Jaime Goig
(España) Presidente del Ateneo Iberófono Juan Latino, político, comunicador y escritor con amplia experiencia en medios (Onda Cero, El País…). Ha sido director de comunicación en varias empresas españolas y ha desarrollado proyectos en sectores donde compiten marcas como Apple o Google. Su trayectoria combina información, narrativa y producción audiovisual. Actualmente estudia diversas disciplinas en el Instituto Beatriz Galindo – La Latina. Es editor en La Iberofonía.
España necesita montes gestionados, bomberos estables, medios aéreos operativos y una Protección Civil mejor coordinada. La propuesta de Pacto de Estado frente a la “Emergencia Climática” incluye medidas de este tipo y muchas resultan difíciles de discutir.
Pero el documento no se limita a prevenir incendios, inundaciones o sequías. Pretende convertir la política climática, energética, industrial y fiscal del Gobierno en un compromiso permanente, protegido frente a futuros cambios de mayoría parlamentaria.
Después de doce apartados dedicados a la ciencia, los montes, el agua, el medio rural, las emergencias y la información pública, aparecen los dos ejes que revelan el alcance económico del pacto.
El eje 13 propone acelerar la electrificación, desplegar más energías renovables, abandonar progresivamente los combustibles fósiles, mermar la industria y defender “objetivos europeos” de descarbonización todavía más ambiciosos.
El eje 14 plantea una «adaptación permanente del sistema tributario», además de crear fondos estatales y autonómicos para financiar las actuaciones.
El documento puede consultarse íntegramente aquí: Propuesta Pacto de Estado 2025 diciembre.pdf.
La propuesta no concreta qué impuestos se modificarán, cuánto costará el conjunto de las medidas, quién soportará la carga fiscal ni qué empresas recibirán los contratos, ayudas o rentas creadas por el nuevo sistema.
Del diagnóstico científico a una decisión política
El pacto presenta su diagnóstico como una «evidencia irrefutable» y se apoya constantemente en el respaldo de la comunidad científica.
Pero la ciencia no funciona mediante consensos políticos ni votaciones. Una afirmación científica no se convierte en verdadera porque la apoye una mayoría. Se sostiene provisionalmente por las pruebas disponibles, la capacidad de reproducir resultados y su resistencia a la crítica y a nuevas evidencias.
El consenso científico puede indicar que distintas investigaciones convergen en una misma explicación. No convierte esa explicación en un dogma ni determina automáticamente qué política debe aplicarse.
Incluso aceptando que el cambio climático aumenta determinados riesgos, quedan abiertas muchas decisiones: qué tecnologías utilizar, qué ritmo de transformación asumir, qué industrias proteger, qué centrales conservar, quién debe pagar y qué beneficios privados son admisibles.
El Gobierno salta del diagnóstico a una política concreta y presenta esa política como si fuera la consecuencia inevitable de la ciencia. No lo es. La descarbonización, la fiscalidad y el reparto del negocio son decisiones políticas.
¿Quién se quedará con el negocio?
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pretende que en 2030 el 81% de la generación eléctrica proceda de fuentes renovables.
Para alcanzar ese objetivo, el Estado organiza subastas, establece marcos de ingresos y reduce el riesgo que asumen los promotores. El sistema está regulado por el Real Decreto 960/2020.
La cuestión no es estar a favor o en contra de las renovables. La cuestión es quién será propietario de las instalaciones y quién obtendrá beneficios garantizados o protegidos por la intervención pública.
La concentración ya se ha producido en anteriores procesos. La CNMC comprobó que dos grupos empresariales reunieron el 93,1% de la potencia eólica adjudicada en una de las subastas analizadas. El dato figura en su informe de supervisión.
El pacto no fija límites claros a esa concentración. Tampoco reserva una parte relevante de los proyectos a empresas públicas, ayuntamientos, cooperativas energéticas o comunidades locales.
¿Qué pasará con las centrales que garantizan el suministro?
La energía solar produce cuando hay sol y la eólica cuando hay viento. Ninguna puede decidir por sí misma cuándo generar. El sistema necesita también centrales gestionables, bombeo hidráulico, almacenamiento y otras instalaciones capaces de responder cuando falta producción renovable.
El Gobierno prepara un mercado de capacidad para pagar a algunas instalaciones no solo por la electricidad que producen, sino por mantenerse disponibles. La propuesta puede consultarse en la documentación del MITECO.
La posible contradicción es evidente: primero se impulsa un modelo que reduce las horas de funcionamiento y los ingresos de las centrales gestionables; después se plantea pagarles para evitar que cierren.
¿Se perjudicará a determinadas centrales para favorecer nuevos proyectos renovables y de almacenamiento? ¿Recibirán esos proyectos fondos de inversión que contarán con riesgos reducidos por el Estado? ¿Terminará el consumidor pagando simultáneamente el despliegue renovable y la capacidad de respaldo?
El pacto no responde.
Firmar primero y conocer la factura después
España necesita una política seria frente a los incendios y los riesgos climáticos. Pero esa necesidad no obliga a aceptar sin debate cualquier modelo energético, fiscal o financiero.
El Gobierno pide convertir su estrategia en un pacto de Estado antes de explicar:
cuánto costará, qué impuestos cambiarán, quién recibirá el dinero, qué tecnologías serán perjudicadas y quién será propietario de los nuevos activos.
No es suficiente repetir que existe una emergencia. Antes de comprometer durante décadas la política energética y tributaria de la nación hay que responder con claridad:
¿Quién paga? ¿Quién cobra? ¿Quién se queda con el negocio?
