La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Durante los primeros siete meses de 2024, el Gobierno de la República Argentina, a través del Ministerio de Economía, retuvo una parte relevante de los recursos recaudados por el impuesto a los combustibles líquidos, que alcanzó los $3.839.125 millones. De este monto, el 35,44%, equivalente a $1.334.735 millones, correspondió a fondos fiduciarios destinados a infraestructura y compensación del transporte público, pero no se distribuyó a las provincias conforme al régimen de coparticipación federal.
Un análisis de la consultora Galois, dirigida por Rodolfo Correa Becker, indica que, de haberse aplicado los coeficientes habituales de coparticipación, las 24 jurisdicciones habrían recibido un total de $784.290 millones. Entre estas, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe serían las principales receptoras, con $166.359, $67.266 y $67.704 millones respectivamente para el periodo mencionado. Los recursos no transferidos permanecieron bajo administración nacional y se dirigieron a inversiones financieras.
La asignación del impuesto está regulada por la legislación vigente, que destina porcentajes específicos a fideicomisos: el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica (4,31%), el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (28,58%) y la compensación al transporte público (2,55%). El resto de la recaudación se distribuye entre el Tesoro Nacional, el Fondo Nacional de la Vivienda, las provincias y el Sistema Único de Seguridad Social.
Este esquema ha generado un debate en 2024 entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales, quienes han reclamado la falta de recursos para obras viales y el deterioro de rutas nacionales. Según declaraciones oficiales, los fondos retenidos fueron contabilizados para cumplir objetivos de equilibrio fiscal, según indicó un vocero presidencial. Por su parte, los gobernadores proponen transformar los fondos fiduciarios en transferencias directas, pero su iniciativa no ha sido aprobada por ley, lo que mantiene abierta la discusión sobre la distribución y uso efectivo de estos recursos en la República Argentina.
