La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Gobierno de España ha empleado su prerrogativa para vetar una enmienda presentada por el Partido Popular sobre el procedimiento de regularización extraordinaria que se prevé en las próximas semanas. Esta decisión se comunicó a la Mesa del Congreso de los Diputados dos días antes de la aprobación definitiva de la ley de multirreincidencia, que endurece las penas por delitos de hurto reiterados.
La enmienda vetada contaba con el apoyo de Junts y Vox y proponía modificar la ley de extranjería para que quienes estén en situación administrativa irregular debieran presentar un certificado oficial de ausencia de antecedentes penales en lugar de una declaración responsable para acogerse al proceso de regularización. El Gobierno, junto con la formación Sumar, bloqueó el debate amparándose en que dicha modificación supondría un aumento del gasto público.
El Ejecutivo explicó que exigir el certificado oficial implicaría contratar 400 empleados adicionales en las brigadas provinciales de extranjería, con un coste próximo a los 17 millones de euros, lo que justificaría el veto por impacto presupuestario.
A pesar de excluir esta enmienda, la ley de multirreincidencia continuará su tramitación y se aprobará en el Congreso el próximo jueves. Este texto, promovido inicialmente por formaciones independentistas catalanas y con el respaldo del Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Vox y Junts, aumentará las penas de prisión por hurto reiterado o cuando el objeto sustraído sea un dispositivo electrónico como un teléfono móvil.
