La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
Bolivia llega este 18 de junio de 2026 a 49 días de bloqueos y protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz, en una crisis que combina presión sindical, desabastecimiento, disputa territorial y riesgo de endurecimiento estatal. La primera reunión formal entre el Ejecutivo y la Central Obrera Boliviana abrió una vía de negociación, pero no levantó los cortes de carretera: la COB mantiene las medidas mientras exige la liberación de los detenidos durante las movilizaciones.
La cuenta temporal queda fijada por la propia evolución de los datos publicados esta semana. Prensa Latina informó el 16 de junio de que la COB conminó al Gobierno a pacificar el país tras 47 días de bloqueos. Dos días después, el 18 de junio, la crisis alcanza por tanto los 49 días, con el diálogo pendiente de un punto central: la situación judicial de los manifestantes y dirigentes aprehendidos.
El encuentro entre el Gobierno y la COB se celebró en la sede del Banco Central de Bolivia y terminó con un cuarto intermedio. El máximo dirigente de la central obrera, Mario Argollo, calificó la reunión como un avance, pero dejó claro que no puede haber pacificación mientras sus compañeros sigan encarcelados. Según la información publicada este jueves, desde el inicio de las confrontaciones el 1 de mayo hay 360 aprehendidos, de los cuales 22 fueron enviados a prisión preventiva.
El conflicto ha dejado de ser una protesta sectorial para convertirse en una crisis de control territorial. Los bloqueos afectan rutas troncales, abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos, transporte interdepartamental y actividad productiva. Aunque la intensidad de los cortes ha variado en las últimas jornadas, la presión sigue concentrada en departamentos estratégicos como La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz, con efectos directos sobre la circulación nacional y la economía urbana.
La COB comenzó la movilización con demandas laborales y salariales, entre ellas incrementos retributivos y medidas frente al deterioro económico. Con el paso de las semanas, el reclamo se transformó en una impugnación política al Ejecutivo. Sectores campesinos, mineros, transportistas, maestros y organizaciones sociales han incorporado demandas propias: rechazo a privatizaciones, compensaciones por daños atribuidos a combustible adulterado, participación social en decisiones estructurales y medidas contra la recesión.
La negociación abierta con la COB introduce una posible vía de salida, pero también revela fisuras dentro del bloque movilizado. Sectores indígenistas y campesinos vinculados al expresidente Evo Morales han cuestionado que Argollo se siente con el Gobierno y mantienen una línea más dura. Esa fragmentación puede dificultar cualquier acuerdo nacional: un pacto con la COB no garantiza automáticamente el levantamiento de todos los bloqueos si otros actores territoriales conservan capacidad de presión sobre las carreteras.
El Gobierno de Rodrigo Paz intenta combinar diálogo, desgaste político de las protestas y presión judicial. Hasta ahora ha evitado una intervención militar generalizada para despejar rutas, aunque mantiene sobre la mesa la posibilidad de recurrir a un estado de excepción si la parálisis se prolonga. Esa opción permitiría un despliegue más duro para recuperar la circulación, pero elevaría el riesgo de enfrentamientos, víctimas y radicalización.
La dimensión geopolítica de la crisis es directa. Bolivia ocupa una posición clave en la región andina por sus recursos de litio, gas, minerales, corredores terrestres y fronteras con Brasil, Perú, Chile, Argentina y Paraguay. Una parálisis prolongada reduce la capacidad del Estado para gestionar exportaciones, garantizar abastecimiento interno, sostener la actividad minera y energética y mantener autoridad efectiva sobre rutas que conectan el altiplano, los valles y el oriente productivo.
La crisis también afecta la imagen exterior del nuevo Gobierno. Paz llegó al poder con la promesa de estabilizar la economía, atraer inversión y ordenar las cuentas públicas tras años de tensión política. Los bloqueos, las detenciones, la escasez y la amenaza de medidas excepcionales sitúan ahora al Ejecutivo ante una contradicción: necesita mostrar autoridad para evitar el colapso logístico, pero una respuesta demasiado dura puede agravar el conflicto social y erosionar su legitimidad.
El punto inmediato está en la revisión de los casos judiciales. Si el Gobierno ofrece una salida aceptable sobre los detenidos, la COB podría tener margen para iniciar una desescalada parcial. Si no hay avances, los sectores más duros pueden interpretar el diálogo como una maniobra dilatoria y empujar una nueva fase de confrontación. Tras 49 días de bloqueos, Bolivia entra en una etapa en la que cada jornada de parálisis aumenta el coste económico, político e institucional de la crisis.
Prensa Latina, teleSUR, ABI, El Potosí, El País.
