El Estado chileno recibe críticas por el caso Julia Chuñil

Julia Chuñil desapareció en enero de 2024

Julia del Carmen Chuñil Catricura, activista medioambiental mapuche

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Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.

A un año de la desaparición de Julia Chuñil Catricura, dirigente mapuche y defensora del medioambiente de la comunidad de Putreguel, distintas organizaciones sociales han reiterado cuestionamientos a las instituciones públicas responsables del esclarecimiento del caso. Julia Chuñil desapareció en enero del año pasado, generando preocupación por la falta de avances identificables en la investigación oficial.

Durante los últimos doce meses, la familia de Julia Chuñil ha sido objeto de diligencias judiciales como allanamientos domiciliarios, intervenciones telefónicas e incautaciones de objetos personales. Según la causa judicial, el 14 de septiembre se presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos que fue declarada admisible, acusando apremios ilegítimos contra José Arriagada, funcionario de LABOCAR, y Tatiana Esquivel López, fiscal regional de Los Ríos, quienes presuntamente participaron en acciones para presionar a familiares.

Las críticas principales se dirigen hacia el Ministerio Público y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a quienes se acusa de no remover a la fiscal regional encargada del caso pese a cuestionamientos públicos relacionados con el trato a la familia. La Fiscalía ha sido señalada por su falta de transparencia y posibles deficiencias en la protección de derechos.

Entre las demandas está la designación de nuevos responsables en la investigación y la creación de una comisión parlamentaria para investigar el desarrollo de las diligencias y posibles irregularidades. El empresario agroforestal Juan Carlos Mordstardt Adwanter, señalado en la causa, permanece en libertad, sin resultados concluyentes sobre su posible vinculación.

Ante esta situación, organizaciones sociales solicitan que la investigación incorpore la perspectiva de los pueblos originarios y avance con transparencia para esclarecer los hechos, identificar responsables y establecer eventuales responsabilidades institucionales.

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