La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado veinticuatro años de prisión y una multa cercana a los cuatro millones de euros para el exministro José Luis Ábalos. La petición, presentada en el escrito de acusación remitido el 19 de noviembre de 2025, se basa en la presunta participación de Ábalos en el cobro de comisiones derivadas de contratos millonarios relacionados con mascarillas durante la pandemia de COVID-19 en España. Además, la Fiscalía ha solicitado diecinueve años y medio de prisión para Koldo García, asesor de Ábalos, y siete años para el empresario Víctor de Aldama, a quien se le aplica una atenuante por colaboración con la Justicia.
El procedimiento judicial incluye los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El Ministerio Público reclama indemnizaciones a la entidad pública Ingeniería y Economía del Transporte Sociedad Mercantil Estatal (INECO) por 34.477,86 euros y a la empresa pública Tragsatec por 9.500,54 euros. También propone el decomiso de las ganancias obtenidas por el supuesto delito de cohecho, estimadas en al menos 430.298,4 euros.
El caso fue impulsado por el magistrado Leopoldo Puente del Tribunal Supremo, quien firmó el 3 de noviembre de 2025 un auto que cierra la investigación preliminar del denominado “caso mascarillas” y propone la apertura de juicio oral contra Ábalos, García y Aldama. Esta causa es independiente de otra investigación sobre adjudicaciones relacionadas con obra pública, en la que figura otro investigado, Santos Cerdán.
Este avance judicial inicia la posible vista oral destinada a clarificar las responsabilidades penales en contratos adjudicados durante la crisis sanitaria, involucrando a ex altos cargos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y empresarios vinculados al suministro de material sanitario.
