La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
En los III Encuentros de Vanguardia Española, previstos del 1 al 3 de mayo de 2026 en Santa Marta de Tormes, Salamanca, dentro del ciclo España contra Europa, una de las intervenciones más esperadas será la de José Manuel Sanz y Pilar Esquinas. No se trata de una mesa técnica más. Su presencia introduce en el programa una de las cuestiones más explosivas del presente español: quién controla el agua, cómo se gestiona y a quién beneficia el modelo que se está imponiendo. La participación en esos encuentros figura en la programación pública difundida en torno al evento.
Pilar Esquinas es abogada especializada en derecho de aguas y fundadora y presidenta de Aguaiuris. Esa doble condición, jurídica y militante, explica buena parte del tono de sus intervenciones: no habla del agua como un asunto sectorial, sino como un frente central de poder. En su trayectoria pública se la vincula también a la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y a otras campañas contra procesos de privatización de servicios esenciales.
Lo decisivo, sin embargo, no es solo su currículum, sino el marco de denuncia que comparten Esquinas y Sanz. En sus intervenciones públicas sostienen que en España se está produciendo una mercantilización del agua favorecida por cambios regulatorios, externalizaciones, opacidad administrativa y por la entrada de grandes operadores privados y fondos de inversión en la gestión del recurso. Ese es el corazón de su discurso: el agua deja de tratarse como bien común y pasa a convertirse en una mercancía sometida a estructuras de negocio, contratos de larga duración y dinámicas especulativas. Ese enfoque aparece repetidamente en entrevistas, conferencias y en la propia definición pública de Aguaiuris.
Ahí es donde sus ponencias resultan especialmente valiosas. José Manuel Sanz comparece como parte activa de una línea de denuncia mucho más áspera, centrada en la crítica a determinadas organizaciones ecologistas, al marco de la Agenda 2030 y a lo que ambos presentan como una red de intereses que estaría dañando al sector primario y facilitando la reordenación del agua en favor de grandes actores económicos. En la cobertura de una conferencia en Huesca, por ejemplo, quedaron recogidas afirmaciones de ambos en ese sentido, incluyendo el lema de Esquinas, “No es sequía, es saqueo”, y las acusaciones de Sanz contra organizaciones que, según su posición, ya no defenderían el campo sino intereses corporativos.
Conviene decirlo con precisión: muchas de las cuestiones más duras que formulan —irregularidades administrativas, operaciones encubiertas a través de asociaciones o estructuras pantalla, privatización de pozos, cancelación de concesiones, destrucción o abandono de infraestructuras hídricas— forman parte de sus denuncias públicas y de su interpretación del proceso en curso. Precisamente por eso sus ponencias son recomendables: porque obligan a mirar una zona del debate que rara vez aparece en el discurso oficial, la de los mecanismos concretos mediante los cuales la gestión del agua puede desplazarse desde el uso común hacia la concentración económica y política.
Quien acuda a escuchar a José Manuel Sanz y Pilar Esquinas no va a encontrarse una charla burocrática sobre normativa hidráulica. Va a encontrar una acusación frontal contra un modelo. Va a escuchar que detrás del lenguaje técnico, de la falsa escasez, de la modernización de regadíos, de la externalización de servicios y de la demolición o vaciado de determinadas infraestructuras, ellos ven una misma lógica: desposeer al agricultor, debilitar al mundo rural y convertir el agua en palanca de control social y económico. Eso es lo que vuelve sus intervenciones especialmente relevantes dentro de los III Encuentros de Vanguardia Española: no suavizan el problema, lo nombran. Y en un momento en que el conflicto por el agua ya no afecta solo al campo, sino también a la soberanía energética, alimentaria y territorial, escucharlos no es una cortesía intelectual, sino una necesidad política.
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