Adrián Sánchez Sallán
(España) Editor en La Iberofonía, especialista en defensa y geopolítica. Combina su profesión como técnico en procesos industriales con sus estudios en el programa de Experto Universitario en Materialismo Político en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es portavoz del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Desde que comenzó la guerra en Ucrania, ha habido un cruce constante de información y desinformación sobre quién tiene mejor armamento, mejor inteligencia y quién ganaría a quién. Ese ruido ha desembocado en un punto tan culminante como asombroso: día a día se ha reforzado, desde Occidente, la idea de que Rusia quiere invadir Europa. Bajo esa premisa se ha hablado de todo, desde un supuesto rearme continental hasta la recuperación del servicio militar obligatorio. Aquí nos centraremos en el rearme.
Un esfuerzo fiscal que no cuadra con los números
Este rearme propuesto por la UE plantea, vía deuda, una inversión de más de 800.000 millones de euros. Analicemos esto con datos.
Moscú declaró un gasto militar de 145.900 millones de dólares en 2024, aunque medido en paridad de poder adquisitivo el gasto real alcanzó los 462.000 millones. Un análisis de verificación de datos confirma que los Estados miembros de la UE gastaron 342.820 millones de dólares en 2024, y sumando Reino Unido el conjunto llega a 423.910 millones — es decir, Europa gasta más en términos absolutos, pero no la brecha de “cuatro veces más” que a menudo se repite.
Mientras tanto, la narrativa del rearme tiende a omitir que a pesar de gastar menos en términos nominales, la paridad de poder adquisitivo eleva el gasto ruso real hasta niveles comparables o superiores a los del bloque europeo. Es decir: el argumento de que Europa “está muy por detrás” depende de qué unidad de medida se elija, algo que rara vez se explica cuando se vende el plan a la opinión pública.
Se pide más dinero, pero no se compra soberanía
La UE exige un esfuerzo fiscal enorme para un rearme que, sin embargo, no se está traduciendo en lo que debería: no se invierte de forma decidida en material comprado o desarrollado dentro de la propia Unión, y lo que se gasta no siempre implica modernización tecnológica ni mejora real de las capacidades de la tropa. Ni siquiera hay acuerdo en el proyecto más simbólico de todos: el desarrollo de un caza europeo de nueva generación.
Y aquí el argumento se ha vuelto, en las últimas semanas, todavía más contundente: el pasado 8 de junio de 2026 el programa FCAS quedó formalmente descarrilado — el caza de sexta generación impulsado desde 2017 por Francia, Alemania y España, con un presupuesto de unos 100.000 millones de euros. Alemania y Francia decidieron no seguir construyéndolo juntas tras un encuentro entre el canciller Merz y el presidente Macron en la cumbre UE-Balcanes Occidentales de Montenegro. El hundimiento del proyecto más ambicioso de cooperación militar europea revela hasta qué punto los intereses nacionales siguen dificultando la construcción de una auténtica autonomía estratégica europea, a pesar de que el continente nunca había dispuesto de tanto dinero para su defensa. Sin caza propio, las fuerzas aéreas europeas seguirán dependiendo de los F-35 estadounidenses o de actualizaciones de aviones de cuarta generación.
Ni siquiera con 100.000 millones sobre la mesa ha sido posible cooperar en la tecnología puntera; en cambio, sí ha sido posible fusionar empresas y consolidar accionariados. La pregunta se impone sola: ¿a dónde vamos a ir a luchar contra Rusia si ni siquiera somos capaces de sostener una industria militar soberana, tecnológicamente avanzada e independiente? Y todo esto sin olvidar que Rusia sigue siendo, además, una potencia nuclear.
La dirección real de la industria: concentración, no autonomía
La industria militar europea avanza en una dirección muy clara, y no lo decimos nosotros: Roland Berger, la consultora que asesora a gobiernos y empresas del sector, titula su informe “On the offensive: The rise of M&A in European defense” y lo presenta como una recomendación explícita para que las empresas “ganen escala”. El propio múltiplo EV/EBITDA de las principales empresas europeas de defensa ha pasado de 7 a 17 veces entre 2022 y 2025, y el número de grandes operaciones de fusión pasó de 7 en 2023 a 14 en 2024, con 19 proyectadas para 2025. El vocabulario del propio informe —”campeones regionales”, “ganar tamaño”— es el de la concentración industrial, no el de la defensa nacional.
Así se reparte hoy la propiedad y las compras de las principales empresas europeas de defensa:
Francia
- Thales — Estado francés 25,7% | BlackRock más del 1%. Compra: Imperva (ciberseguridad, EEUU), 3.600M$, cerrada en diciembre de 2023.
- Airbus, Safran, Naval Group, Nexter/KNDS, MBDA France — participación estatal francesa combinada con presencia transversal de BlackRock.
Alemania
- Rheinmetall — free float de casi el 98%, Fidelity como mayor tenedor identificado con cerca del 2,9%. Compra: Expal Systems (España), 1.200M€, cerrada en agosto de 2023.
- Hensoldt — Estado alemán (vía KfW) adquirió el 25,1% en 2020 | Leonardo compró el 25,1% a KKR por 606M€ en 2021, ampliado después.
Italia
- Leonardo — Estado italiano 30,2% | BlackRock cerca del 3%. Compra: 25,1% de Hensoldt a KKR, 606M€ (2021).
España
- Indra — Estado (SEPI) 18,7% | Fidelity cerca del 14%.
- Navantia — 100% pública (SEPI), sin capital privado ni extranjero por ahora. Pero su propio presidente, Ricardo Domínguez, ha planteado abiertamente en 2026 abrir el accionariado a capital privado, poniendo como modelo a la francesa Naval Group —que ya ha dado entrada a Thales con un 35% de su capital— y argumentando que Navantia “necesita más dimensión para competir con rivales como la propia Naval Group o TKMS”.
Reino Unido
- BAE Systems — sin Estado como accionista; BlackRock 8,26%, Vanguard 4,93%, cerca del 90% en manos institucionales.
La pieza que lo conecta todo: la propiedad común
Lo más revelador no es que BlackRock aparezca en casi todas las filas de esta tabla, sino dónde más aparece: el mismo fondo que posee entre el 1% y el 8% de Airbus, Thales, Safran, Leonardo, Indra y BAE Systems es también accionista, con porcentajes similares, de sus supuestas competidoras estadounidenses — Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics y Northrop Grumman. Economistas como Martin Schmalz (Oxford) advierten que esta “propiedad común” crea incentivos para precios más altos, menos innovación y menor producción; y analistas como Matt Stoller (Open Markets Institute) señalan que cuanto más consolidado está el sector de defensa, más caro resulta para los gobiernos y más se reduce la competencia real entre proveedores que, en teoría, deberían estar compitiendo entre sí.
Conclusión: un proceso en marcha, no una conspiración cerrada
No hace falta imaginar un plan secreto para ver el patrón: la historia reciente de Europa —y de otras regiones antes que ella— muestra que el endeudamiento sostenido termina, tarde o temprano, traduciéndose en pérdida de control sobre activos estratégicos nacionales en favor de actores externos más fuertes. No hay razón para asumir que la industria de defensa sería una excepción a esa lógica, especialmente cuando ya observamos una concentración empresarial activa, una presión fiscal real sobre los países más endeudados y un fracaso reciente y sonoro —el del FCAS— a la hora de cooperar en lo único que sí justificaría, de verdad, hablar de soberanía europea.
El rearme se vende como respuesta a una amenaza existencial. Lo que muestran los datos, hasta ahora, es un proceso silencioso de concentración accionarial y de traspaso gradual de soberanía industrial hacia el capital privado — europeo y estadounidense a la vez.
