Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
COMUNICADO DEL ATENÉO IBERÓFONO JUAN LATINO
El Ateneo Iberófono Juan Latino denuncia el contenido difundido por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), en el que se identifica de forma directa a múltiples personas —entre ellas nuestro colaborador Santiago Armesilla— acompañando sus nombres de una imagen donde se repite la palabra “MUERTO” bajo referencia a una organización armada. No se trata de una intervención política ordinaria, sino de un acto de señalamiento dirigido que introduce un elemento inequívoco de intimidación.
ACOM es una asociación privada registrada en España, fundada en 2004 y con sede en Madrid, que actúa como estructura organizada de presión política, mediática y judicial en defensa de posiciones sionistas y de la agenda del Estado de Israel. Su actividad no se limita a la comunicación: ha desarrollado una estrategia sostenida de litigación contra instituciones, universidades y actores públicos que adoptan posiciones críticas, especialmente en relación con el movimiento BDS. Esta combinación de intimidación, presión institucional y uso de los tribunales la sitúa como un actor de intervención directa en el espacio político español.
El mensaje difundido no entra en el terreno del análisis ni de la confrontación de ideas. Señala personas concretas, con nombres y perfiles identificables, procedentes de ámbitos ideológicos diversos —desde posiciones conservadoras hasta críticas sistémicas—, lo que evidencia que no se responde a una corriente política homogénea, sino que se marca a individuos por desviarse de una narrativa concreta, la que este grupo de presión sionista intenta imponer. La reiteración de la palabra “MUERTO” y la referencia a estructuras armadas no es un recurso retórico inocuo: configura un marco simbólico en el que se proyecta la eliminación física como horizonte asociado a quienes son señalados.
Ese mecanismo tiene una naturaleza clara: intimidar mediante la asociación indirecta con la violencia. No es necesario formular una amenaza explícita cuando el mensaje, por su construcción, produce ese efecto. En términos jurídicos, nos encontramos ante hechos que pueden encajar en delitos de amenazas al apuntar un mal grave sobre personas determinadas, así como en coacciones por el burdo intento de condicionar o disuadir posicionamientos públicos. La reiteración de este tipo de prácticas podría además configurar un supuesto de hostigamiento.
ACOM no actúa desde el anonimato. Es una entidad con estructura, dirección y capacidad de intervención. Su representación corresponde a quien figura públicamente como presidente, Ángel Guillermo Mas Murcia, según los registros disponibles, lo que implica una responsabilidad directa sobre las presuntas amenazas vertidas en sus canales oficiales.
Conviene subrayar un aspecto esencial que este tipo de actuaciones distorsiona deliberadamente: no todos los judíos son sionistas, ni el sionismo agota la pluralidad política, cultural y religiosa del mundo judío. Identificar una comunidad entera con una posición ideológica concreta no solo es falso, sino que contribuye a tensiones innecesarias y a la degradación del debate público. En este punto, la estrategia de ACOM presenta paralelismos con métodos históricos de señalamiento y estigmatización colectiva. No parece casual. Precisamente por ello, prácticas como las descritas no protegen a nadie: exponen y dañan.
El Ateneo Iberófono Juan Latino afirma con rotundidad que ninguna persona puede ser expuesta públicamente bajo códigos que sugieren violencia o eliminación. Quienes han sido señalados tienen derecho a defenderse con la misma firmeza en todos los planos legales e institucionales. La confrontación política es legítima; la intimidación dirigida, no. Y cuando se identifica a personas concretas y se las sitúa en un marco simbólico de muerte, no hay debate: hay intimidación.
Y frente a la intimidación, habrá respuesta.
