Air-e queda sin agente interventor en el Caribe colombiano

La renuncia de Nelson Javier Vásquez deja vacante la administración estatal desde el 29 de enero


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Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.

La empresa Air-e, encargada del suministro de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, inició un periodo de incertidumbre institucional tras la salida de su agente interventor designado. Nelson Javier Vásquez concluyó su gestión oficialmente el 29 de enero y no se ha anunciado ningún reemplazo por parte de la administración nacional. Esta situación ha generado preocupación entre trabajadores y usuarios, que observan con atención las posibles consecuencias del vacío administrativo en la gestión del servicio eléctrico.

La intervención de Air-e por parte del Estado colombiano fue implementada con el objetivo de garantizar la continuidad y mejoramiento del suministro eléctrico en una región con antecedentes de deficiencias en este sector. La ausencia de un nuevo agente interventor mantiene en suspenso diversas decisiones administrativas y operativas, según han señalado representantes de los trabajadores organizados, que han advertido sobre posibles inestabilidades laborales y retrasos en la toma de decisiones necesarias para la operación diaria de la empresa.

Sectores sindicales han expresado su inquietud ante la falta de claridad sobre el futuro inmediato de Air-e bajo la intervención estatal. Han solicitado al Gobierno nacional actuar con rapidez para designar un nuevo responsable, considerando que una prolongación del vacío en la dirección podría afectar la normalidad del servicio en las comunidades beneficiarias.

El cambio en la administración se produce en un contexto donde el servicio eléctrico sigue siendo prioritario en la región Caribe, donde persisten necesidades de mejora en calidad y cobertura. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el proceso de selección o las razones precisas de la renuncia, mientras la administración nacional mantiene la responsabilidad de garantizar la continuidad del servicio público esencial.

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