Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda pública de 53 millones de euros para Plus Ultra Líneas Aéreas. El dinero salió del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI, y se dividió en 34 millones de euros en préstamo participativo y 19 millones en préstamo ordinario. El Gobierno presentó la operación como una medida temporal para proteger una compañía de transporte aéreo afectada por la pandemia y defendió que Plus Ultra cubría rutas de larga distancia con Ecuador, Perú y Venezuela.
La decisión quedó marcada desde el primer día por dos factores. El primero era económico: Plus Ultra era una aerolínea pequeña, con una cuota de mercado reducida y una relevancia discutida dentro del sistema aéreo español. El segundo era político: la compañía mantenía una relación directa con Venezuela, tanto por sus rutas como por su composición societaria y por los empresarios vinculados a su entorno. Esa conexión venezolana, que en 2021 aparecía sobre todo como una sospecha política, es ahora uno de los ejes de la investigación judicial.
La primera batalla penal se abrió poco después del rescate. En abril de 2021, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid inició diligencias contra responsables de la SEPI tras una denuncia de Manos Limpias por presunta malversación. A esa ofensiva se sumaron también iniciativas del PP y Vox. Sin embargo, la vía inicial acabó archivada. En enero de 2023, la Justicia descartó que estuviera suficientemente justificada la comisión de delitos como malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias o fraude en ayudas públicas. Esa resolución cerró la primera etapa del caso, pero no agotó todas las líneas de investigación.
La segunda etapa fue distinta. Ya no se centraba solo en si la ayuda pública estuvo bien o mal concedida, sino en el posible uso del rescate para mover fondos de origen ilícito. Fiscalía Anticorrupción reactivó la causa tras recibir información vinculada a investigaciones internacionales en Francia y Suiza. Esa línea apuntaba a un presunto blanqueo de dinero procedente de Venezuela, relacionado con fondos públicos malversados, ventas de oro y contratos vinculados a estructuras de poder venezolanas.
El rescate español dejaba así de ser únicamente una discusión sobre ayudas públicas y pasaba a formar parte de una investigación sobre flujos financieros transnacionales.
En diciembre de 2025, la causa dio un salto operativo con registros y detenciones en el entorno de Plus Ultra. Entre los investigados aparecieron directivos de la aerolínea y el empresario Julio Martínez Martínez, administrador de Análisis Relevante S.L. y persona próxima a José Luis Rodríguez Zapatero. La investigación situó a esa consultora en un punto sensible: habría cobrado de empresas relacionadas con el entorno de Plus Ultra y después habría realizado pagos al expresidente por trabajos de asesoría.
La clave judicial está en determinar si esos pagos correspondían a servicios reales de consultoría o si eran una forma de remunerar gestiones de influencia. Según los datos conocidos de la causa, Análisis Relevante habría transferido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav S.L., sociedad vinculada a sus hijas. También se investigan pagos procedentes de otras mercantiles, entre ellas Gate Center y sociedades del grupo Thinking Heads, que elevarían el volumen total del dinero recibido por el entorno del expresidente. Zapatero ha defendido que esos ingresos fueron declarados y que correspondían a trabajos profesionales, no a comisiones.
El 19 de mayo de 2026, el juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, cita a Zapatero como investigado para el 2 de junio. El instructor lo sitúa, de forma indiciaria, como presunto líder de una estructura de tráfico de influencias que habría operado mediante sociedades instrumentales, contratos de asesoría y canales financieros opacos. La investigación examina delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal, falsedad documental y otros conexos.
El auto conocido incorpora una secuencia especialmente relevante. Según el instructor, los directivos de Plus Ultra habrían intentado obtener la ayuda pública por dos vías: una vinculada al entonces ministro José Luis Ábalos y otra vinculada a Zapatero. La línea atribuida al expresidente habría adquirido un papel predominante. El juez también señala que algunos investigados celebraron la concesión del rescate antes de que fuera aprobada formalmente, lo que para la instrucción apuntaría a un posible acceso a información privilegiada.
La conexión venezolana no queda reducida a la propiedad, las rutas o el origen de fondos. El juez incorpora una segunda línea de influencia relacionada con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela. Esa parte de la investigación apunta a gestiones para asegurar autorizaciones de vuelo de Plus Ultra en territorio venezolano. En otras palabras: la causa no solo mira a Madrid y a la SEPI, sino también a Caracas y al regulador aeronáutico venezolano.
Esa dimensión es decisiva porque une tres planos: dinero público español, operaciones empresariales con Venezuela y capacidad de acceso político del expresidente. Zapatero no era un actor cualquiera en Caracas. Desde 2015 había mantenido un papel recurrente como mediador en la crisis venezolana y había conservado canales de interlocución con el poder político venezolano. La investigación judicial examina ahora si esa posición pudo tener una traducción económica en favor de empresas concretas.
Otro elemento bajo sospecha es la sociedad Landside Dubai Fzco, constituida en Dubái y vinculada a Idella Consulenza Strategica, una estructura relacionada con el entorno de Julio Martínez Martínez. Según la tesis judicial, esa sociedad habría podido servir para recibir fondos en el extranjero y dificultar su trazabilidad en España. El dato más sensible es el contrato por el cual esa estructura podía cobrar el 1 % del rescate, es decir, 530.000 euros, si la operación pública salía adelante.
En paralelo, Hazte Oír impulsó en enero de 2026 una ofensiva propia contra Zapatero por su relación con Nicolás Maduro y con el poder venezolano. La asociación presentó una querella ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Esa querella no es el origen acreditado de la imputación actual en el caso Plus Ultra. Fue una iniciativa distinta, construida sobre la relación política entre Zapatero y Venezuela, y fue inadmitida por la Audiencia Nacional al no apreciar indicios racionales suficientes para abrir ese procedimiento.
La precisión importa. Manos Limpias aparece en el origen de la primera causa contra el rescate de 2021, posteriormente archivada. Hazte Oír aparece en una querella independiente contra Zapatero por Venezuela, también inadmitida. La investigación que ahora lo cita como investigado procede de la nueva fase abierta por Anticorrupción, alimentada por pesquisas internacionales, diligencias de la UDEF, registros, movimientos societarios, pagos cruzados y sospechas de blanqueo vinculadas a Venezuela.
Zapatero ha negado haber realizado gestiones ante ninguna administración pública para favorecer el rescate de Plus Ultra. También ha defendido la legalidad de sus trabajos privados y ha afirmado que sus ingresos fueron declarados. La causa se encuentra en fase de instrucción, por lo que la citación como investigado no equivale a condena. El recorrido judicial dependerá de si los investigadores pueden demostrar que los pagos respondían a trabajos reales o a contraprestaciones por influencia política.
El caso, sin embargo, ya ha superado el perímetro de una polémica administrativa sobre una ayuda pública. La investigación conecta España, Venezuela, Dubái, sociedades pantalla, contratos de asesoría, vuelos con Caracas, fondos públicos y la figura de un expresidente del Gobierno. Ese cruce convierte el caso Plus Ultra en una pieza de alcance mayor: la de si esa operación formó parte de una red internacional de tráfico de influencias y blanqueo de capitales con ramificaciones venezolanas.
Fuentes consultadas:
La Moncloa, acuerdo del Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021 sobre la ayuda de 53 millones de euros a Plus Ultra.
RTVE/EFE, archivo en 2023 de la primera causa judicial por el rescate, abierta tras denuncias de Manos Limpias, PP y Vox.
El País, apertura inicial de diligencias en 2021 tras denuncia de Manos Limpias contra responsables de la SEPI.
Cadena SER, denuncia de Anticorrupción por presunto blanqueo de fondos procedentes de Venezuela a través del rescate de Plus Ultra.
infoLibre, resumen de la citación de Zapatero como investigado y de la tesis del juez José Luis Calama sobre tráfico de influencias, pagos y gestiones ante el INAC venezolano.
Confilegal, datos del auto sobre registros, sociedad en Dubái, contrato del 1 % del rescate y línea venezolana.
El Español, datos sobre el origen de la nueva causa, Anticorrupción, UDEF, pagos de Análisis Relevante y posición procesal de Zapatero.
Hazte Oír, comunicado sobre su querella de enero de 2026 contra Zapatero por su relación con la estructura de Nicolás Maduro.
