La Iberofonía
Equipo de edición de La Iberofonía, medio de comunicación del Ateneo Iberófono Juan Latino.
La activista anticorrupción Mónika Silva Koniuszek fue encontrada sin vida el lunes 8 de junio en su vivienda de Montañita, en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, después de haber denunciado públicamente amenazas contra su vida y presuntas irregularidades relacionadas con tráfico de tierras, corrupción local y redes de influencia institucional.
El hallazgo se produjo tras alertas ciudadanas que llevaron a agentes de la Policía Nacional hasta el domicilio de la activista. Las autoridades ecuatorianas han abierto diligencias para determinar las circunstancias de la muerte, mientras organizaciones sociales, periodistas locales y vecinos de la zona han pedido una investigación completa, transparente y sin conclusiones precipitadas.
Silva, de origen polaco y residente en Ecuador desde hacía más de una década, era conocida por su actividad como veedora ciudadana, dirigente barrial y presidenta de la Fundación La Integridad. Durante los últimos años había impulsado denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas en la península de Santa Elena, especialmente en torno a la venta de terrenos de alto valor económico y turístico.
Uno de los casos más citados por la activista fue la venta de más de 700 hectáreas en el sector de Capaes, operación que, según sus denuncias, se habría realizado sin subasta pública durante una administración municipal anterior. También señaló operaciones sobre otras extensiones de terreno y denunció la existencia de supuestas redes de nepotismo, tráfico de influencias y bloqueo institucional a las investigaciones.
La preocupación por su muerte aumentó debido a los mensajes que ella misma había publicado meses antes. En marzo, Silva afirmó que había recibido advertencias sobre un supuesto plan de sicariato en su contra mientras se encontraba en instalaciones del Consejo de la Judicatura de Santa Elena. También sostuvo que terceras personas conocían sus rutinas, horarios y movimientos, algo que vinculó a un presunto sistema de vigilancia instalado en la zona de Montañita.
En una de sus publicaciones, la activista responsabilizó al Estado ecuatoriano por no garantizar su seguridad ante las amenazas que decía enfrentar. Según medios ecuatorianos, Silva aseguró haber puesto esas advertencias en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y de otras instituciones nacionales e internacionales.
El ministro del Interior, John Reimberg, declaró el martes que las primeras investigaciones apuntaban a un presunto suicidio, aunque añadió que las autoridades estaban a la espera del resultado de la autopsia. Esa versión preliminar ha generado inquietud entre colectivos ciudadanos y defensores de derechos humanos, que reclaman esclarecer el contexto completo de amenazas denunciadas por la activista antes de su muerte.
El caso también ha reactivado la memoria de Robinson del Pezo, comunicador ciudadano y activista anticorrupción asesinado a tiros el 20 de noviembre de 2025 en Santa Elena. Del Pezo y Silva habían denunciado presuntas redes de tráfico de tierras y corrupción política en la provincia, lo que ha reforzado las demandas de protección para quienes investigan intereses económicos y administrativos en zonas de alto valor inmobiliario.
Santa Elena se ha convertido en un territorio especialmente sensible por la presión sobre suelo costero, turismo, urbanización, inversión privada y disputas por tierras comunales o municipales. En ese escenario, las denuncias sobre venta irregular de terrenos no son solo asuntos locales: afectan al control del territorio, a la seguridad jurídica, a la transparencia institucional y a la protección de activistas comunitarios.
La muerte de Silva queda ahora bajo examen de las autoridades judiciales y policiales. La determinación final dependerá de la autopsia, las pericias forenses, el análisis del entorno de amenazas y la revisión de sus denuncias previas. Para sus allegados y para parte de la sociedad civil ecuatoriana, el caso no puede cerrarse sin aclarar si existieron fallos de protección estatal, presiones externas o responsabilidades vinculadas a las investigaciones que ella mantenía abiertas.
