La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
El Gobierno peruano recibió una solicitud para declarar persona non grata al embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro, por presunta injerencia en el proceso electoral. La petición fue presentada después de que el diplomático afirmara públicamente que continuaría siguiendo el desarrollo de las elecciones hasta la publicación de los resultados oficiales.
La acción fue impulsada por Javier Idelfonso Carreño, abogado del expresidente Pedro Castillo, quien solicitó que Navarro sea expulsado del país y que se le conceda un plazo de 24 horas para abandonar el territorio peruano. El recurso sostiene que el embajador habría vulnerado la soberanía nacional al intervenir, según la denuncia, en un proceso interno en el que no tiene condición de autoridad electoral peruana.
La controversia se originó tras una publicación de la Embajada de Estados Unidos en Perú en redes sociales. En ella, Navarro señaló que la jornada anterior había sido intensa para el equipo estadounidense como observadores electorales y añadió que el trabajo continuaba. El mensaje generó críticas entre sectores políticos que consideran improcedente que un embajador extranjero comunique públicamente su seguimiento de una elección nacional aún pendiente de resultados definitivos.
La petición no implica por sí sola una decisión del Ejecutivo peruano. La declaración de persona non grata corresponde al Estado receptor y constituye una medida diplomática grave, generalmente utilizada cuando un gobierno considera que un representante extranjero ha incumplido los límites de su función. Por ahora, el caso se sitúa en el terreno de la denuncia política y jurídica, a la espera de una eventual respuesta institucional.
El episodio se produce en un escenario electoral especialmente sensible. La contienda peruana avanza entre acusaciones cruzadas, estrecho margen de votos y elevada desconfianza hacia las instituciones. En ese contexto, cualquier pronunciamiento de actores extranjeros adquiere un peso superior, sobre todo cuando procede de Estados Unidos, país con una larga influencia política, económica y diplomática en Perú y en el conjunto de Hispanoamérica.
La polémica también se ha visto alimentada por el papel de otros ciudadanos estadounidenses en la campaña. Diversas voces políticas han cuestionado la participación del analista Carlos Díaz Rosillo, vinculado a la candidata Keiko Fujimori, después de que interviniera en medios y actividades públicas presentando la elección peruana en clave de alineamiento con Washington. Sectores críticos sostienen que esas declaraciones favorecieron explícitamente a una candidatura y reforzaron la percepción de presión exterior.
Uno de los puntos más discutidos fue la afirmación de Díaz Rosillo de que a Perú le iría mejor con Estados Unidos si Fujimori resultaba elegida. Esa lectura fue rechazada por dirigentes como Mesías Guevara, quien calificó como una falta de respeto que un ciudadano extranjero interviniera en una campaña presidencial peruana.
La denuncia contra Navarro se incorpora así a un debate más amplio sobre los límites de la observación electoral, la diplomacia pública y la soberanía política. La observación internacional es una práctica habitual en procesos electorales y puede contribuir a la transparencia, pero su legitimidad depende de que los observadores mantengan una posición estrictamente institucional, neutral y ajustada a los marcos autorizados por el país anfitrión.
Para Perú, el caso abre una tensión diplomática en plena fase postelectoral. Si el Gobierno decide no actuar, la denuncia quedará como un episodio de confrontación política interna. Si avanza hacia una medida formal contra el embajador, la relación con Washington podría entrar en una nueva etapa de fricción, con consecuencias sobre cooperación, comercio, seguridad y política regional.
La disputa refleja la fragilidad del escenario peruano. En una elección polarizada, la percepción de interferencia externa puede convertirse en un factor de movilización política, especialmente cuando el resultado depende de márgenes estrechos y cuando la confianza en las autoridades electorales sigue sometida a presión.
