La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Ministerio Público de Perú comunicó el inicio de una investigación preliminar para determinar responsabilidades legales entre miembros de la Policía Nacional tras los incidentes ocurridos el 15 de octubre de 2025 en el Centro de Lima. Las protestas se dirigieron contra el Gobierno y el Congreso de la República de Perú. Según la Defensoría del Pueblo, los hechos dejaron un un fallecido, 29 civiles heridos y 84 efectivos policiales lesionados como resultado de los enfrentamientos en la capital.
La investigación preliminar busca esclarecer posibles delitos de lesiones leves y abuso de autoridad atribuibles a miembros de la Policía Nacional, específicamente por el uso de proyectiles descritos como “perdigones de goma”. Las denuncias incluyen heridas a ciudadanos como Jean Pierre Niño de Guzmán y Cristian Raymundo, además de otras personas aún no identificadas oficialmente. Se reportó que algunos participantes de las protestas recibieron disparos presuntamente realizados por agentes vestidos de civil.
El ciudadano fallecido fue identificado como Eduardo Ruiz Sanz. Allegados acudieron a la Morgue Central de Lima para exigir investigaciones y afirmaron contar con registros audiovisuales del momento del disparo fatal. Según testimonios, el incidente ocurrió mientras los manifestantes estaban reunidos en la Plaza Francia, y el responsable habría sido un agente policial en situación de civil.
El presidente de Perú, José Jerí, y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, acudieron al Congreso de la República horas después sin emitir declaraciones públicas sobre los hechos. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, declaró desde el Congreso que los actos violentos fueron protagonizados por ambas partes y que la Fiscalía de Derechos Humanos está a cargo de las investigaciones. Gálvez señaló que la información inicial indica que la víctima mortal fue alcanzada por un proyectil de arma de fuego.
Las instituciones gubernamentales y organismos de derechos humanos permanecen a la espera de resultados oficiales para determinar las circunstancias exactas y las responsabilidades respecto a las manifestaciones del 15 de octubre.
