Juan Lacomba
(España) Editor de la Iberofonía, es licenciado en Derecho y en Relaciones Laborales. Sindicalista y delegado electo desde 2012, actualmente vicepresidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sagunto, Valencia. Es además formador y técnico superior en Salvamento y Socorrismo.
Aporta un profundo conocimiento del ámbito laboral, la negociación colectiva y las relaciones laborales en la administración pública.
El 8 de diciembre de 2024 marcó el trágico día en que los menores Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina desaparecieron en un sector del sur de Guayaquil, provincia de Guayas. La Corte Constitucional, en su sentencia, reconoció la desaparición forzada de los menores y ordenó una serie de medidas de reparación integral que aún no se cumplen en su totalidad.
Entre las medidas aprobadas, se establecieron disculpas públicas por parte del Estado, a través del Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), la incorporación del caso en el Museo de la Memoria, la reparación económica de las víctimas, y la creación de un espacio público conmemorativo, el Parque Los Cuatro Niños de Las Malvinas en Guayaquil. Hasta la fecha, solo se ha cumplido con la declaratoria del 8 de diciembre como Día de Conmemoración en memoria de los cuatro menores, pero varios puntos clave permanecen pendientes.
Abraham Aguirre García, abogado de las familias de las víctimas, señaló que el acto público de disculpas por parte de la FAE aún no se ha realizado, a pesar de que la Corte había establecido un plazo tras la notificación de la sentencia. Además, en cuanto al Parque Los Cuatro Niños de Las Malvinas, que debe ser readecuado por el GAD de Guayaquil, Aguirre destacó que se ha solicitado una ampliación y aclaración de los términos, ya que la Corte debe asegurar que el acto de develación se realice de forma simbólica con la presencia de las familias y el Municipio.
Por otro lado, la reparación económica, que debería entregarse en un plazo de seis meses, aún no ha sido cumplida. Según la sentencia, cada víctima de desaparición forzada debe recibir $10.000, mientras que $5.000 son para los núcleos familiares de los menores.
En cuanto al Museo de la Memoria, la incorporación del caso debería ayudar a garantizar que la ciudadanía recuerde estos hechos trágicos y que no se repitan. Aguirre también lamentó que únicamente la fecha del 8 de diciembre ha sido reconocida, resaltando que es un primer paso pero que aún faltan otros compromisos clave por cumplir.
Este caso es de gran relevancia en la historia reciente de Ecuador, ya que representa el primer caso de desaparición forzada de menores, con sentencia judicial en el país. Además, es el segundo caso con sentencia por desaparición forzada, tras el caso González, lo que subraya la importancia de que el Estado cumpla con las reparaciones ordenadas.
La sentencia de la Corte Constitucional ha sido un avance para las víctimas y sus familias, pero el cumplimiento de las medidas de reparación aún está pendiente. La falta de avance en el proceso penal también es preocupante, ya que la investigación sigue en la etapa preliminar y no ha habido avances significativos en cuanto a los responsables del secuestro y asesinato de los menores.
El retraso en la investigación del caso refleja una serie de fallos estructurales en el sistema de justicia ecuatoriano, que sigue sin garantizar una celeridad adecuada en los procesos judiciales. Aguirre mencionó que este es el cuarto fiscal que toma el caso y que la Fiscalía y la Policía Judicial no han hecho los avances necesarios. La impunidad en casos de desapariciones forzadas sigue siendo una preocupación para los defensores de derechos humanos.
El caso de Las Malvinas no solo está en espera de justicia, sino que también es un llamado de atención sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de protección de los derechos de los menores en Ecuador. Para las familias de las víctimas, el reconocimiento público y la justicia completa son los actos más significativos que pueden ayudar a sanar la herida, pues “el mejor acto de justicia es la memoria, saber qué pasó y que estos hechos no se repitan.”
El caso sigue en proceso y las familias de los cuatro menores esperan que las autoridades ecuatorianas actúen con la celeridad que exige este tipo de situaciones. La justicia en este caso no solo es la resolución judicial, sino también la reparación integral que debe garantizar la memoria histórica de los hechos para evitar su repetición.
