuters ya había situado el relevo en Morena dentro de la crisis abierta por el expediente Rocha Moya y la necesidad del partido de blindarse ante acusaciones de corrupción.
La paradoja política es evidente. El PRI, durante décadas partido hegemónico del Estado mexicano, solicita ahora a una potencia extranjera que intervenga en la definición jurídica de su principal adversario político. Esa decisión lejos de reforzar momentáneamente su ofensiva contra Morena, expone al propio PRI a la acusación de sometimiento a Washington.
La noticia no está solo en que Alejandro Moreno ataque a Morena. La noticia está en que ha pedido a Estados Unidos que convierta esa ofensiva en una causa de seguridad internacional. En un México sometido a presiones por fentanilo, frontera, migración, extradiciones y crimen organizado, el gesto del PRI abre una nueva grieta: la posibilidad de que la guerra partidaria mexicana sea absorbida por la agenda estratégica estadounidense.
Si Washington ignora la solicitud, el episodio quedará como una escalada retórica de la oposición. Si alguna instancia estadounidense la procesa o la utiliza políticamente, México entrará en un terreno mucho más delicado: la conversión de la competencia electoral interna en un expediente de seguridad exterior controlado desde fuera.
Fuentes: La Jornada, El Universal, La Crónica, Noroeste, El País, Naiz, Reuters.
