La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Asamblea Nacional de Ecuador tramita un paquete de reformas penales, judiciales y de seguridad que busca adaptar la respuesta del Estado a una criminalidad cada vez más transnacional, marítima y financiera. La discusión combina tres frentes sensibles: el proyecto conocido como Ley Antimafias, la futura Ley Orgánica de Extradición y las reformas para perseguir delitos cometidos en espacios marítimos y fluviales.
El punto más avanzado es la Ley de Extradición. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado aprobó el informe para segundo debate con siete votos afirmativos, por lo que el texto queda encaminado al Pleno. La propuesta recoge el pronunciamiento del referéndum del 21 de abril de 2024, en el que Ecuador abrió la posibilidad de extraditar a ciudadanos nacionales bajo las condiciones previstas en la Constitución. El proyecto contiene 40 artículos, disposiciones generales, transitorias y reformas al Código Orgánico Integral Penal.
La extradición introduce un cambio de alcance estratégico. En un país sometido a la presión de redes vinculadas al narcotráfico, al tráfico de armas, al lavado de activos y a estructuras criminales con conexiones internacionales, la posibilidad de entregar nacionales reclamados por otros Estados amplía los instrumentos de cooperación penal. También abre una discusión delicada sobre debido proceso, derechos humanos, garantías judiciales, soberanía jurisdiccional y límites frente a países que aplican penas incompatibles con los estándares constitucionales ecuatorianos.
Ese debate no es abstracto. La propia Asamblea recogió aportes de especialistas sobre la necesidad de impedir extradiciones arbitrarias, garantizar medidas cautelares proporcionadas y revisar supuestos vinculados a penas graves como la prisión perpetua o la pena de muerte. La cooperación internacional aparece como herramienta necesaria frente a organizaciones que operan más allá de las fronteras, pero su aplicación exige reglas claras para evitar que la urgencia securitaria debilite garantías básicas.
En paralelo, la Comisión de Seguridad Integral continúa el análisis de la Ley Antimafias, oficialmente denominada Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado. La propuesta, impulsada por el oficialismo, busca cerrar vacíos legales utilizados por estructuras criminales y ampliar la capacidad estatal frente a mafias que ya no actúan solo en el narcotráfico, sino también en sectores energéticos, hidrocarburíferos, judiciales, financieros y territoriales.
Las observaciones institucionales muestran la tensión del texto. La Defensoría del Pueblo respaldó el fortalecimiento de capacidades estatales, pero pidió revisar proporcionalidad de penas, técnica legislativa, protección de personas vulnerables y garantías para terceros de buena fe en procesos de extinción de dominio. El Servicio de Rentas Internas no planteó cambios tributarios directos, aunque recordó su papel en reportes de operaciones inusuales y denuncias ante la Fiscalía. El Ministerio de Telecomunicaciones sostuvo que el proyecto no afecta sus competencias normativas.
Los expertos consultados por la Asamblea también advirtieron sobre la necesidad de mayor claridad penal. Expresiones como “coordinar estratégicamente” o “integrar funcionalmente” dentro de organizaciones criminales pueden ampliar la capacidad persecutoria del Estado, pero también plantean riesgos de interpretación si no quedan definidas con precisión. La frontera entre eficacia penal y ambigüedad normativa será uno de los puntos centrales del debate legislativo.
El tercer frente es marítimo y fluvial. La Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales analiza reformas al COIP y a la Ley Orgánica de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial. El Ministerio del Interior defendió la actualización normativa porque las rutas acuáticas ecuatorianas son utilizadas por organizaciones criminales para narcotráfico, tráfico ilícito de armas, robo a embarcaciones y otras formas de delincuencia organizada transnacional. El texto plantea ampliar controles, registros y requisas, con coordinación entre Autoridad Marítima, Policía Nacional y Fiscalía.
La cuestión marítima es decisiva para Ecuador. Sus puertos, su litoral y sus rutas hacia el Pacífico se han convertido en espacios críticos para la salida de drogas, el tráfico de armas y la disputa entre bandas locales articuladas con redes internacionales. Las reformas buscan reforzar el control estatal en esos corredores, aunque legisladores y sectores productivos han pedido evitar afectaciones injustificadas a pescadores artesanales y actividades lícitas.
La nueva arquitectura penal ecuatoriana surge en un contexto de violencia sostenida, presión carcelaria, disputas territoriales y penetración criminal en instituciones. El Gobierno de Daniel Noboa ha apostado por una línea de seguridad dura, con militarización, estados de excepción y cooperación internacional. La Asamblea, sin embargo, debe definir hasta dónde puede llegar esa respuesta sin romper garantías constitucionales ni producir normas penales amplias que después resulten difíciles de aplicar o impugnar.
El resultado final de estos proyectos marcará la capacidad de Ecuador para enfrentar redes criminales complejas en tierra, puertos, cárceles, fronteras y rutas marítimas. También definirá el equilibrio entre seguridad, soberanía, cooperación penal internacional y control constitucional. En el Pacífico hispanoamericano, la disputa contra el crimen organizado ya no es solo policial: es una cuestión de Estado, comercio, puertos, justicia y proyección internacional.
Asamblea Nacional de Ecuador, Prensa Latina, Ministerio del Interior de Ecuador, El País.
